Const. Naturaleza Jurídica y contenido de la acción popular - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Const. Naturaleza Jurídica y contenido de la acción popular

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0120/2013

Sucre, 31 de enero de 2013

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción popular

Expediente:01423-2012-03-AP

Departamento:La Paz

 

En revisión la Resolución 31/2012 de 9 de octubre, cursante de fs. 364 a 367 vta., pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Rafael Arcángel Quispe Flores contra Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y José Antonio Zamora Gutiérrez, Ministro de Medio Ambiente y Agua.

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 27 de julio de 2012, cursante de fs. 22 a 28 y de subsanación de 2 de agosto del mismo año, (fs. 52 a 58), el accionante refiere que:

 

I.2. Hechos que motivan la acción

 

En virtud de lo establecido por el art. 132 de la Constitución Política del Estado (CPE), presentaron acciones de inconstitucionalidad respecto a las Leyes 180 de 24 de octubre de 2011 y 222 de 10 de febrero de 2012, ambas referentes al Territorio Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS), y como consecuencia de ello el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0300/2012 de 18 de junio, que declaró la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada contra los arts. 1.III, 3 y 4 de la Ley 180; y por ende constitucional el art. 1 de la Ley 222 en cuanto a “La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS” y art. 7 de la misma Ley; y la constitucionalidad condicionada del art. 1 en cuanto a la frase “…y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos…” y referente a los arts. 3, 4 inc. a), 6 y 9 de la Ley 222, condiciona a su concertación, exhortando a los Órganos Legislativo y Ejecutivo a elaborar un protocolo en forma conjunta y acordada con los pueblos indígenas con plena participación de sus instituciones.

 

Tanto el Órgano Ejecutivo como Legislativo, hicieron caso omiso a la “constitucionalidad condicionada” establecida en la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a que elaboraron un protocolo sin concertar de buena fe, con la totalidad de los pueblos indígenas, atentando a sus usos y costumbres, siendo elaborado unilateralmente por el Órgano Ejecutivo, y a razón de ello contiene una serie de imposiciones que vulneran los derechos e intereses colectivos de los pueblos indígenas del TIPNIS, ya que el mismo no fue socializado ni se recogieron posibles observaciones, sugerencias o recomendaciones, para contribuir a un protocolo concertado, así como tampoco se acordó el procedimiento de esa consulta, en la que se sugiere que ante la ausencia de las autoridades reconocidas por la comunidad, éstas sean reemplazadas por otras, para así aplicar el proceso de forma arbitraria.

 

La propia SC 0300/2012, establece que ante el incumplimiento de la misma, se tendrán expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblos indígenas, por lo que el Estado al no cumplir con la obligación de la concertación está desconociendo los derechos consagrados por la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

1.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante denuncia la vulneración de lo establecido por los arts. 1 y 2 de la CPE, 18 y 20 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas, y 7 del convenio 169 de la OIT.

 

1.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se determine el cumplimiento de la concertación respecto a establecer el proceso de la consulta y sus procedimientos, por lo que pide la nulidad de todos los actos administrativos adoptados e implementados por el Órgano Ejecutivo, en vulneración del punto 3 de la parte resolutiva de la SCP 0300/2012; y, b) Se garantice a las autoridades indígenas originarias y a sus pueblos, el ejercicio del derecho a la libre expresión y a difundir información veraz, libre, oportuna y democrática, así como a desplazarse libremente por el TIPNIS.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

1.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado de la parte accionante ratificó el contenido de la acción popular planteada.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Juan Carlos Marín Choquemesa, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, mediante informe escrito, cursante de fs. 302 a 317, sostiene que: 1) En el marco de la SCP 0300/2012, el Órgano Ejecutivo desplegó una serie de actividades coordinadas y concertadas con los dirigentes y comunidades involucradas, a fin de materializar sus derechos a la consulta previa y de participación, garantizando que las comunidades del TIPNIS (Mojeño-Trinitario, Chimán y Yuracaré), intervengan de manera efectiva dentro del proceso de consulta previa, para que sean parte del diálogo intercultural, dichas actividades se ponen de manifiesto en el Informe MOPSV-MMAyA 001/2012 de 23 de agosto; 2) Para iniciar el trabajo con las comunidades del TIPNIS se realizó un primer acercamiento a las organizaciones representativas del territorio, con el fin de solicitar se convoque a las autoridades comunales a trabajar de manera horizontal con el equipo técnico, iniciándose el proceso de concertación el 11 y 12 de abril de 2012, en Trinidad, donde se convocó al “Primer Evento de Socialización, Explicación de la Metodología del Proceso y los Procedimientos de la Consulta, Discusión y Deliberación de la Propuesta del Protocolo”, el cual contó con la presencia y asistencia de los corregidores; dentro de ese marco, dos de las tres organizaciones manifestaron su aceptación y acuerdo en coadyuvar con el proceso de consulta como ser: el Consejo Indígena del Sur (CONISUR) y la Subcentral Securé-TIPNIS; siendo que la Subcentral TIPNIS se negó a participar, rechazando incluso las notas de invitación; 3) El mencionado evento se realizó en los salones del Vicariato de Beni, y fue moderado por miembros del equipo técnico del TIPNIS, buscando trabajar primero en un análisis del contenido de la Ley 222 y del derecho a la consulta, tal como está constitucionalizado. Una vez concluido el mismo, se aclaró que el protocolo era un documento que seguramente sufriría modificaciones a lo largo del proceso de concertación, así como con la revisión técnica permanente del equipo y las sugerencias de otros actores diversos; 4) El proceso de concertación continuó el mismo 12 de abril de 2012, en el municipio de Chimoré, culminando con la aprobación de varias autoridades y corregidores de las comunidades afiliadas a la Subcentral del CONISUR (documento firmado por los corregidores de Villa Asunción de Isiboro, Secejsama, San José de Angosta, Sanadita, Fátima de Moleto, Santa Rosa del Isiboro, Villa San Juan de Dios, San Benito, Puerto Pancho, San Jorgito, Mercedes de Lojojota, Limo de Isiboro, Santísima Trinidad, Buen Pastor, Tres de Mayo, San Juan del Isiboro, Puerto Beni y Santa Teresa.); y el 24 de mayo en Puerto San Lorenzo, la socialización incluyó a San Bartolomé de Chiripopo y San Bernardo. En mayo del mismo año, se inició la concertación con las comunidades afiliadas a la Subcentral TIPNIS, encontrándose oposición en las comunidades de Gundonovia, Santa María y Nueva Vida, empero en las comunidades de San Pablo y Loma Alta manifestaron su interés y aceptación a participar en el proceso de la consulta; 5) Fruto de las primeras reuniones de concertación, se procedió con la segunda revisión y aprobación de correcciones del protocolo, que se efectuó a partir del 8 de junio de 2012, con las comunidades afiliadas a la Subcentral CONISUR, en Villa Tunari el 13 y 14 del indicado mes y año; asimismo en Trinidad, se realizó la reunión con las comunidades afiliadas a la Subcentral Sécure y la Subcentral TIPNIS durante el periodo comprendido entre el 20 de junio y 20 de julio de 2012, manteniéndose la visita a diversas comunidades afiliadas a la Subcentral TIPNIS, con el fin de socializar los alcances de la Ley 222, conocer su disposición de trabajo respecto al protocolo de consulta en todo su contenido, así como su decisión de participar en el proceso de consulta; en ese sentido, conforme se evidencia, de la documentación que se adjunta, en varias comunidades se tuvo acciones de oposición de ciertas personas, aspecto que fue respetado, ya sea acordando retornar en otra ocasión o retirando el equipo dispuesto para informar a las autoridades; siendo así que el 9 de julio de 2012, concretamente, se invitó a Fernando Vargas y a los Corregidores de la marcha pero no asistieron, posteriormente, el 10 de igual mes y año, el Ministro de la Presidencia -Juan Ramón Quintana Taborga- hizo llegar una nota de invitación al diálogo a tres organizaciones y todas sus comunidades; 6) Del 25 al 27 del referido mes y año, se aprobó el protocolo, con la dirigencia del CONISUR y de la Subcentral Sécure; sin embargo, en las comunidades afiliadas a la Subcentral TIPNIS, no se pudo presentar el documento final debido a la beligerancia de algunos actores , que impidieron el ingreso de las brigadas al territorio en esa zona; 7) Respecto a la declaratoria de constitucionalidad condicionada de los arts. 1, 3, 4 inc. a) y 9 de la Ley 222, establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se debe tomar en cuenta que aunque existan actos y medidas legales y administrativas que pudieran afectar a los territorios de los pueblos indígenas, nos es menos cierto que la obligación del Estado no desaparece, resultando la consulta aún más necesaria, por lo que los actos del Gobierno no pueden ser acusados de ser un protocolo unilateral, sin acordar de buena fe con la totalidad de los pueblos indígenas, ya que el mismo ha sido socializado con el propósito de recoger las posibles observaciones, sugerencias o recomendaciones para contribuir a la concertación; y, 8) Respecto a la declaratoria de constitucionalidad del art. 6 de la Ley 222, el consenso establecido por el Tribunal Constitucional Plurinacional también fue cumplido, dada la participación activa y participativa por parte del Estado y de las comunidades, siendo que el proceso de consulta contó con la participación de sesenta y nueve comunidades de los pueblos indígenas Moxeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, interesados que habitan el TIPNIS, a través de las instancias representativas propias, como son las asambleas comunales, eventos formales de validación del proceso en sí mismo, de conformidad a lo establecido en el protocolo, y siendo que éste fue efectivizado asegurando una participación libre, respetando la horizontalidad merced a un proceso de diálogo permanente, configurándose un proceso de concertación cumpliendo los elementos constitutivos del mismo; por lo anteriormente aseverado, la consulta previa emprendida por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, es llevado a cabo como un diálogo social e intercultural, toda vez que se han agotado y se vienen ultimando acciones tendientes a la coordinación con las comunidades del TIPNIS, respetando sus normas y procedimientos propios.

 

Por su parte, Carlos Gómez García, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en el desarrollo de la audiencia, de manera verbal, informó que: i) La consulta previa que se está llevando a cabo, es un proceso para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas Mojeños-Trinitarios y Yuracareños en la toma de decisiones respecto a todos los asuntos que pudieran afectarles sobre sus bienes, sus derechos individuales y/o colectivos, sobre su derecho a la identidad, a la integridad cultural a conservar sus propias instituciones, sus usos y costumbres, al territorio y a los recursos, y de decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo. El fin y objetivo de la consulta es verificar que los pueblos indígenas manifiesten sus necesidades básicas insatisfechas; y, ii) El proceso de concertación del protocolo ha llegado a cuarenta y nueve comunidades del territorio del TIPNIS, por lo que no se considera un proceso cerrado, así como tampoco el proceso de la consulta en sí que se encuentra el pleno desarrollo.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 31/2012 de 9 de octubre, cursante de fs. 364 a 367 vta., denegó la tutela solicitada, basándose en los siguientes argumentos: a) Del contenido del art. 135 de la CPE, se tiene que esta acción de defensa se encuentra destinada a la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos, en la que la configuración jurídica de esta acción tutelar, corresponde al actor a acompañar la prueba en que funda su acción, o señalar en qué lugar se encuentra, por lo que la carga de la prueba corresponde al impetrante, quien debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la verosimilitud de sus denuncias, que demuestren la existencia de actos lesivos que hubieran restringido sus derechos o garantías, ya que se requiere de certidumbre para resolver el asunto, compulsando los hechos impugnados en función a los elementos probatorios que los respalden; b) Remitiéndose al art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se establece que entre los requisitos de contenido que debe tener la presente acción popular, se establece el de acompañar la prueba en que se funde la acción o señalar en su caso el lugar donde se encuentra, por lo que dentro de ese marco, el accionante no puede prescindir de presentar la prueba mínima que acredite los hechos denunciados, actuación que impide otorgar la tutela solicitada; c) Rafael Arcángel Quispe Flores no señala con precisión los actos que violan o amenazan los derechos o intereses colectivos, menos establece que actos administrativos adoptados e implementados por el Órgano Ejecutivo incumplen el punto tres de la SCP 0300/2012, así como tampoco señala de qué forma se vulneró los derechos de las autoridades indígena originarias legítimamente elegidas y a sus pueblos en cuanto se refiere al derecho a la libre expresión, a difundir información, veraz, libre, oportuna y democrática, y a desplazarse libremente por el TIPNIS; y, d) El accionante no realiza una relación precisa ni exacta sobre cuáles son los actos administrativos vulneratorios emitidos por el Órgano Ejecutivo, los cuales ni siquiera fueron mencionados, como tampoco hace referencia en representación de quien actúa.

 

I.3. Trámite en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Por decreto de 4 de diciembre de 2012, cursante a fs. 368, la Comisión de Admisión de éste Tribunal, con la facultad conferida por el art. 41 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), dispuso la suspensión de plazo, toda vez que, se solicitó por la Magistrada Relatora, documentación complementaria, así como informe complementario a dicha solicitud, determinándose por decreto de 10 de enero de 2013, la reanudación de plazo, por lo que la presente Resolución es pronunciada en el término correspondiente.

 

Asimismo, al haberse declarado legal la excusa presentada por el Magistrado, Gualberto Cusi Mamani, se habilitó al Magistrado Suplente, Dr. Macario Lahor Cortez Chávez, de conformidad al art. 24.I de la LTCP, a fin de conformar sala.

 

II. CONCLUSIONES

 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.Cursa como prueba, a fs. 1, cédula de identidad de Rafael Arcángel Quispe Flores, y de fs. 2 a 21 se encuentra una fotocopia del protocolo para la consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS.

 

II.2. Se encuentra la SC 1018/2011-R de 22 de junio, cursante de fs. 110 a 124; la “Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo” de 14 de junio de 1992, de fs. 125 a 128; la SC 788/2011-R de 30 de mayo (fs. 151 a 156); un texto académico titulado “La acción popular considerada desde el ordenamiento jurídico boliviano”, de fs. 157 a 166; recortes de periódicos con noticias referentes al TIPNIS, (fs. 167 y 168); la Ley 1257 de 11 de julio de 1991, que aprueba el Convenio 169 de la OIT, (fs. 174 a 194); y la Ley 222 (fs. 195 a 199).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció el incumplimiento de la SCP 0300/2012 de 18 de junio, debido a que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo, hicieron caso omiso a la “constitucionalidad condicionada” de la Ley 222 establecida en la parte resolutiva de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, al realizar el protocolo de la consulta de manera unilateral, sin haberse concertado el alcance del mismo con los pueblos indígenas originarios que habitan el TIPNIS, vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales.

III.1.       Sobre la naturaleza jurídica de la acción popular

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0462/2012 de 4 de julio, respecto a la naturaleza jurídica y objeto de la acción popular, establece lo siguiente: “La Ley Fundamental señala que el Estado se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico y cultural -entre otros- dentro de un proceso integrador del país, estableciendo entre sus fines y funciones esenciales, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades; así como garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos, deberes reconocidos y consagrados en la Constitución.

Por otra parte, la Ley Suprema del ordenamiento jurídico, establece que los derechos reconocidos por ella, son inviolables, universales, interdependientes e indivisibles; teniendo el Estado el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Con relación a tales derechos, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los mismos y para hacerlos efectivos, se ha instituido, además de la acción de amparo constitucional antes instituida como (recurso de amparo constitucional), así como otras acciones de defensa, la acción popular, que procede contra todo acto u omisión de las autoridades o personas individuales y colectivas que violen o amenacen con violar derechos colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, de acuerdo a lo previsto por el art. 135 de la CPE.

Igualmente, es necesario señalar que la Constitución Política del Estado, además de establecer que ella goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa, de acuerdo con lo previsto por el art. 410.II de la CPE, determina que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos (además de las normas de Derecho Comunitario). En ese mismo ámbito, de acuerdo al art. 13 de la CPE, inserto en el Capítulo relativo a los Derechos Fundamentales y Garantías; los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconoce los derechos humanos, prevalecen en el orden interno y, además, que los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretaran de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

De acuerdo con lo previsto en el art. 136.I de la CPE: 'La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos…'. Además -continua el texto de la citada norma- para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.

En ese contexto normativo constitucional debe entenderse que si bien los derechos o intereses colectivos benefician directamente a los individuos o colectividades no tiene por finalidad proteger derechos subjetivos de interés particular, sean estos de personas, grupos de personas e incluso colectividades, sino, en general, la tutela material de los derechos de la colectividad, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado.

La jurisprudencia constitucional ha identificado los derechos colectivos, unas veces como derechos difusos (Así las SSCC 1018/2011-R, 1974/2011-R, 1982/2011-R, 1970/2011-R, 1973/2011-R y 1979/2011-R, entre otras) o como derecho de los pueblos (Así la SC 1008/2004-R de 1 de julio).

Los derechos colectivos son también llamada de tercera generación como diferenciadora de aquellos de primera generación relativos a la persona (civiles y políticos) y de segunda generación (sociales, económicos y culturales) que son de compleja naturaleza y algunos casos de realización progresiva; diferenciación que tiene más bien una connotación teórica doctrinal descriptiva.

De los derechos colectivos se dice que también son difusos, aunque en estos últimos se entenderá que existe la vulneración de los derechos de todos sin poder identificar específicamente a quienes, que no es lo mismo cuando hay la posibilidad de una identificación de colectivos ciertos y terminados a los que, sin embargo, igualmente hay una efectuación de los derechos del conjunto de ese colectivo. Es pues, uno de ellos, el derecho de los pueblos, cuya protección prevista se opera en tanto que, adema de ser concretos, sean oponibles para quienes lo vulneren o pretendan vulnerarlos, se abstengan de hacerlo o se creen las condiciones para su realización.

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art. 1 establece que: 'Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de conciencia, de razón, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros', derechos interdependientes considerados universales que por lo mismo son aplicables a todos los pueblos y naciones, sea cual fuere su cultura.

Con relación a los derechos de los pueblos, instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o Sociales, Económicos y Culturales, afirman el derecho de los pueblos y si bien tal enunciado lo fue con referencia a las colonias, es más bien en el sistema del derecho convencional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se atendió temas como la discriminación y otros, a tal punto que, mediante el Convenio 169, abordó aspectos que hoy igualmente están considerados en nuestra Constitución, que además de declarar expresamente la libre determinación de las naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, enumera algunos derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

A propósito de la acción popular y la protección de los derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza, es preciso anotar una aproximación desde la Constitución”.

Asimismo la SCP 0385/2012 de 22 de junio, refriéndose a la legitimación activa indicó que “…el art. 136.II de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional LTCP, 'Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional'”.

III.2.       Del contenido de la acción popular

Respecto al contenido de la acción popular, la precitada SCP 0385/2012, estableció lo siguiente: “De igual forma, es preciso tener en cuenta que el art. 98 de la LTCP, refiere que la acción popular será presentada por escrito debiendo el accionante exponer con claridad los hechos, identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados, acompañar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar en que se encuentra y fijar con precisión el acto u omisión que vulnera o amenaza derechos e intereses colectivos.

En ese orden, el memorial de la acción, al exponer los hechos de manera sucinta en lo posible, debe describir todos aquellos hechos o actos jurídicos que inequívocamente conduzcan a establecer la presunta vulneración de los derechos invocados, estableciendo el nexo causal entre el motivo alegado y la presunta vulneración y centrarse, fundamentalmente y sin la menor duda, en aquellos hechos que aportará u ofrecerá prueba, pues, tal fundamentación, más allá de identificar el o los derechos colectivos que se considere vulnerados conforme exige la norma, debe dar certidumbre sobre si en efecto se ha vulnerado o está amenazado el derecho colectivo en cuestión y no, que se deduzca o infiera meras presunciones; prueba que, además, por la naturaleza del derecho supuestamente conculcado, exige que se acredite el daño o amenaza que involucre a un número significativo de personas de la colectividad presuntamente afectada”.

El art. 98 de la LTCP, claramente establece los requisitos mínimos de la acción popular, que textualmente establece lo que sigue:

“Artículo 98. (CONTENIDO DE LA ACCIÓN). La Acción será presentada por escrito, sin haber agotado la vía judicial o administrativa que pueda existir con los siguientes requisitos:

1.Acreditar la personería del accionante.

2.Indicar el nombre y domicilio de la parte demandada o de su representante legal.

3.Exponer con claridad los hechos.

4.Identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados.

5.Acompañar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar en que se encuentra; en este último caso, la jueza, juez o tribunal, al momento de disponer la citación de la persona o autoridad accionada, ordenará a quien corresponda presentar la prueba señalada, bajo responsabilidad penal; y

6.Fijar con precisión el acto u omisión que vulnera o amenaza derechos e intereses colectivos”.

Claramente se puede apreciar que el numeral 3 del citado artículo establece la relación de los hechos, mismo que está referido a una clara exposición de los supuestos de hechos, el marco fáctico en el que se debe establecer cuál es el acto que genera la supuesta vulneración de derechos fundamentales; asimismo el numeral 4, exige que se identifiquen los derechos y garantías considerados vulnerados, requisito por demás necesario que tiene que tener un nexo de causalidad con la relación de hecho previamente analizada; y en el numeral 5, se exige la presentación de pruebas que deben adjuntarse a la acción, y en defecto de ello, indicar o señalar donde se encuentran las mismas; por lo que la omisión de cualquiera de los requisitos de contenido trae como consecuencia la improcedencia de la acción planteada.

III.3.       Análisis del caso concreto

En el presente caso el accionante hace una confusa relación de hechos, en la que denuncia el incumplimiento de la SCP 0300/2012, debido a que los Órganos Ejecutivo y Legislativo, de manera unilateral aprobaron el protocolo de la consulta, sin dar cumplimiento a la concertación previa establecida por la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, proponiendo como prueba de tales extremos una fotocopia simple del protocolo de la consulta, y copias de Sentencias Constitucionales y de documentos medioambientalistas, convenios internacionales, entre otros documentos, que fácticamente no prueban la veracidad de su denuncia.

También hace alusión a una supuesta restricción al libre tránsito de dirigentes indígenas en el territorio del TIPNIS, pero no especifica mediante qué acto se vulneró ese derecho fundamental, tampoco da luces sobre cómo y de qué manera se estaría incumpliendo con la concertación establecida dentro de la referida Resolución, que comunidades no habrían participado de ese proceso, y cuáles fueron las omisiones específicas de las autoridades en estos casos, si los indígenas no fueron consultados, o si estos no quisieron participar de tales eventos, dejando una suerte de vacíos, que no crean convicción en la jurisdicción constitucional.

Por lo anteriormente señalado, y no habiendo la parte accionante aportado prueba específica sobre el incumplimiento de la SCP 0300/2012 denunciada, habiendo el Órgano Ejecutivo rechazado la denuncia, le es imposible a la jurisdicción constitucional conceder la acción, ante la omisión de requisitos de contenido que, fueron ya observados por el Tribunal de garantías y no fueron subsanados por la parte accionante, respecto a la fijación con precisión de cuáles eran los actos que vulneraron derechos fundamentales, ¿qué y por qué?, fueron excluidos de la consulta algunos pueblos indígenas. El art. 31 de la CPE señala que: “Las naciones y pueblos indígenas originarios en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”.

Por lo que el Tribunal de garantías, al haber denegado la acción popular, ha evaluado de manera correcta los datos del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la LTCP, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 31/2012 de 9 de octubre, cursante de fs. 364 a 367 vta., pronunciada por la Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene el Magistrado, Gualberto Cusi Mamani, por excusa declarada legal; razón por la cual se habilitó al Magistrado suplente, Dr. Macario Lahor Cortez Chávez.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

 

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