Apelación restringida - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Apelación restringida

SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: 26 Sucre, 3 de febrero de 2010

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Ministerio Público e Inés Román Suárez c/ Antonio Puera Amutari

violación (Declara infundado el recurso de casación)

 

 

 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 122 a 126, interpuesto por Antonio Puera Amutari impugnando el Auto de Vista de 20 de marzo de 2007 (fs. 103 a 105), pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro el proceso penal seguido contra el recurrente por el Ministerio Público e Inés Román Suárez, por el delito de violación previsto por el art. 308 bis con la agravante del art. 310 inc. 4), ambos del Código Penal, el Auto Supremo Nº 505 de 11 de octubre de 2007, que admitió el recurso (fs. 139 a 140), los antecedentes; y,

 

CONSIDERANDO: Que, el imputado Antonio Puera Amutari en su recurso de casación de 17 de abril de 2007 (fs. 122 a 126), manifiesta que no se consideraron los argumentos de su apelación restringida, pese a que hizo conocer que tanto el Ministerio Público como el acusador particular, ofrecieron testigos falsos, cuyos testimonios fueron observados y no se probó que lo vieron en estado de ebriedad o que abusara sexualmente de la víctima, quien no compareció en el juicio; agrega que el auto de vista no trató la sentencia, basando sus considerandos en la acusación fiscal, lo que implica que el auto de vista no considero los argumentos de la apelación; invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo Nº 471 de 8 de diciembre de 2005; asimismo, señala que la fundamentación de falta de planteamiento de incidentes o excepciones, tomados como excusa por el auto de vista, contradice el art. 169 del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio de 2003; seguidamente, replica a partir de los motivos que fundaron su apelación restringida, que se incurrió en contradicción y valoración inadecuada establecida por el art. 173 del Código Procesal Penal, resultando contradictorio con el Auto de Vista de 9 de diciembre de 2006, dictado por el mismo tribunal. Con esta exposición, citando los arts. 37 y 38 del Código Penal y repitiendo la valoración de las pruebas sin sana crítica, pide se deje sin efecto el fallo recurrido.

 

CONSIDERANDO: Que, del análisis y cotejo del recurso de casación se llega a las siguientes conclusiones:

 

El recurso de casación se encuentra contextualizado esencialmente en la denuncia relativa a la no consideración de los argumentos de la apelación restringida del imputado, en ese sentido, se tiene; que el procesado Antonio Puera Amutari, en su recurso de apelación restringida de fs. 80 a 85, amparado en los arts. 370 incs. 2), 5), 6), 371 incs. 3), 4), 5), 169 incs. 1) y 3) del Código de Procedimiento Penal denunció que se incurrió en errónea aplicación de la ley penal y actividad y valoración defectuosa de la prueba arguyendo que no se observó la sana crítica prevista en el art. 171 del Código de Procedimiento Penal y no se hizo la valoración adecuada prevista por el art. 173 de la misma norma procedimental; la sentencia se basó en medios o elementos no incorporados legalmente al juicio porque la querellante no aportó prueba, citando el art. 370 inc. 4) del Código de Procedimiento Penal; la contradicción de la sentencia e inobservancia de la deliberación y redacción de la sentencia y de su congruencia con la acusación, citando los arts. 370 incs. 8), 10), 11) y 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal; y la insuficiencia de fundamentación de la sentencia, citando el principio indubio pro reo. Sobre estos cuestionamientos, el tribunal de alzada estableció que se tomó en cuenta e interpretó correctamente el art. 365 (sentencia condenatoria) del Código de Procedimiento Penal, en virtud a que la prueba aportada es suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado y la pena se ajusta a los arts. 37, 38 y 40 del Código Penal, ya que para el tribunal superior fue evidente que se demostró la comisión del delito previsto por el art. 308 bis con la agravante del art. 310 inc. 4), ambos del Código Penal (Considerandos tercero y cuarto del auto de vista), asimismo determinó con referencia a los vicios de la sentencia que no eran evidentes por cuanto halló que el tribunal de sentencia actuó y fundó su resolución conforme a las disposiciones que corresponden al delito denunciado, limitándose el apelante sólo a enunciar los hechos y los antecedentes sin especificar ni indicar cual la errónea aplicación de la ley y de que forma se vulneraron sus derechos, así concluyó que el imputado ha sido plena y suficientemente individualizado e identificado como autor del delito de violación agravada, se identificaron a los testigos y peritos, se introdujeron las pruebas por su lectura, no existió protesta de recurrir, ni se plantearon incidentes o excepciones, porque las pruebas fueron presentadas e introducidas observando los procedimientos legales (Considerandos quinto y penúltimo del auto de vista).

 

En consecuencia y por lo precisado precedentemente, no es evidente que el auto de vista recurrido no haya considerado los argumentos de la apelación restringida del imputado, pues no se advierte que no se considerase en su esencia los alcances de las normas generales relativas a los medios de prueba establecidos en el Título I Libro Cuarto Parte Primera del Código de Procedimiento Penal, máxime sí el auto de vista hace una relación de los hechos e incorporación de las pruebas al juicio, citando al efecto los arts. 194 (capacidad de testificar y apreciación), 200 (forma de la declaración), 333 (oralidad) inc. 3), 350 (prueba testifical), 351 (interrogatorio) y 352 (moderación del interrogatorio) del Código de Procedimiento Penal (Considerandos tercero y cuarto del auto de vista), es más a continuación de los Considerandos tercero, cuarto, quinto y penúltimo del auto de vista, este precisó que se cumplió a cabalidad con las facultades previstas por los arts. 171 y 173 del Código de Procedimiento Penal, infiriendo que el tribunal de sentencia valoró la prueba con sano criterio y prudente arbitrio (Considerando último del auto de vista), respondiendo así al objeto de la apelación que en suma el imputado restringió a su protesta de ampliación "en Audiencia" (recurso de apelación, fs. 81) y las afirmaciones que su "persona no cometió delito alguno", "me absuelva de culpa y pena" (Aplicación pretendida de la apelación restringida -donde además se cita una norma inexistente: "INC. 2 DEL ART. 362 DEL NCPP"-) y "no se ha hecho la valorización correcta de las pruebas" (Fundamentación de la apelación restringida, acta de audiencia de fs. 99 a 100); restricción efectuada por el propio apelante, como se dijo, al enmarcar sustancialmente su apelación a la valoración de la prueba con enumeración de varias disposiciones legales -entre las que no citó los arts. 37 y 38 del Código Penal, que en casación recién enuncia-. Por lo mismo, el tribunal de alzada no ingreso en los defectos establecidos en el art. 169 del Código de Procedimiento Penal -norma también citada de manera general en casación-, en particular el hecho de que el auto de vista relacionó el no planteamiento de incidentes ni excepciones con la presentación e introducción de las pruebas por la defensa, no puede ser considerado defecto absoluto, pues no impidió y como se refirió anteriormente, que la actividad probatoria cuestionada en la apelación restringida, fuera respondida en la resolución superior. Por ende y por todo lo expuesto, no se advierte que el auto de vista recurrido contradiga los precedentes invocados en casación.

 

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por los arts. 59 num. 1) de la Ley de Organización Judicial, 50 num. 1) y 419 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 122 a 126, interpuesto por Antonio Puera Amutari.

 

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

 

RELATOR: MINISTRO Dr. Ángel Irusta Pérez

 

Fdo. Dr. Ángel Irusta Pérez.

Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Sucre, 3 de febrero de 2010

 

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 1/2010

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