La prueba en la cesación de detención preventiva - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

La prueba en la cesación de detención preventiva

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1031/2011-R

Sucre, 22 de junio de 2011

Expediente:2010-21681-44-AL

Distrito: La Paz

Magistrado Relator: Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Eulogio Condori Flores contra Blanca Alarcón de Villarroel y William Alave Laura, Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior; y, Celia Medrano Quevedo y David Rivas Gradin, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia de Achacachi provincia Omasuyos; todos del Distrito Judicial de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la acción

Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2009, cursante de fs. 14 a 17 vta., el accionante manifestó que:

 

I.1.1.Hechos que la motivan

 

Habiendo sido revocada la Resolución que determinó las medidas sustitutivas a su detención preventiva, se dispuso su detención preventiva, determinación que fue asumida posteriormente, al encontrarse por más de dos años, solicitó se le aplique medidas sustitutivas; sin embargo, no obstante haber presentado su certificado de permanencia y conducta y reiterado de acuerdo art. 239 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP) el único requisito que se exige para que proceda las medidas cautelares es la duración de más de dieciocho meses en calidad de detenido preventivo o más de veinticuatro meses sin que hubiera sentencia condenatoria y ejecutoriada, en su contra; pero las autoridades demandadas, no tomaron en cuenta el certificado de permanencia y conducta que acredita que como detenido preventivamente se encuentra por el tiempo ya señalado, en el penal de "San Pedro" de La Paz.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante estima vulnerados sus derechos de libertad física, de locomoción, a la vida, y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15, 22, 23, 109.I; 115.I y II, 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3.Petitorio

Solicitó se declare "procedente" la tutela, teniendo su petición la finalidad de recobrar su libertad, dignidad y derecho a vivir.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2009, según consta en el acta que cursa de fs. 44 a 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción de Libertad

El accionante ratificó la acción de libertad planteada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

El Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Achacachi mediante informe cursante de fs. 28 a 32; indico que:

 

a)En principio las medidas sustitutivas de que gozaba el accionante fueron revocadas por incumplir con la presentación al Juzgado Mixto y cautelar de Puerto Acosta y por no presentar los garantes que se le había ordenado.

 

b)Las pruebas que presentó el accionante ante el Tribunal de Sentencia de Achacachi, para fundar su solicitud de cesación de la detención preventiva, son únicamente recetas de un oculista, que no prueban el tiempo en que este se encontraba en detención preventiva y no ha desvirtuado los peligros procesales que fundaron la medida de detención, ya que no ha demostrado tener domicilio, familia y trabajo

 

Los Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, a su vez informaron lo siguiente (fs. 40 a 43).

 

1)Al haber presentado únicamente prueba consistente en recetas de médico oculista no es atinente al presente caso.

 

2)A "fs. 142" del expediente original el accionante no ofrece prueba alguna para fundar la apelación incidental que planteó y expresó que los Vocales en apelación no pueden valorar prueba que no ha sometido al proceso contradictorio, vulnerando la igualdad de las partes en proceso penal.

 

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz constituida en Tribunal de garantías, declaró "improcedente" la acción de libertad bajo los siguientes fundamentos: i) Una vez revocadas las medidas sustitutivas que gozaba el accionante por el Juez cautelar de Puerto Acosta, el ahora accionante es detenido preventivamente desde el 11 de septiembre de 2007, en el penal de "San Pedro"; ii) Habiendo solicitado el accionante cesación de su detención preventiva por haber transcurrido más de dieciocho meses sin que se hubiera dictado sentencia en su contra, ésta fue rechazada por no haber desvirtuado con nuevos elementos de convicción los motivos que provocaron su detención preventiva, tales como documentos que acrediten tener domicilio, familia constituida y una actividad a la cual se va a dedicar, sólo presentó recetas médicas; iii) En apelación fue confirmada la Resolución de rechazo de la cesación a la detención preventiva por no haberse presentado el certificado de permanencia del recinto penitenciario sobre el tiempo de detención preventiva del imputado; y, IV) Las sentencias que sólo exigían el transcurso del plazo de dieciocho meses sin sentencia o veinticuatro meses sin que exista sentencia ejecutoriada contra el procesado fueron moduladas por otras que se emitieron con posterioridad.

 

I.3.Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

 

Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal por Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de enero se procedió a la reanudación del sorteo de causas, por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

II.1. La Resolución que rechaza la cesación de la detención preventiva establece que el accionante no ha presentado prueba suficiente que funde la cesación de la detención preventiva con relación al art. 239 inc. 3) del CPP (fs. 10 a 12).

II.2. El Auto que resolvió el recurso de apelación planteada, confirmó el rechazo de la cesación de la detención preventiva (fs 38 a 39).

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante manifiesta que sus derechos a la libertad física y de locomoción fueron vulnerados, por cuanto, no obstante haber acreditado estar privado de libertad por más de veinticuatro meses sin tener sentencia ejecutoriada, las autoridades demandadas le han denegado su libertad sin considerar la prueba por él presentada. Corresponde en revisión, analizar si es viable o no, otorgar la tutela solicitada.

III.1.        La prueba en la cesación de la detención preventiva

De acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal, la facultad de valoración de la prueba, por regla general, corresponde al órgano jurisdiccional ordinario a cargo del mismo, así la SC 0577/2002-R de 20 de mayo, señaló: "…la facultad de valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes"; sin embargo, como excepción a esa regla la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, precisó lo siguiente: "…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma".

Ahora bien, ingresando al plano específico de la carga de la prueba en el trámite de cesación de la detención preventiva, corresponde señalar que la presunción de inocencia se encuentra garantizada por los arts. 116.1 de la CPE, y 6 del CPP, y deriva de ella la favorabilidad interpretativa y normativa, agrupada en conjunto bajo el principio "in dubio pro reo", siendo una de las manifestaciones normativas, la contenida en el art. 363.1 del CPP, en sentido que cuando no se pruebe la acusación se debe dictar sentencia absolutoria (art. 363.1 CPP); sin embargo, tal entendimiento encuentra salvedades, según la cuales el imputado, es decir, la parte acusada, debe probar los extremos o fundamentos de sus pretensiones para lograr que la decisión que corresponda le sea favorable a diferencia de lo que sucede con la sentencia que ante la sola duda razonable debe ser absolutoria.

Una de esas excepciones es precisamente el trámite de la cesación de la detención preventiva, emergente de la solicitud efectuada en ese sentido al amparo del art. 239.1 del CPP, caso en el cual deberá probar la concurrencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron la detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; ese ha sido el criterio de este Tribunal que en la SC 0880/2007-R de 12 de diciembre, sintetizando la jurisprudencia previa señaló: "…el art. 239 de esa norma procesal otorga a la persona detenida la facultad de solicitar la cesación de dicha medida, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y siguientes del CPP).

Dentro de ese contexto, la jurisprudencia de este Tribunal contenida en las SSCC 0227/2004-R, 0320/2004-R, entre otras, ha establecido que "Cuando el juez o tribunal deba resolver una solicitud de cesación de la detención preventiva amparada en la previsión del art. 239.1 del CPP, ésta debe ser el resultado del análisis ponderado de dos elementos: i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho.

Debiendo, en consecuencia el imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o tornen conveniente que sea sustituida por otras medidas" (negrillas agregadas).

III.2.        El caso analizado

Del memorial de demanda cursante en obrados se tiene la afirmación del accionante en sentido que habiendo transcurrido más de veinticuatro meses desde que se produjera su detención preventiva, sin que hasta el momento de la formulación de la acción se haya dictado en su contra sentencia ejecutoriada, por lo que al amparo del art. 239 inc. 3) del CPP, solicitó la cesación de su detención preventiva que fue rechazada por el Tribunal de Sentencia de Achacachi, no obstante haber presentado los certificados de conducta y permanencia en el recinto carcelario; ante dicha denegatoria formuló recurso de apelación que resuelto por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, determinó la improcedencia del mismo, al advertir en el legajo, la inexistencia de fotocopia del certificado de permanencia en recinto carcelario, confirmando así la denegatoria a su solicitud.

Sin embargo, en el marco de la jurisprudencia glosada en esta Sentencia, deben considerarse dos aspectos: Por una parte, que correspondía al accionante acreditar su solicitud de manera fehaciente ante la instancia jurisdiccional ordinaria competente, a efecto que esa instancia, en conocimiento de los elementos de convicción que demuestren la inexistencia de peligro de fuga y obstaculización en la averiguación de la verdad, además de tener domicilio permanente, familia y actividad lícita; pero no lo hizo, incumpliendo con la carga de la prueba que -como se dijo- excepcionalmente le correspondía en la sustanciación del incidente de cesación de la detención preventiva.

El Código de Procedimiento Penal (CPP), con el propósito de evitar que la detención preventiva impuesta como medida cautelar de carácter personal se convierta en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas a las que el Estado, por disposición constitucional, les reconoce su condición de inocencia en tanto no pese en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, el art. 239 de esa norma procesal, otorga a la persona detenida la facultad de solicitar la cesación de dicha medida, previo cumplimiento de las exigencias establecidas por ley, a cuyo efecto, es la misma ley adjetiva la que establece las causales para su procedencia (art. 239 del CPP) y los requisitos y formas en las que será concedida (art. 240 y ss. del CPP).

La contrapartida de la detención preventiva se traduce en la solicitud, trámite y resolución de la subsistencia, o en las gestiones realizadas para lograr la cesación de la misma; cualquiera de tales situaciones merece el pronunciamiento expreso y concreto del juez que, para el efecto, celebra audiencia pública, oral y contradictoria en la que el impetrante de la solicitud de cesación de la detención preventiva debe argumentar y fundamentar su pretensión con basamentos jurídicos sólidos y nuevas pruebas capaces de desvirtuar las que fundaron tal detención. Esa prueba debe ser valorada en su conjunto conforme las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando de manera adecuada, los razonamientos que conducen a conferir tal o cual valor a esos elementos de convicción. Por tanto corresponde al juez de instrucción definir la situación procesal del detenido, para cuyo efecto debe fundamentar en derecho la resolución a emitir.

Toda vez que el accionante oportunamente no demostró tener un domicilio establecido, una familia constituida, ni una actividad lícita a la cual iba a dedicarse, como tampoco acreditó el por qué de su inconcurrencia cuando gozaba del beneficio de la cesación de la detención preventiva, ni justificó el incumplimiento de las medidas sustitutivas impuestas por el Juez cautelar.

Se concluye de manera irrefutable que incumplió los requisitos. Se concluye que las autoridades demandadas no se han apartado de los pasos de razonabilidad y equidad, compulsando válidamente la insuficiente prueba aportada por el accionante.

Consecuentemente, las autoridades demandadas al exigir la carga de la prueba, a efecto de determinar la procedencia de la solicitud de cesación de detención preventiva, no incurrieron en ilegalidad alguna.

En tal sentido, se concluye que el Tribunal de garantías, al declarar "improcedente" la acción de libertad, aunque usando la terminología errada, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 653/09 de 28 de septiembre de 2009, cursante de fs. 47 a 49, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur MAGISTRADO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños MAGISTRADA

 

 

 

 

 

 

 

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