Sala Civil. Nulidades procesales, litisconsorcio activo y pasivo, cosa juzgada, notificaciones - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Sala Civil. Nulidades procesales, litisconsorcio activo y pasivo, cosa juzgada, notificaciones

S A L A C I V I L

Auto Supremo: 12/2012

Sucre: 16 de febrero de 2012

Expediente: LP-1-12-S

Partes: Ángel Antonio Vásquez Carvajal c/ Mario Eduardo Saavedra Villarreal y otra.

Distrito: La Paz

Proceso: Reivindicación.

 

VISTOS: Los recursos de casación en el fondo y en la forma de fojas 392 a 393 vuelta y fojas. 402 a 406, interpuestos por Mario Eduardo Saavedra Villarreal y Ángel Vasquez Carvajal, respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 172, de fojas 385 a 387, pronunciado el 26 de mayo de 2011, por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario doble seguido por Ángel Antonio Vásquez Carvajal por sí y en representación sin mandato de María del Carmen Vásquez de Alexander contra Mario Eduardo Saavedra Villarreal y Juana Huanca de Saavedra; las respuestas de fojas 411 y vuelta y fojas 413 a 415 Vuelta, la concesión de fojas 418; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad La Paz, el 7 de noviembre de 2009 pronunció la Sentencia Nº 253 cursante de fojas 303 a 310 vuelta, por la cual declaró probada en parte la demanda principal de fojas 63 a 69, subsanada a fojas 73, con relación al mejor derecho, reivindicación y daños y perjuicios por la posesión indebida de los demandados. Asimismo declaró improbada la demanda principal respecto a los daños y perjuicios por haberse realizado otros procesos penales, por costas de la presente causa y por daño moral. Igualmente declaró improbada la demanda reconvencional de usucapión interpuesta por Mario Eduardo Saavedra Villarreal. Respecto a la nulidad de la Escritura Pública Nº 20/82 de 8 de marzo de 1982 y de la Escritura Pública Nº 46/91 de 27 de julio de 1991, salvó el derecho de los reconventores para hacerlos valer en la vía que corresponda. Sin costas por tratarse de juicio doble. Como consecuencia de lo resuelto reconoció el mejor derecho de propiedad del actor Ángel Antonio Vasquez Carvajal sobre las acciones y derechos que le corresponden en el inmueble de 300m.² ubicado en la Av. Ballivián de esa ciudad; la reivindicación del referido bien inmueble a favor del actor, en el plazo de 60 días de ejecutoriada la sentencia, bajo alternativa de Ley; y dispuso que los daños y perjuicios ocasionados por la posesión indebida del inmueble objeto del litigio, se cuantifique en ejecución de sentencia, de conformidad a lo previsto por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Esa sentencia fue aclarada por auto de 3 de febrero de 2010, únicamente en cuento hace a la parte considerativa contenida en el inciso a) de los hechos probados.

Contra esa resolución de primera instancia los demandados y reconventores Juana Huanca de Saavedra y Mario Edurado Saavedra Villarreal, interpusieron recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, el 26 de mayo de 2011 emitió el Auto de Vista Nº 172, cursante de fojas 385 a 387, anulando obrados hasta fojas 302, y dispuso que el juez de la causa pronuncie nueva sentencia.

Esa Resolución de alzada fue recurrida en casación por el reconventor Mario Eduardo Saavedra Villarreal y por el actor principal Ángel Vasquez Carvajal.

CONSIDERANDO II:

DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACIÓN:

Que, el recurrente Mario Eduardo Saavedra Villarreal, interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma. En el fondo reprodujo en su integridad el contenido del memorial de apelación mediante el cual planteó, dice, en forma expresa y fundamentada, que el juez a quo interpretó indebidamente normas sustantivas y que el Auto de Vista incurrió en la violación de los artículos 485, 493, 494, 495-3), 499, 549-2) y 3), 553, 585, 608, 827-4), 1000, 1002, 1007, 1017, 1021, 1022, 1286, todos del Código Civil, así cómo habría violado los artículos 101 y 102 del Código de Familia, y el artículo 85 de la Ley de Municipalidades, denunció el quebrantamiento del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, y la violación de los artículos 192-2), 193 y 346-2), 375, 397, 476 del Código de Procedimiento Civil, al no considerar que de su parte cumplió con la carga probatoria. Señaló que de haberse interpretado correctamente las referidas normas sustantivas se habría concluido en la nulidad de la Escritura Pública Nº 20/1982 de 8 de marzo de 1982. Por lo expuesto solicitó que el Tribunal Supremo case y falle en lo referente a dicha nulidad aplicando las leyes conculcadas.

En la forma, igualmente reprodujo en su integridad el contenido del memorial de apelación, y señaló que la nulidad dispuesta por el Auto de Vista resulta correcta, toda vez que la sentencia no cumplió con lo establecido en los artículos 188 y 190 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo acusó que el juez de la causa sin fundamento alguno anuló la diligencia de citación con la demanda reconvencional cursante a fojas 121, sin considerar que la misma se habría practicado en sujeción a lo previsto por el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual acusó que el juez de la causa al disponer dicha nulidad quebrantó los principios de especificidad, legalidad, finalidad y trascendencia, razón por la cual correspondería la nulidad del auto de 23 de marzo de 2007, cursante a fojas 122.

Que, el recurrente Ángel Vasquez Carvajal, igualmente interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma. En el fondo acusó que el Tribunal de alzada no resolvió los puntos apelados sino otros que no formaban parte del recurso de apelación, consiguientemente denunció la interpretación errónea y la aplicación indebida de la ley, aspecto que motivó, dice, que de manera ultra y extra petita se anule la correcta sentencia, pues, lo que correspondía era considerar la acción reivindicatoria y constatarla con la acción reconvencional. Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se confirme la sentencia de primera instancia.

En la forma, acusó la infracción del principio de congruencia y del principio dispositivo, al respecto haciendo referencia a los fundamentos y al petitorio de las apelaciones deducidas por la parte reconventora, concluyó que estas no contienen la exposición de agravios ni contienen un petitorio claro, razón por la cual no debió aperturarse la competencia del Tribunal de alzada, consiguientemente el pronunciamiento del Auto de Vista resulta, en su criterio, extra y ultra petita, incurriendo en la nulidad prevista por el artículo 254-4) del Código de Procedimiento Civil. Cuestionó la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, cuando esta pretensión no fue expuesta por ninguno de los apelantes. Por otra parte señaló que la nulidad de oficio dispuesta por el Tribunal de alzada es incorrecta porque consideró cuestiones de fondo y se pronuncio ultra y extra petita.

Por las razones expuestas solicitó se case el Auto de Vista y en el fondo se confirme la sentencia.

CONSIDERANDO III:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Que, el recurso de casación es considerado como "aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a lograr que el máximo tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores o las sentencias de primera instancias, en la casación por salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales" ( Hinostroza Minguez Alberto José).

La uniforme jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló en reiteradas oportunidades que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, que es concedido para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo ser de casación en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo o por errores in indicando lo que se impugna es la decisión asumida por el tribunal de apelación en la resolución del fondo de la causa, impugnación que tiene que ver, como es lógico, con la aplicación del derecho sustancial o material. En ese caso los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución que recaiga sobre el fondo de la litis.

Si se plantea recurso de casación en la forma o por errores in procedendo, lo que se observa es el alejamiento de las formas que rigen la sustanciación del proceso, y la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley.

En ambos casos, es de inexcusable cumplimiento el mandato del artículo 258-2) del Código de Procedimiento Civil, es decir, citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error; especificaciones que deben hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente.

En el caso que se analiza, se observa que ambos recurrentes no comprendieron la diferencia que existe entre uno y otro medio de impugnación, toda vez que al ser la resolución de alzada anulatoria de obrados, como es lógico, no ingresó a resolver el fondo de la controversia, consiguientemente resulta desatinado interponer contra esa resolución recurso de casación en el fondo, toda vez que no existe resolución de fondo que amerite pronunciamiento de este Tribunal Supremo; consiguientemente ambos recursos de casación en el fondo resulta manifiestamente improcedentes.

Que, respecto a las infracciones de forma acusadas tanto por Mario Eduardo Saavedra Villarreal como por Ángel Vasquez Carvajal, corresponde establecer que:

De manera general se ha dicho que la nulidad es la sanción por la cual el ordenamiento jurídico priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas para ello. Couture, señala que, siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace o desarrolla el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley.

La nulidad es sin lugar a dudas un vicio, que se configura cuando en la elaboración del acto procesal existe un alejamiento de las formalidades previstas por la ley.

Si las leyes procesales han establecido un conjunto de procedimientos, implica que los actos no deben apartarse de dicho camino, bajo alternativa, en caso de hacerlo, de imponerse una sanción.

Dependiendo de la inobservancia de la ley, Couture clasifica a los actos procesales nulos en absolutamente nulos y relativamente nulos. Respecto a los primeros, señala que la gravedad de la desviación resulta de tal magnitud que es imperativo enervar sus efectos, pues el error conlleva un deterioro en las garantías que integran el debido proceso, que insistir en su subsistencia hace peligrar tales garantías; v. gr., la falta de citación al demandado que ha impedido que haga valer sus derechos, habiéndose dictado sentencia condenatoria en su contra. En cuanto al segundo, también hay un apartamiento de las formas procesales, pero de menor gravedad; de ahí que no necesariamente requiere ser declarado inválido, pues habrá que analizar si el acto ha ocasionado efectivamente un perjuicio a la parte interesada.

Al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes.

En ese sentido es preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades, a las que no en pocas ocasiones acuden juzgadores y abogados, unos para no conocer el fondo del asunto sometido a su autoridad, y otros para dilatar indefinidamente la tramitación de las causas que defienden.

Por ello, en materia de nulidades procesales existen ciertos principios que informan la materia y que deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar una nulidad. A saber:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 251-I del Código de Procedimiento Civil, en virtud a el "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte ). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. El principio de la especificidad no ha de aplicarse, sin embargo, a rajatabla; pues, se sabe que es virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones de nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad; en virtud al cual habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá la sanción de nulidad si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad.

Principio de Trascendencia.- Se ha dicho que la nulidad es la sanción que acarrea la invalidez del acto procesal, cuando en su producción existe un alejamiento de las formas procesales; pero la mera desviación de las formas no puede conducir a la declaración de nulidad, por ello habrá que tener presente que no hay nulidad sin daño o perjuicio "pas de nullite sans grieg". Este principio indica que no puede admitirse la nulidad por la nulidad, sino que a tiempo de determinarla habrá que tener presente el perjuicio real que ocasiona al justiciable el alejamiento de las formas prescritas, pues las formas no han sido establecidas para satisfacer "pruritos formales". Por regla general, un acto procesal que adolezca de nulidad puede generalmente convalidarse, en consecuencia, la nulidad será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante la sanción de nulidad.

Principio de convalidación.- En principio, dice Couture, toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente.

El principio de convalidación tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando los justiciables no ejercen en forma oportuna o legal los recursos previstos por la ley adjetiva. Si los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, así también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro el tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

Principio de Protección.- En virtud de este principio, la nulidad solo puede invocarse cuando en virtud de ella, los intereses de una de las partes o de ciertos terceros a quienes afecte la sentencia, queden en indefensión. La declaratoria de nulidad únicamente debe darse cuando sea un medio para proteger los intereses jurídicos que han sido lesionados, a partir del alejamiento de las formas procesales.

La consecuencia más importante del principio de protección es que quien ha celebrado el acto nulo a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo invalidaba, no puede invocarlo. Es una aplicación del principio nemo auditur non propiam turpitudinem allegans ("nadie puede invocar a su favor su propia torpeza"). En consecuencia la legitimación para reclamar la nulidad estará otorgada por el interés, que se traduce en el perjuicio efectivamente sufrido, por quien solicita la declaratoria de nulidad.

Situación distinta es la que se presenta en la declaratoria de oficio de la nulidad procesal por parte del juzgador, quien, como director del proceso, debe velar porque se cumplan con todos presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso para que el mismo se desenvuelva normal y válidamente a fin de que las resoluciones que se emitan sean eficaces en derecho.

Establecidos los principios que rigen las nulidades procesales, corresponde establecer que por regla general la nulidad no puede pronunciarse de oficio sino a instancia de parte, salvo los supuestos de excepción, en que proceda la declaración de oficio por parte del juez o Tribunal.

Como se señaló, únicamente la parte perjudicada con la infracción esta legitimada para impetrar la nulidad, sin embargo se debe tener presente que el fundamento para la declaración de oficio de las nulidades procesales radica en la lesión a la garantía del debido proceso. En ese sentido Alsina sostiene que, son las nulidades esenciales las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional.

En nuestro ordenamiento procesal civil, la nulidad de oficio encuentra su consagración en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que, el juez o tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público. Igualmente, el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial (vigente al momento en que el Tribunal de alzada pronunció la resolución recurrida), establecía que, los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, (a fin de establecer) si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes.

Ahora bien, en ese contexto, de la revisión de antecedentes del caso que se analiza se establece que, ejerciendo esa facultad fiscalizadora, el Tribual de apelación emitió el Auto de Vista de fojas 385 a 387, por el cual anuló obrados hasta fojas 302, inclusive, y dispuso que el juez a quo pronuncie nueva sentencia, en virtud a que la parte dispositiva de la sentencia no correspondía con el mandato del artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que la sentencia debe contener decisiones expresas, positivas y precisas sobre las cosas litigadas, por cuanto la sentencia dictada por el juez a quo soslayó pronunciarse -en forma favorable o negativa- respecto a la nulidad de la Escrituras Públicas Nº 20/82 de 8 de marzo de 1982 y Nº 46/91 de 27 de julio de 1991, expresamente demandadas reconvencionalmente por la parte demandada. Aspecto que ciertamente constituye una infracción al principio de congruencia procesal, en virtud al cual el juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, situación que el juez de la causa omitió al no pronunciarse respecto a las nulidades reconvenidas y "salvar los derechos de los reconventores Mario Saavedra y Juana Huanca de Saavedra para que los hagan valer en la vía que corresponda"; situación que si bien no fue observado, en apelación, como error in procedendo por los apelantes, empero fue cuestionado procurando por parte del Tribunal de alzada un pronunciamiento de fondo favorable a esas pretensiones demandadas.

Que, toda sentencia debe pronunciarse sobre todos y únicamente sobre los hechos y petitorios formulados oportunamente por las partes, en atención al principio de congruencia procesal previsto en el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) sentencia ultra petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) sentencia extra petita, cuando el juez se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) sentencia citra petita, en el caso en que el juez omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) sentencia infra petita, cuando el juez no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos de la sentencia que infringen el debido proceso.

En ese sentido evidentemente la sentencia de fojas 303 a 310 vuelta, contiene un pronunciamiento infra petita, pues, el juez a quo soslayó pronunciarse sobre la demanda reconvencional de nulidad de las Escrituras Públicas Nº 20/82 de 8 de marzo de 1982 y Nº 46/91 de 27 de julio de 1991. En consecuencia, la nulidad de oficio dispuesta por el Tribunal Ad quem, resulta correcta, no siendo evidentes las supuestas infracciones acusadas por el recurrente Ángel Vasquez Carvajal, en sentido de que el fallo de alzada resultase incongruente por ultra o extra petita, en virtud a que, como se señaló, el Tribunal obró de oficio dentro de los márgenes previstos por ley, siendo igualmente infundado sostener que en la nulidad dispuesta el tribunal de alzada se hubiese pronunciado sobre cuestiones de fondo, aspecto que resulta incomprensible tomando en cuenta la naturaleza de la resolución recurrida.

Por otra parte, respecto a la nulidad del auto de fojas 122, de 23 de marzo de 2007, impetrada por el recurrente Mario Eduardo Saavedra Villarreal, corresponde precisar que a través de dicha providencia el juez a quo anuló la diligencia de citación con la demanda reconvencional practicada al actor Ángel Antonio Vasquez Carvajal, y dispuso que se practique nueva citación, al respecto si bien los fundamentos en que se basó dicha nulidad pueden ser cuestionables, sin embargo el recurrente no ha fundamentado ni ha demostrado cuál el perjuicio irreparable que dicha nulidad le hubiera acarreado. En efecto, el recurrente no ha establecido cuál fuese el perjuicio que hubiera sufrido con dicho pronunciamiento, consiguientemente su pretensión de nulidad es contraria a los principios de trascendencia y de protección ampliamente desarrollados en el presente considerando.

No obstante lo manifestado, corresponde precisar que el fundamento expuesto por el juez de la causa para no pronunciarse sobre las demandas reconvencionales de nulidad de las referidas Escrituras Públicas, radica en el hecho de que, en su criterio, no podía manifestarse sobre la procedencia o no de la nulidad demandada, toda vez que los actos jurídicos cuya nulidad se demandó reconvencionalmente habrían sido realizados con la intervención de terceras personas no integradas al litigio, tomando en cuenta que de acuerdo a la naturaleza de la demanda reconvencional esta no pudo dirigirse contra personas distintas a los demandantes principales.

 

Siendo ese el fundamento por el cual el juez a quo soslayó pronunciarse respecto a la demanda reconvencional de nulidad de escrituras Públicas, llama la atención que el Tribunal de alzada no hubiera reparado en dicha consideración, para obrar en consecuencia.

Ahora bien, corresponde recordar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, marcando así el límite subjetivo de la cosa juzgada. En ese mismo sentido el artículo 1451 del Código Civil prevé que lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entra las partes, sus herederos y causahabientes.

En ciertos procesos es indispensable que concurran determinadas personas (como litisconsortes necesarios), bien sea como demandantes o como demandados, para que la decisión sobre las pretensiones demandadas sea válida.

Puede suceder que el demandante y el demandado estén legitimados para obrar en la causa y que su presencia en esas condiciones sea correcta, pero que por mandato legal expreso o tácito no tengan ellos solos el derecho a formular tales pretensiones o a controvertir la demanda. En este caso la legitimación estaría incompleta.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera uniforme y reiterada señaló que: "el litisconsorcio necesario sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos con la acción que se intenta, se trata de litisconsorcio pasivo y si estamos frente a una pluralidad de demandantes y demandados hablamos de un litisconsorcio mixto". Igualmente sostuvo que: "la integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados, debe ser tarea no sólo de las partes, sino del A quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopten, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada alcanzarán a todos quienes deriven sus derechos de aquélla, tal como lo imponen el artículo 194 del Código Civil". En ese sentido se pronunciaron los A.S Nº 105, de 24 de Marzo de 2011; 118, de 5 de Abril de 2011;293, de 14 de junio de 2007; 111, de 18 de mayo de 2004; 8, de 8 de enero de 2007, entre otros.

Establecido lo anterior, corresponde precisar que de la revisión de obrados se evidencia que a fojas 110 a 115 vuelta, el codemandado Mario Eduardo Saavedra Villarreal, a tiempo de contestar a la demanda de reivindicación, reconvino por la nulidad de la Escritura Pública Nº 20/82, de 8 de marzo de 1982 (fojas 10 a 15 vuelta), relativa a la transferencia de un lote de terreno de 330 m.², ubicado en la prolongación de la avenida Buenos Aires de la Zona de Calacoto de la ciudad de La Paz, efectuada por Nilda Sequeiros vda. de Bullain y su hija Erika Bullain Sequiros a favor de María del Carmen Vásquez de Alexander, Ángel Antonio Vásquez Carvajal y Ricardo Vasquez Carvajal. Igualmente reconvino por la nulidad de la Escritura Pública Nº 46/91 de 26 de julio de 1991 (fojas 18 a 20 vuelta), relativa a la transferencia de acciones y derechos del referido lote de terreno, otorgada por Ricardo Vasquez a favor de Ángel Antonio Vasquez Carvajal.

Por su parte la codemandada Juana Huanca de Saavedra, al contestar a la demanda, igualmente reconvino por la nulidad de referida Escritura Pública Nº 20/1982 (fojas 10 a 15 vuelta).

Que, dichas demandas reconvencionales, fueron admitidas y corridas en traslado a la parte actora (Ángel Antonio Vásquez Carvajal y María del Carmen Vásquez de Alexander). Si bien es evidente que la demanda reconvencional sólo puede ser dirigida contra la parte actora principal, no es menos evidente que el juez de la causa, en su rol de director del proceso, tiene la obligación de integrar a la causa a todas aquellas personas que tengan interés directo respecto a las pretensión planteadas, y que por ello pudieran verse afectadas con el pronunciamiento de la sentencia.

En ese sentido, correspondía al juez de la causa en conocimiento de las demandas reconvencionales de nulidad de las Escrituras Públicas Nº 20/82 de 8 de marzo de 1982 y Nº 46/91 de 27 de julio de 1991, integrar de oficio a las partes que intervinieron en su celebración, pues sólo así, la sentencia sería útil en derecho y surtiría válidamente sus efectos respecto a todos los legitimados, conforme prevé el artículo 194 del Código de Procedimiento Civil.

Al no haber obrado de esa manera el juez a quo soslayó su función de director del proceso y permitió que la causa se desarrolle con un vicio de nulidad, aspecto que tampoco fue advertido por el Tribunal de alzada, por lo que este Supremo Tribunal, en aplicación de lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra obligado a anular obrados en resguardo del debido proceso, a fin de que la causa se sustancie con la participación de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas con la sentencia que se pronuncie, nos referimos a Nilda Sequeiros vda. de Bullain, Erika Bullain Sequiros y Ricardo Vasquez Carvajal, precautelando y resguardando la garantía jurisdiccional del derecho inviolable a la defensa reconocida por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado.

Finalmente corresponde llamar la atención al Tribunal de alzada por no haber advertido la falta de notificación, con todos los actuados producidos en esa instancia, de la codemandada Juana Huanca de Saavedra, aspecto que constituye otra infracción al debido proceso.

Por las razones expuestas, corresponde fallar en la forma prevista por los artículos 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de los artículos 252, 271 - 4) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fojas 171, inclusive, y dispone que el juez a quo con carácter previo a establecer la relación procesal ordene la integración a la litis de Nilda Sequeiros vda. de Bullain, Erika Bullain Sequiros y Ricardo Vasquez Carvajal.

Con responsabilidad para el Juez A quo, y para los Vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, que se gradúa en un día de su haber mensual, que les será descontado de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.

Cumpliendo lo previsto por el artículo 17 - IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgda. Rita Susana Nava Duran

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