Administrativo. Derecho de petición, extensión de fotocopias legalizadas - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Administrativo. Derecho de petición, extensión de fotocopias legalizadas

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0316/2012

Sucre, 18 de junio de 2012

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrada Relatora: Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi

Acción de amparo constitucional

Expediente:2010-21442-43-AAC

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 4 de marzo de 2010; cursante de fs. 90 a 92, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Johnny Cari Sanabria en representación de Andrés Carvajal contra Yolanda Ramírez Mendoza, Jueza Primera de Ejecución Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 26 de enero de 2010, cursante de fs. 70 a 80 de obrados, el accionante por su mandante manifiesta lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Su representado fue sentenciado y condenado por hechos ilícitos relacionados con la “Ley 1008”, teniendo en su contra tres Sentencias, la primera de 26 de julio de 2002, cuya condena fue de cuatro años de presidio, por el delito de evasión; la segunda de 15 de abril de 2003, lo condenó a ocho años de presidio, por el delito de transporte de sustancias controladas y la tercera de 28 de mayo de 2004, condenándolo a diez años de presidio, por el delito de tráfico de sustancias controladas.

 

Agrega que, una vez ejecutoriada la Sentencia de 15 de abril de 2003 y en virtud del mandamiento de condena de 25 de agosto del mismo año, su mandante fue detenido y conducido al penal de "San Antonio" el “12 de enero de 2007” (sic), de donde con posterioridad se lo trasladó al recinto penitenciario “El Abra”; en tal sentido, el 21 de agosto de 2007 y entre tanto cumplía su sentencia, se “notificó a la Dirección del Recinto Penitenciario” con los mandamientos de condena de 16 y 17 de julio de 2007, correspondientes a la primera y tercera sentencia respectivamente, data desde la cual, su mandante cumple conjuntamente las tres sentencias condenatorias.

 

Añade que, su representado en virtud al trabajo realizado al interior del penal y en estricto apego a lo previsto por el art. 138 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), el 16 de diciembre de 2009, solicitó a la Jueza Primera de Ejecución en el que radican las tres causas, el beneficio penitenciario de redención en cada uno de sus procesos; habiendo recabado toda la documentación necesaria como certificaciones, informes y las Tarjetas de Control Personal, que certifica de manera idónea el haber trabajado o estudiado regularmente bajo el control de la administración penitenciaria; con el fin de acreditar haber cumplido las 2/5 partes de su pena, en cada una de sus condenas; empero, aportó como prueba preconstituida las Tarjetas de Control Personal originales, sólo en el proceso de transporte de sustancias controladas, protestando acompañar en su momento para los otros dos procesos fotocopias legalizadas; en tal sentido su mandante solicitó a la Jueza hoy demandada, franquee copias fotostáticas legalizadas en doble ejemplar de las Tarjetas de Control Personales; sin embargo, la indicada autoridad, dispuso por providencia de 17 de diciembre de 2009 “NO HA LUGAR POR CUANTO EL BENEFICIO DE REDENCIÓN PROCEDE EN UN SOLO PROCESO…” (sic), por lo que el 19 de diciembre de 2009, formuló el recurso de reposición, mismo que fue resuelto mediante Auto de 22 del mes y año citados, rechazando la reposición impetrada, determinación que no sólo le negó otorgarle las copias fotostáticas legalizadas, sino que de manera oficiosa y caprichosa, también se le negó el derecho fundamental de acceder al beneficio penitenciario de redención en los otros procesos fenecidos y tramitados ante el mismo juzgado.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Señala por su mandante la vulneración de sus derechos a la defensa, a la petición, a ser “protegido oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de derechos e intereses legítimos”, “a gozar de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que le asistan”, “a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial, al respeto de los derechos privados de la libertad”, “al cumplimiento de las sanciones privativas de libertad, en orientación a la educación, habilitación e inserción social, con respeto de los derechos”, “a no ser condenado a pena alguna sin antes haber sido oído y juzgado previamente en un proceso legal”, “a recibir una decisión judicial debida y legalmente motivada”, y “a redimir la pena”, así como al debido proceso y a la “seguridad jurídica” contemplados en los arts. 24, 74.I; 115.I y II; 117.I, 118.III; 119.I y II, 120.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita por su mandante que en sentencia: a) Se declare nula y sin efectos la providencia de 17 de diciembre de 2009, y todos los actos emergentes de dicha resolución ilegal; b) Se ordene que en el día la autoridad “recurrida” corrija procedimiento disponga que por secretaria se otorgue las fotostáticas legalizadas impetradas; c) Se ordene a la autoridad “recurrida” que conforme a derecho conozca, considere, tramite y resuelva las solicitudes del beneficio de redención impetradas; y, d) Se determine la existencia de responsabilidad civil y penal, y se proceda a la calificación de costas, daños y perjuicios ocasionados a su mandante.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 4 de marzo de 2010, según consta en el acta cursante a fs. 89 y vta. de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado y apoderado de la parte accionante ratificó el tenor íntegro de la demanda.

 

Con el derecho a la réplica, manifestó que ante la negación de la legalización de las tarjetas de control de personal, no pudo hacerse el cómputo correspondiente en los otros dos procesos, perjudicando a su cliente, por lo que reiteró que el “recurso” sea declarado “procedente” con costas.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

La autoridad demandada, en audiencia manifestó que no restringió o suprimió derechos del “recurrente”, pues el mismo habría sido beneficiado con el derecho de redención en el proceso de tráfico de sustancias controladas y “en el segundo proceso si bien se rechazó la solicitud, este rechazo puede ser objeto de apelación” (sic), y en el tercero, la resolución de rechazo fue apelada, demostrando que no se restringió sus derechos, y que el rechazo de la solicitud de fotocopias fue por el anuncio de que sería para tramitar beneficio en los otros procesos, siendo que el beneficio procede sólo en un proceso, y para evitar gastos insulsos a la parte, por lo que pidió que el “recurso” sea declarado “improcedente”.

 

Con el derecho a la dúplica, reiteró lo anteriormente manifestado.

 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

 

Mauricio Olivares Gordillo, Fiscal de Sustancias Controladas, refirió que la conducta evasiva de condena se encuentra dentro las prohibiciones establecidas por el art. 41 de la LEPS, por lo que no puede ser beneficiado más de una vez con ese privilegio y que las fotocopias legalizadas pedidas no le servirían de nada, pues el beneficio procede en un solo caso, solicitando se declare la “improcedencia del recurso”.

I.2.4. Resolución

La Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 4 de marzo de 2010, cursante de fs. 90 a 92, denegó la tutela demandada y declaró “improcedente” el recurso -ahora acción- de amparo constitucional, argumentando lo siguiente: 1) Ante el proveído de 17 de diciembre de 2009, que culminó con la Resolución de 22 de diciembre del mismo año, debió plantearse apelación incidental en virtud del art. 74.VII del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; y, 2) Que al no hacerlo vulneraron el principio de subsidiariedad.

 

I.3. Consideraciones de Sala

 

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, en el marco de la Ley 1836 de 1 de abril de 1998. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose resolución dentro de plazo.

 

II. CONCLUSIONES

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1. Por memorial de 16 de diciembre de 2009, dentro del fenecido proceso penal por el delito de transporte de sustancias controladas, Andrés Carvajal, impetra el beneficio penitenciario de redención, solicitando a la vez en el Otrosí 2do.- “como quiera que debo tramitar el presente beneficio de redención simultáneamente en otros procesos fenecidos ante vuestra autoridad, es que amparado por el art. 24 de la Constitución Política del Estado, solicitó que por Secretaría se me franquee copias fotostáticas legalizadas en doble ejemplar de las TCP's otorgados por el Consejo Penitenciario 'EL ABRA'; protestando de mi parte cumplir con los gastos de rigor” (fs. 37 a 38 vta.); por proveído de 17 de diciembre de 2009, la autoridad demandada, resolvió al Otrosí 2.- “No ha lugar por cuanto el beneficio de redención procede en un solo proceso” (fs. 40). Asimismo, mediante Auto de 4 de enero de 2010, la Jueza demandada, rechazó la solicitud de redención impetrada (fs. 51 bis vta.).

 

II.2. Por memorial de 19 de diciembre de 2009, Andrés Carvajal, formuló recurso de reposición solicitando se modifique la providencia de 17 de diciembre del mismo año, con relación al OTROSI 2do. (fs. 41 a 42 vta.); mediante Auto de 22 del mismo mes y año, la autoridad demandada rechazó la solicitud de reposición planteada (fs. 43).

 

II.3. Por memorial de 16 de diciembre de 2009, dentro del fenecido proceso por el delito de tráfico de sustancias controladas, Andrés Carvajal, impetra el beneficio penitenciario de redención (fs. 52 a 53). Mediante providencia de 17 del mismo mes y año, la autoridad demandada, señaló “previamente informe por secretaria el computo pertinente” (fs. 53 vta.). Por informe de la autoridad demandada, brindado en audiencia, se tiene que el representado del accionante fue beneficiado con el derecho de redención en el proceso de trafico de sustancias controladas (fs. 89).

 

II.4. Por memorial de 16 de diciembre de 2009, dentro del fenecido proceso por el delito de evasión, Andrés Carvajal, impetra el beneficio penitenciario de redención (fs. 58 a 59), y mediante Auto de 4 de enero de 2010, la autoridad demandada rechazó dicha solicitud (fs. 61 vta.), y es mediante memorial de 7 de enero de 2010, que el accionante en el indicado proceso formula recurso de apelación incidental (fs. 62 a 66). Remitido al Tribunal de alzada el 15 de ese mismo mes y año (fs. 68).

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, alega que la autoridad demandada, vulneró los derechos y garantías de su representado, toda vez que, mediante providencia de 17 de diciembre de 2009, rechazó otorgar fotostáticas legalizadas de las Tarjetas de Control Personal, documento que requería para la obtención del beneficio de redención en procesos penales fenecidos y radicados ante el mismo juzgado, habiendo formulado recurso de reposición, mismo que fue rechazado por Auto de 22 de diciembre de 2009. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1.        Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

El amparo constitucional, instituido en la Constitución Política del Estado como una acción tutelar de defensa, es una garantía extraordinaria que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, que se activa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de personas individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos.

El art. 129.I de la CPE, precisa: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; en tal virtud, esta acción se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez.

III.2.        El derecho de petición invocado como vulnerado

El art. 24 de la CPE, establece: “Toda persona tiene derecho a petición de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

La SC 1441/2010-R de 1 de octubre, ha mencionado que: “…cuando la petición se refiere al ejercicio del derecho a obtener determinada información no vinculada a un procedimiento que tenga que iniciarse o sustanciarse como emergencia de la petición, el plazo de seis meses no es aplicable, lo contrario implicaría que la indicada disposición, cuya finalidad es proteger al administrado contra la morosidad administrativa cuando requiere de un pronunciamiento expreso de la administración, mas bien resulte perjudicial a quien acude a la administración pública para obtener determinada información sin que tenga la calidad de administrado, tal sería el caso cuando por ejemplo solicita fotocopias legalizadas sobre procedimientos concluidos o en trámite, en los que sin necesidad de ser parte de los mismos, tenga un interés legítimo para obtener determinada información; razonamiento que encuentra fundamento en el art. 85 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (DS 27113 de 23 de julio de 2003), que establece el plazo de veinticuatro horas siguientes a la solicitud, para que la administración pública franquee copias o fotocopias legalizadas de las piezas de algún expediente en trámite, plazo que debe ser considerado como referente respecto la entrega de copias de actuados correspondientes a procedimientos concluidos, el cual podría ser mayor de acuerdo a la búsqueda que deba hacerse para la ubicación del mismo; pero de ninguna manera, extenderse por seis meses sin que exista un justificativo razonable, que sea comunicado oportunamente al solicitante.” (las negrillas son nuestras); la jurisprudencia glosada nos da los parámetros para definir como la petición efectuada respecto a la extensión de fotocopias legalizadas, no sólo implica obtener una respuesta positiva o negativa, sino hacerlo con coherencia a lo peticionado, con la debida fundamentación y en un plazo razonable; vale decir que, la persona cuya petición verse sobre la extensión de fotocopias legalizadas, puede acceder a las mismas; empero, cumpliendo ciertas exigencias como ser: a) Identificación de la parte peticionante; b) Que la solicitud se la haga a quien detente los documentos originales; c) Que no exista prohibición expresa para extender las legalizaciones que se solicita; y d) Que si el peticionante no es parte ya sea dentro de un trámite o proceso sea administrativo o judicial, debe acreditar su interés legal para obtener las mismas.

En ese sentido, y con las salvedades que pudieran darse en cada caso, la solicitud de las fotocopias legalizadas que se efectúa ante las autoridades administrativas o judiciales tiene carácter inexcusable; vale decir, que si no existe causales para negar dicha solicitud conforme las características puntualizadas y asumidas en esta sentencia, es deber de las autoridades antes mencionadas, deferir lo impetrado, sin realizar consideraciones que no sean las referentes a la solicitud misma; es decir que, la autoridad que detente las piezas originales, no tiene que efectuar un análisis respecto a la finalidad que pudiera tener las fotocopias legalizadas solicitadas, o hacer un análisis de su contenido, pues su deber se constriñe a autenticar las fotocopias con los originales, dado que según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Guillermo Cabanellas las legalizaciones “no afecta en nada la esencia del documento”; por ende, no deferir lo impetrado sin justificación valedera, vulneraría la esencia misma del derecho de petición, ello en el entendido de que los poderes públicos, no pueden eludir su obligación de atender debidamente la solicitud como expresión de respeto a los derechos de las personas, y a los instrumentos jurídicos que la Constitución Política del Estado protege.

III.3.        Análisis del caso de autos

En el caso que se examina, se advierte que el accionante por su representado, cuestiona la actuación de la autoridad demandada, toda vez que, mediante memorial de 16 de diciembre de 2009, solicitó el beneficio de redención en el proceso penal fenecido de transporte de sustancias controladas; además, en el Otrosí 2do., pidió se le extienda fotocopias legalizadas de las tarjetas de control personal que se encontraban adjuntadas a la solicitud presentada; sin embargo, la Jueza demandada, mediante providencia de 17 de diciembre de 2009, rechazó la extensión de las fotocopias legalizadas, con el argumento de que el beneficio de redención procede en un sólo proceso penal.

III.3.1.    Sobre la extensión de fotocopias legalizadas y su relación con el derecho de petición

En el presente caso, el accionante alega que se vulneraron los derechos de su representado al no habérsele otorgado las fotostáticas legalizadas que solicitó de las tarjetas de control personal, pues la autoridad demandada negó otorgar dichas fotostáticas, con el argumento de que el beneficio de redención procede en un sólo proceso.

Ahora bien, las fotocopias legalizadas cuya finalidad fueron mencionadas en el memorial de presentación de la solicitud de redención, no puede constituirse en una limitante para su obtención, pues conforme se explicó en el Fundamento Jurídico III.2, el peticionante sólo debe cumplir cierto presupuestos para su obtención, que en el presente caso si se cumplió, dado que, el representado del accionante, efectuó la solicitud a la autoridad judicial que tenía bajo su custodia los originales de las tarjetas de control personal, solicitud que estaba fundamentada, por lo tanto la autoridad demandada, vulneró el derecho a la petición en el sentido estricto de que no puede negarse con un argumento alejado a la petición el derecho a obtener las fotostáticas que requiera.

III.3.2. Respecto a la aseveración de haberse vulnerado el derecho a la defensa, no es evidente, pues el representado de la parte accionante acudió ante la autoridad ahora demandada a efectos de presentar las solicitudes de beneficio de redención en los tres procesos cuyas sentencias, lo privaban de su libertad personal; ahora bien, ante las referidas solicitudes, la autoridad ahora demandada emitió dos Autos ambos del 4 de enero de 2010, rechazando su solicitud de redención; en dichas resoluciones, la indicada autoridad no rechazó las solicitudes de redención por no haber presentado las fotocopias legalizadas de las tarjetas de control personal, sino mas bien porque consideraba que: “ la retribución laboral por triple partida acarrearía una impunidad” (sic) lo que implica que los mencionados documentos no tuvieron relevancia para emitir las resoluciones de rechazo de las solicitudes de redención.

Del mismo modo, no existe transgresión a los otros derechos que alude como vulnerados, pues el representado del accionante, acudió ante la autoridad pertinente a objeto de beneficiarse con la redención de la pena, activando el trámite correspondiente; tal es el caso que, el mandante del accionante impugnó una de las resoluciones que consideraba lesionaba sus derechos, presentando el recurso de apelación incidental; en otro de los fenecidos procesos, conforme consta de obrados, no habría impugnado la resolución, dejando subsistente el Auto de 4 de enero de 2010 (fs. 61 vta.); por otro lado, el accionante en la audiencia de la presente acción de amparo constitucional, manifestó que, “existen tres procesos radicados en el mismo juzgado y que sólo en uno de ellos se concedió el beneficio de redención” (sic) (fs. 89 vta.), aspecto que demuestra que no existió vulneración a sus derechos.

En relación a la seguridad jurídica invocada por el accionante como derecho vulnerado; conforme al art. 178.I de la CPE es un principio, que no puede ser tutelado directamente por la acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales.

Resuelta como se encuentra la problemática planteada, cabe referirse a la resolución emitida por el Tribunal de garantías.

III.4.        Sobre la Resolución del Tribunal de garantías

Resulta pertinente referirse a la resolución emitida por el Tribunal de garantías, cuando señala que, ante la providencia de 17 de diciembre de 2009, a través de la cual la autoridad demandada, negó la extensión de las copias legalizadas de las tarjetas de control personal, y habiendo formulado recurso de reposición, este fue rechazado por Auto de 22 de diciembre del mismo año; debieron deducir el recurso de apelación incidental; empero, conforme a la normativa procesal penal, el recurso de reposición previsto por el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP) procede: “…contra las providencias de mero trámite a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique”. A su vez el art. 402 del CPP, dispone que: “Este recurso se interpondrá fundamentadamente, por escrito, dentro de veinticuatro horas de notificada la providencia al recurrente y verbalmente cuando sea interpuesto en las audiencias” y agrega más adelante que “El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de veinticuatro horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia, “sin recurso ulterior”; en consecuencia, el recurso de reposición no admite la interposición de otro recurso, en razón a dicha normativa, se infiere que el representado del actor, agotó la vía para impugnar el rechazo al recurso de reposición.

Por otro lado, la terminología empleada como denegar y declarar improcedente la tutela, no es la acertada, pues el término de “improcedente” es empleado cuando la acción de amparo constitucional, en primera instancia no cumple con los requisitos de procedencia, por ello, el término correcto es sólo denegar la tutela.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar y declarar improcedente la acción de amparo constitucional, no ha evaluado correctamente los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20. II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 4 de marzo de 2010, cursante de fs. 90 a 92, dictada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER únicamente con relación al derecho de petición, debiendo la autoridad demandada anular el Auto de 22 de diciembre de 2009 y con los fundamentos de la presente Sentencia resolver el recurso de reposición, tomando en cuenta exclusivamente el derecho a la petición relacionada con la otorgación de las fotocopias legalizadas.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales MAGISTRADO

 

 

 

 

 

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario

busy
Banner