Familiar. El Mandamiento de apremio por asistencia familiar no tiene caducidad. Cambio de línea. - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Familiar. El Mandamiento de apremio por asistencia familiar no tiene caducidad. Cambio de línea.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0664/2011-R

Sucre, 16 de mayo de 2011

Expediente: 2009-20872-42 AL

Distrito: Tarija

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Javier Muñoz Torrez contra Justa Soruco Vaca de Sanjinéz, Jueza Segunda de Partido y de Sentencia, y Alberto Velasco Aguirre, Alcaide de la Carceleta Pública, ambos de Villa Montes del Distrito Judicial de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

El accionante, mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2009, cursante de fs. 2 a 3 vta., alegó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que la motivan

Dentro de la demanda de divorcio seguida por su parte contra Nancy Garay Valdez, concluida y con sentencia ejecutoriada, la Jueza Segunda Partido y de Sentencia de Villa Montes, señaló como asistencia familiar a favor de sus dos hijos el monto de Bs.400.- (cuatrocientos bolivianos), determinación que no cumplió, habiéndosele acumulado la suma establecida; por lo que, la Jueza de la causa, mediante Auto de 19 de junio de 2009, dispuso la liquidación de pensiones devengadas, sin que con dicha decisión se le hubiera citado o conminado al pago, impidiéndole “…OBSERVAR y/o PRESENTAR DESCARGOS CON RECIBOS PAGADOS” (sic), habiendo la misma autoridad, emitido mandamiento de apremio con facultades de allanamiento de domicilio, sin tomar en cuenta que dicha instructiva, debía ser ejecutada en otro Distrito Judicial, situación que obligaba a que se remita dicho mandamiento mediante Orden Instruida, debiendo haberse especificado además, cuál el domicilio que se tenía que allanar.

Finaliza señalando que, conforme a lo previsto por el art. 182 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el mandamiento de apremio prescribe a las noventa y seis horas de habérselo emitido; sin embargo, en su caso, el mandamiento de apremio fue pronunciado el 28 de junio de 2009 y ejecutado cuatro meses después, sin considerar que la distancia existente entre Villa Montes, donde se encuentra la representante de los menores, y Yacuiba (donde reside el accionante), se encuentran a una hora y media de distancia.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, señala como vulnerado su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso, citando al efecto los arts. 115.II y 125 y ss de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se declare “PROCEDENTE el presente recurso” (sic), ordenándose su inmediata libertad personal, además de la reparación del daño causado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2009, según consta del acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó los términos de la acción planteada en todos sus términos.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

La demandada, Justa Soruco Vaca, Jueza Segunda de Partido y Sentencia de Villa Montes, mediante informe prestado en audiencia, señaló que en base a la segunda planilla de liquidación de asistencia familiar elaborada, se ordenó la inmediata libertad del accionante, por lo que, al no haber el mismo probado los extremos que denuncia, solicita se declare la improcedencia de la acción.

A su turno, y haciendo uso de la palabra, el codemandado, Alberto Velasco Aguirre, Alcaide de la carceleta pública de Villa Montes, representado por su abogado, señaló que no intervino en la detención ni dispuso el apremio del accionante, por lo que solicita se declare improcedente el “recurso”.

El representante del Ministerio Público, durante su intervención en audiencia, manifestó que la orden de allanamiento expedida, no especificó el domicilio a ser allanado; además, las aseveraciones vertidas por el accionante no fueron desvirtuadas por la Jueza demandada, por lo que, solicita se declare “procedente” el “recurso” contra la Jueza Segunda de Partido y Sentencia, e improbada contra el codemandado, Alberto Velasco Aguirre, por no haber sido él quien dispuso el diligenciamiento del mandamiento de apremio.

I.2.3. Resolución

Mediante Resolución de 11 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., el Juez Primero de Partido y de Sentencia de Villa Montes del Distrito Judicial de Tarija, constituido en Juez de garantías, declaró “procedente” la acción de libertad, argumentando que las autoridades demandadas, no desvirtuaron los hechos denunciados por el accionante respecto a la fecha de emisión y caducidad del mandamiento de apremio con facultad de allanamiento, llamando la atención el hecho de que en la fecha de realización de la presente audiencia se extienda a favor del accionante mandamiento de libertad, mismo que es ejecutado también el mismo día por la autoridad carcelaria, quien en su momento, no informó a la autoridad judicial sobre la pérdida de efectividad por transcurso del tiempo del anterior mandamiento de apremio, el cual, fue ejecutado en otro Distrito, sin la existencia de orden instruida, cuatro meses después de su emisión.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010 se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal a través de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos y garantías fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, por acuerdo jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de las causas.

En mérito al Auto Constitucional 0056/2011-CA de 28 de abril, se procedió a la suspensión del plazo para dictar sentencia, al haberse requerido documentación complementaria para mejor resolver la problemática planteada, habiéndose reanudado el plazo de cómputo mediante decreto de 23 de mayo del año en curso, por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se establece lo siguiente:

II.1.Dentro del proceso de divorcio instaurado por el accionante contra Nancy Garay Valdéz, se dictó Sentencia que declaró disuelto el vínculo matrimonial y dispuso el pago de la suma de Bs.400.- como asistencia familiar a favor de los dos hijos del obligado (fs. 71 a 73).

II.2.Por memoriales cursantes a fs. 59, 62 y vta., 75, 81, 101 y 114, la demandada, solicitó elaboración de planillas de liquidación de pensiones de asistencia familiar devengadas, mismas que fueron notificadas al accionante conforme se evidencia de las diligencias cursantes de fs. 60, 76 vta., 81 vta., 116 y 129 a 131 del expediente de la acción de libertad.

II.3.La Jueza Segunda de Partido y de Sentencia de Villa Montes, por providencia de 19 de junio de 2009 (fs. 117 vta.), dispuso la emisión del mandamiento de apremio contra el accionante por el incumplimiento del pago de la asistencia familiar.

II.4.El accionante fue detenido en la ciudad de Yacuiba el 6 de noviembre de 2009, en cumplimiento de mandamiento de apremio de 2 de julio de ese año, por el incumplimiento del pago de pensiones de asistencia familiar, habiendo sido conducido a la carceleta pública de Villa Montes, donde guardó detención hasta el 11 de noviembre de 2009, conforme se acredita de las fotocopias legalizadas del cuaderno de novedades del recinto carcelario (fs. 43 a 47 vta.).

II.5.Por memorial cursante a fs. 125 y vta., el accionante, solicitó revisión de la planilla de liquidación, señalando que el monto consignado no corresponde al adeudado.

II.6.El 11 de noviembre de 2009, la autoridad demandada, emitió mandamiento de libertad a favor del accionante (fs. 38 y vta.).

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega que, las autoridades demandadas vulneraron su derecho a la libertad, pues fue detenido en base a un mandamiento de apremio emitido cuatro meses antes de su ejecución y en otro Distrito Judicial sin la existencia de orden instruida que faculte a su detención y allanamiento domiciliario.

Corresponde analizar, si en el presente caso, se debe otorgar o no la tutela solicitada.

III.1.        Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La acción de libertad, ha sido instituida por la Constitución Política del Estado en sus arts. 125 y ss., como una medida de defensa de los derechos y garantías a la libertad y a la vida, derechos que se reconocidos por la misma Ley Fundamental y que son inherentes a todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, mismos que no pueden ser vulnerados o infringidos sin una justa razón o previo juzgamiento.

Asimismo, la normativa contenida en la Ley del Tribunal Constitucional, en los arts. 89 y ss., que han sido interpretados por este Tribunal, determina que quien creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenido o preso, podrá acudir en busca de que se guarden las formalidades legales que pudieran estar afectando su derecho.

Ahora bien, partiendo de la SC 0848/2010-R de 10 de agosto, se entiende que: “La acción de libertad ha sido instituida por el art. 125 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), como una acción tutelar a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, para que pueda acudir ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitar se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; entendimiento que se encuentra establecido en la SC 0011/2010-R de 6 de abril, cuando señala: 'La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE'" (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.2.        Legalidad y vigencia del mandamiento de apremio en materia familiar

El art. 22 del Código de Familia (CF), prevé que la asistencia familiar se cumple en forma de pensión o de asignación pagadera por mensualidad vencida y corre desde el día de la citación con la demanda; asimismo, el art. 149 del CF, determina que la asistencia familiar a favor del cónyuge y de los hijos, al ser de interés social y con la finalidad de asegurar su oportuno suministro, tendrá apremio corporal, entendimiento complementado por el art. 436 del mismo Código que establece: “La obligación se cumple bajo apremio, con allanamiento en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad del juez y del fiscal. Las pensiones devengadas se liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comprobados”; a lo cual debe añadirse que el art. 11.I de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), dispone como medida de excepción el apremio por asistencia familiar, al señalar que: “I. El apremio previsto por el párrafo tercero del Art. 149 del Código de Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de la petición de asistencia, no pudiendo exceder del plazo máximo de 6 meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la obligación…”.

En cuanto a la vigencia del mandamiento de apremio, la norma jurídica no prevé un plazo de vigencia para el mismo cuando es librado de manera simple, ni cuando se lo hace con facultades de allanamiento; por lo que este Tribunal, a través de la SC 1575/2004-R de 27 de septiembre, sentando jurisprudencia, señaló que: “Al establecer en el mandamiento de apremio la facultad de allanamiento, éste se encuentra dentro de la caducidad establecida en el art. 182 del CPP, en relación a los mandamientos de allanamiento, que al tenor señala: 'El mandamiento tendrá una vigencia máxima de noventa y seis horas, después de las cuales caduca…'”, línea jurisprudencia que fue reconducida mediante la SC 2530/2010-R de 19 de noviembre, que refirió: “Estando claro que la caducidad no ha sido dispuesta por la Ley, sino por la jurisprudencia constitucional, corresponde analizar si dicho entendimiento es acorde al actual orden constitucional vigente a partir del 7 de febrero de 2009.

Aspectos doctrinales y legales

El Estado boliviano entre otras características esenciales, tiene la cualidad de ser un Estado Social, y entre sus principios, está el suma qamaña (vivir bien) y el teko kavi (vida buena); como también la igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, bienestar común, que se constituyen en valores y fines del Estado tal cual prevé el art. 8.II de la CPE; por su parte, el art. 60 de la norma Constitucional refiriéndose a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud establece que: 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, y el acceso a una administración pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado'.

Bajo esa premisa deben ser analizadas las normas infra-constitucionales, así las normas citadas en el punto precedente (art. 2, 149 del CF; 11 de la LAPACOP; y 70 de la LAPCAF), establecen los medios coercitivos para el pago de la obligación de asistencia familiar, entre ellos el apremio.

Por su parte, el Código del Niño, Niña y Adolescente, en el art. 1 señala: “El presente Código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia”; y el art. 6 establece que: “las normas del presente Código deben interpretarse velando el interés superior del niño, niña y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las Convenciones, tratados internacionales vigentes, y las leyes de la República”.

Bajo esta premisa, y considerando que los principios constitucionales y lo dispuesto por el art. 436 del CF, que determina: 'La obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con allanamiento en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad del juez y del fiscal…', se debe tomar en cuenta que el mandamiento con facultad de allanamiento encuentra justificativo en el interés superior de los beneficiarios que en la generalidad de los casos vienen a ser los hijos del obligado, en la irrenunciabilidad del derecho y en la imprescriptibilidad de la obligación, de ahí por qué no existe un plazo de caducidad para su ejecución; no obstante cuando ya ha sido ejecutado, el orden legal ha establecido un límite al señalar en el art. 149 del CF concordante con el art. 11 de la LAPACOP que no puede: '…exceder del plazo máximo de seis meses, vencido el cual será puesto en libertad sin necesidad de constituir fianza, con el sólo compromiso juramentado de cumplir la obligación...'; respecto a lo cual la SC 0084/2007-R de 26 de febrero añadió que: '…lo que establece la norma prevista en el segundo párrafo, es la facultad de apremiar nuevamente a quien estuvo seis meses detenido y no cumplió su obligación, otorgándole la posibilidad a quien ha estado durante un tiempo largo detenido, de estar en libertad por igual periodo, con la finalidad de procurarse los medios para hacer frente a sus obligaciones hacer efectivo el crédito alimentario'. Asimismo, la ejecución está sujeta a garantías procesales que hacen al debido proceso.

En consecuencia, existen fundamentos constitucionales y legales que respaldan la primordialidad y su oportuno suministro, dada la finalidad de la asistencia familiar, y por lógica coherencia la medida coercitiva del apremio con facultad de allanamiento no sujeto a caducidad, con el único límite de que una vez ejecutado, la restricción a la libertad no es indefinida.

Aspectos procesales

Teniendo en cuenta que las normas deben responder a una realidad concreta, sucede lo propio en cuanto a la interpretación que se haga, dado que la misma no puede ser aislada o a espaldas de la realidad; por ello no es posible soslayar el aspecto procesal cotidiano en estrados judiciales, de tal manera que pese a ser el proceso de asistencia familiar de naturaleza sumaria se dan circunstancias ajenas a la voluntad como ser la falta de jueces, la carga procesal, y la morosidad de las gestiones administrativas, que hacen que el libramiento y ejecución del mandamiento de apremio, con o sin facultad de allanamiento, conlleve días que en la mayoría de los casos exceden las noventa seis horas, puesto que al ser a instancia de parte, quien provee el mismo es la parte interesada, y luego de firmado el mandamiento quien lo recibe de la Secretaría del Juzgado respectivo, es la misma parte procesal para luego llevarlo a la Policía Nacional, a objeto de que sea derivado a la Unidad respectiva y se asigne a un funcionario para su ejecución, o en su caso dependiendo de las circunstancias particulares y donde se ejecute, debe dirigirse a una autoridad policial o administrativa no impedida por ley, y posteriormente iniciar la búsqueda del destinatario de la orden de apremio; lo cual convierte a las noventa y seis horas de vigencia en un impedimento para la ejecución del mandamiento y por ende para el pago de la asistencia familiar, postergando la necesidad del o los beneficiarios. Por otro lado, da lugar a la evasión de la responsabilidad por parte del obligado quien valiéndose del corto plazo de vigencia del mandamiento de apremio, podría burlar el sistema judicial y temerariamente incumplir su obligación.

Cambio de línea jurisprudencial

Por los fundamentos expuestos precedentemente y sobre poniendo de relieve el interés superior y primordial de los niños, niñas y adolescentes, se deja sin efecto el entendimiento jurisprudencial asumido a partir de la SC 1575/2004-R; y en consecuencia se cambia en sentido de que:

El mandamiento de apremio con o sin allanamiento en asistencia familiar no tiene un plazo de caducidad, no obstante una vez ejecutado está sujeto a las normas establecidas por la ley especial.

No corresponde disponer un nuevo plazo de validez al mismo, dado que no está previsto por ley; sin embargo, a objeto de resguardar el equilibrio normativo y no dejar en incertidumbre al obligado, y dado que la materia familiar no puede ser subsumida a las normas penales por tener naturaleza jurídica, principios, fines y procedimientos diferentes; corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional que en este periodo de adecuación normativa de la legislación infraconstitucional a la constitucional, tome en cuenta estos aspectos y sea a través de una norma jurídica que se establezca el plazo de caducidad, de tal manera que la parte beneficiaria o quien deba ejecutar el mandamiento de apremio una vez que tenga en su poder esta orden, actúe con la debida responsabilidad y celeridad en causa propia y no desnaturalice el medio coercitivo legal en un medio de coerción personalísimo; para lo cual podría ser un referente el criterio de los seis meses de apremio, extensivo a los seis meses de validez de la orden o mandamiento respectivo. Aspectos que deben ser determinados por el referido órgano competente.”

III.4.        Análisis del caso

En el presente caso, conforme ha dispuesto la jurisprudencia precedentemente glosada, el mandamiento de apremio emitido por la Jueza Segunda de Partido y Sentencia de Villa Montes del Distrito Judicial de Tarija, ahora demandada, contra el accionante, se encontraba en plena vigencia a tiempo de ser ejecutado; así como también contaba con la permisión para su ejecución en todo el territorio nacional, pues de su contenido textual se extrae que la mencionada autoridad dirigió la orden: “(…)A la autoridad no impedida de la ciudad de Villa Montes y/o Estado Boliviano…” (sic) (el resaltado es añadido); máxime si del dimensionamiento de lo expuesto anteriormente, se concluye indubitablemente que las pensiones de asistencia familiar, son de interés social en cuanto benefician a niños, niñas y adolescentes, sector de la población que, al ser manifiestamente vulnerables, gozan de todas las prerrogativas legales y la protección que les otorga la Constitución Política del Estado y normas en vigencia, toda vez que del incumplimiento de esta obligación, podrían verse afectados los derechos de los beneficiarios a la alimentación, a la vivienda, a la educación y otros; por lo que, no se encuentra accionar lesivo del derecho a la libertad por parte de la demandada contra el accionante; principalmente si, conforme se dijo precedentemente, la causa de la privación de la libertad del accionante, es el incumplimiento en la satisfacción de la asistencia familiar, y que en aplicación del art. 149 con relación al 436 del Código de Familia, tiene como sanción el apremio corporal para su oportuno suministro; y su cumplimiento no puede ser diferido, bajo apercibimiento de apremio con allanamiento del domicilio de la parte obligada, en concordancia con los arts. 70 de la LAPCAF y 11 de la LAPACOP; en tal sentido, corresponde aplicar la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3.

Ahora bien, respecto a las presuntas lesiones al debido proceso cometidas por la autoridad demandada contra quien instauró la presente acción tutelar, es menester dejar claramente establecido que el accionante no ha demostrado fehacientemente que las mismas operasen como causa directa para la supresión o restricción de su derecho a la libertad.

En cuanto a la actuación del encargado de la carceleta de Villa Montes, Alberto Velasco Aguirre, codemandado, se evidencia que aquel cumplió con órdenes emanadas de autoridad judicial competente, motivo por el cual, no es pasible de sanción.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al declarar procedente la acción de amparo constitucional que se revisa, no ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 del 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 10 de febrero de 2010; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 11 de noviembre, cursante de fs. 30 a 31 vta., dictada por el Juez Primero de Partido y de Sentencia de Villa Montes del Distrito Judicial de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce  PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños MAGISTRADA

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO

 

 

 

 

 

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