Civil. Apelación en proceso ejecutivo es en el efecto devolutivo, no se decreta Autos para sentencia - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Civil. Apelación en proceso ejecutivo es en el efecto devolutivo, no se decreta Autos para sentencia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0233/2012

Sucre, 24 de mayo de 2012

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrada Relatora:Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi

Acción de amparo constitucional

Expediente:2010-21351-43-AAC

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 4 de febrero de 2010, cursante de fs. 118 a 121, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Jorge Jerez Calle y Silvia del Carmen Ayala Solíz, en representación de Cruz Magaly Ayala Solíz, Félix Ayala Padilla y Margarita Solíz Mejía de Ayala contra Alfredo Cabrera Camacho, Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 13 de julio de 2009, cursante de fs. 88 a 91, los accionantes exponen los siguientes fundamentos:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

Dentro del proceso ejecutivo seguido por la Gerencia Regional de Cochabamba de “FORTALEZA FONDO FINANCIERO PRIVADO S.A.” (FORTALEZA F.F.P S.A.) contra sus mandantes, por el cobro de Bs38 250.- (treinta y ocho mil doscientos cincuenta bolivianos), el Juez hoy demandado pronunció el Auto de Vista de 14 de enero de 2009 y su complementario de 23 del mismo mes y año, sin decretar previamente autos para resolución, tal cual dispone los arts. 234 y 248 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como consta en la certificación expedida por el Secretario del Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial, en la documentación adjunta del caso de autos, y tampoco consideró los arts. 241 al 249 de la citada norma adjetiva civil, que establecen el trámite que se debe seguir cuando se trata de apelaciones de sentencias dictadas en procesos ejecutivos, Concursales, Sumarios y Sumarísimos, se remiten al art. 234 del mismo Código, que dispone que vencido el plazo fijado en el art. 232 del mencionado Código, o el probatorio que se hubiere abierto, el juez o tribunal decretará autos para resolución.

 

Concluye señalando que tal defecto procesal no permite efectuar el cómputo del plazo respectivo para determinar si el fallo fue emitido dentro del término legal, o si por el contrario, existe retardación de justicia y el juez perdió competencia, por lo que acuden a la presente acción, ya que no existe otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías de sus mandantes que fueron lesionados.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

Señalan como vulnerados, los derechos de sus mandantes a la “seguridad jurídica” y al debido proceso, consagrado en el art. 117.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicitan se conceda la tutela, disponiendo se dejen sin efecto el Auto de Vista de 14 de enero de 2009 y su complementario de 23 de igual mes y año, con responsabilidad civil y calificación de daños y perjuicios ocasionados.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2009, según consta en el acta cursante de fs. 116 a 117 de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

Los accionantes ratificaron el tenor íntegro de la demanda. En uso a su derecho a la réplica señalaron que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad restaurar en forma inmediata, los derechos fundamentales que fueron violados por la autoridad accionada, y dado que el proceso ordinario debe iniciarse contra la parte ejecutante y no contra el juzgador, en ese orden, por medio del proceso ordinario no se puede restituir los derechos y garantías constitucionales que fueron lesionados por el Juez demandado.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Alfredo Cabrera Camacho, Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial, en el informe cursante a fs. 115, manifestó lo siguiente: a) La inobservancia del art. 234 del CPC, no genera efectos tan sobredimensionados como la activación de la acción de amparo constitucional; b) La jurisprudencia estableció en la Gaceta Judicial 949, que no hay nulidad por la inobservancia de las formalidades del referido artículo, se trata simplemente de omisiones formales y no de resoluciones de contenido estrictamente jurisdiccionales, resultando desproporcionado e irracional invocar un incidente procesalmente intrascendente para dejar sin efecto el Auto de Vista; y, c) Los accionantes debían acudir a la ordinarización del proceso ejecutivo para buscar la modificación de la Sentencia ejecutiva, sin que su autoridad haya conculcado derecho o garantía constitucional alguna. Solicitó se declare “improcedente” la presente acción.

 

I.2.3. Intervención del tercero interesado

 

Eduardo Antonio Revollo Revilla, Gerente Regional de FORTALEZA F.F.P. S.A sucursal Cochabamba, entidad que sigue el proceso ejecutivo contra los representados de los accionantes, del que deriva la presente acción, manifestó en audiencia y en informe escrito cursante de fs. 110 a 111, lo que sigue: 1) No correspondía al Juez demandado aplicar el art. 234 del CPC, por cuanto no se dieron ninguno de los dos supuestos que norma el art. 232 del CPC; es decir, la presentación de nuevos documentos dentro del plazo perentorio de cinco días computables desde la fecha de la providencia de radicatoria, o vencido el plazo probatorio, en caso de haber sido pedido, sin que las partes hayan acudido a esta instancia dentro del proceso de ejecución de referencia; y, 2) Los accionantes consintieron el Auto de Vista de 14 de enero de 2009, que ahora impugnan, porque solicitaron explicación y complementación, y como no les resultó favorable a sus pretensiones, ahora intentan que dicha Resolución se anule por pérdida de competencia, cuando no hay nulidad por inobservancia de las formalidades del art. 234 del CPC, como lo expresa el tratadista Carlos Morales Guillén, en consecuencia solicitó se deniegue la acción de amparo y se deje sin efecto la medida cautelar de suspensión provisional de la ejecución de sentencia dispuesta por el Tribunal de garantías, debiendo notificarse con dicha orden a la Jueza Tercera en lo Civil.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 4 de febrero de 2010, cursante de fs. 118 a 121, concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista de 14 de enero de 2009 y su complementario de 23 del mismo mes y año, asimismo que la autoridad demandada, pronuncie de inmediato y sin espera de turno, un nuevo auto de vista cumpliendo previamente el requisito previsto por el art. 234 del CPC; con el argumento de que: i) Los Autos impugnados son ilegales y afectan los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso de los mandantes de los accionantes; y, ii) Al no haberse dictado el decreto de autos para resolución no es posible determinar con precisión si el Auto de Vista fue pronunciado dentro del plazo legal o si fue emitido cuando el Juez ya había perdido competencia.

 

I.3. Consideraciones de Sala

 

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, en el marco de la Ley 1836 de 1 de abril de 1998. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.

 

II.CONCLUSIONES

 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones siguientes:

 

II.1.Por memorial presentado el 30 de abril de 2007, FORTALEZA F.F.P. S.A. sucursal Cochabamba, inició demanda ejecutiva contra los ahora mandantes de los accionantes (fs. 2 a 3 vta.) emitiéndose el respectivo Auto de Intimación de Pago, por la Jueza Tercera de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba (fs. 4 y vta.).

 

II.2.Mediante Sentencia de 18 de octubre de 2008 (fs. 27 a 29), la citada Jueza declaró probada la excepción de falta de personería en la institución ejecutante por carecer de representación suficiente. Resolución que apelada por la entidad ejecutante (fs. 30 a 32), fue concedido el recurso en el efecto devolutivo, por Auto de 12 de noviembre del citado año (fs. 36), declarándose mediante Auto de Vista de 14 de enero de 2009 (fs. 47 a 49), probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones de falta de personería en la institución ejecutante y pago documentado, opuestas por los ejecutados, con costas, disponiendo que la ejecución prosiga hasta el trance y subasta de los bienes propios de los ejecutados. Emitiéndose el Auto de Vista de enmienda y complementación de 23 del referido mes y año (fs. 55), previa solicitud de los ejecutados (fs. 54 y vta.).

 

II.3. A través del certificado expedido por el Secretario Abogado del Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial, consta que en el proceso ejecutivo del que emerge la presente acción de amparo constitucional, no existe decreto de autos para resolución, ni la nota de pase a Despacho para Resolución (fs. 84).

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegan la vulneración de los derechos de sus representados al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, por cuanto el Juez demandado, pronunció el Auto de Vista de 14 de enero de 2009 y de enmienda y de complementación de 23 del mismo mes y año, sin decretar previamente autos para resolución cual dispone el art. 234 del CPC, lo que no permite computar plazo para determinar si el fallo fue emitido dentro del término legal, o si existe retardación de justicia y pérdida de competencia.

Precisado el problema jurídico planteado, corresponde verificar si existe una causal que impida ingresar al fondo de la problemática planteada, caso contrario concierne determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas.

III.1.       La acción de amparo constitucional: Naturaleza jurídica y alcance

La acción de amparo constitucional, comprendida en el art. 128 de la CPE, está instituida por mandato constitucional, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la CPE; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural.

III.2.       Trámite del proceso ejecutivo en segunda instancia

Es importante mencionar que conforme reconoce la doctrina procesal civil, en el proceso ejecutivo no existen hechos o derechos contenciosos, su objetivo fundamental es lograr el pago o cumplimiento de obligaciones y deudas en mora, en virtud de un título que tenga fuerza ejecutiva, por lo que ante la inexistencia de hechos controvertidos se impone su celeridad.

Es tal su naturaleza jurídica que contra la sentencia pronunciada en procesos ejecutivos procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo y una vez radicada la causa corresponde al tribunal de alzada pronunciar Auto de Vista dentro del plazo de seis días y con preferencia a otras resoluciones, conforme prevén los arts. 225 inc. 1) y 245 del Código de Procedimiento Civil (CPC), advirtiéndose así que la providencia de “Autos” no esta prevista para este tipo de procesos.

En efecto, el art. 234 del señalado Código refiere “Vencido el plazo fijado en el artículo 232 o el probatorio que se hubiere abierto, el juez o tribunal, decretará de oficio autos para la resolución” (las negrillas son nuestras); empero, ello ocurre únicamente para la apelación en el efecto suspensivo no así para el efecto devolutivo, ya que el citado artículo forma parte del capítulo IV del Código de Procedimiento Civil.

III.3.       Análisis del caso concreto

En el caso que se analiza, los accionantes pretenden la nulidad del Auto de Vista de 14 de enero de 2009, así como el de enmienda y complementación de 23 de ese mes y año, argumentando que fueron emitidos sin decretar “Autos” para dictar resolución, impidiéndoles computar el plazo para ver si el fallo fue dictado dentro del término legal, o si existe retardación de justicia y pérdida de competencia.

De la revisión exhaustiva de obrados, se advierte que si bien los accionantes amparan su pretensión en el art. 234 del CPC, que contempla dicha formalidad; sin embargo, olvidan que la referida norma procesal forma parte del régimen de la apelación en el efecto suspensivo, conforme se expuso en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo; es decir, que una vez radicada la causa por el tribunal de alzada, corresponde a éste pronunciar Auto de Vista dentro del plazo de seis días y con preferencia a otras resoluciones, sin más formalidad que el cumplimiento de los plazos legales; sin embargo, en el caso que se analiza, se activó la apelación en el efecto devolutivo contra la Sentencia de 18 de octubre de 2008, como se tiene expuesto en la Conclusión II.2 de la presente Sentencia; por lo que, se concluye que en el caso de autos, no correspondía la emisión del decreto de “Autos” para el pronunciamiento del Auto de Vista de 14 de enero de 2009, de manera que el reclamo de los accionantes carece de sustento legal efectivo, sin que se haya incurrido en vulneración alguna del derecho al debido proceso y “seguridad jurídica” de los accionantes.

En consecuencia, la problemática planteada respecto a los derechos invocados como lesionados, no es susceptible de tutela a través del amparo constitucional, por lo que el Tribunal de garantías, al conceder parcialmente la acción tutelar, no ha actuado correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve:

1ºREVOCAR la Resolución de 4 de febrero de 2010, cursante de fs. 118 a 121, emitida por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

2º Se llama la atención al Tribunal de garantías por la demora que imprimió en la resolución de la presente acción de amparo constitucional de casi siete meses de dilación, y se le apercibe observar la celeridad de ley en futuras acciones de defensa.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales MAGISTRADO

 

 

 

 

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