Penal. Desestimación de Querella, corrección o repetición ante juez distinto. Poder Notarial . - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Penal. Desestimación de Querella, corrección o repetición ante juez distinto. Poder Notarial .

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1555/2010-R

Sucre, 11 de octubre de 2010

Expediente: 2008-17238-35-RAC

Distrito: Santa Cruz

Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez

 

En revisión la Resolución 67 de 17 de diciembre de 2007, cursante de fs. 66 a 67, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional, interpuesto por David Ioil Martishev contra Teresa Vera Cañellas de Gil, Teresa Lourdes Ardaya y Jacinto Morón Sánchez, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, citando al efecto los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).

 

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido del recurso

 

I.1.1.Hechos que motivan el recurso

 

Por memorial presentado 26 de noviembre de 2007, cursante de fs. 53 a 59 vta., el recurrente manifiesta que el Auto de Vista 68 del 4 de mayo de 2007, el cual ha sido emitido por los Vocales recurridos, mediante el que declaran admisible y procedente la apelación planteada por el imputado Juan Deterlino Galvez Pardo contra el Auto motivado dictado por el Juez Segundo de Sentencia, Misael Salguero Palma; y, deliberando en el fondo disponen el archivo de obrados por tratarse de una repetición de querella al no haberse subsanado los defectos anteriormente observados.

 

El recurrente alega lo siguiente: a) Los recurridos no consideraron que el querellado fue notificado válidamente con el acta de audiencia de objeción de la querella, el 12 de abril de 2007 y que planteó apelación incidental el 16 de abril del mismo mes y año, fuera del plazo y forma previstos por el art. 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que la afirmación de que fue interpuesta dentro de término, es errónea y al resolver en el fondo el recurso, desconocen los arts. 404, 403.5, 160 y 396.3 del CPP; b) Su querella cumplió con todos los requisitos previstos por el art. 290 del citado Código, detallándose que el delito de calumnia fue cometido por Juan Deterlino Galvez mediante “mecanografiado presentado ante el INRA-SCZ” el 24 de enero de 2005, por lo que su querella debió ser admitida y no archivada; c) En la querella se expresan textualmente expresiones calumniosas manifestadas por el querellado, palabras que se subsumen en el tipo penal de calumnia, por lo que no son evidentes las razones por las que los demandados le impiden acceder al órgano jurisdiccional, cuyo Auto de Vista no contiene ni siquiera una debida fundamentación y deriva de una serie de imprecisiones fácticas que conllevan a la aplicación irrazonada del hecho vigente; d) El poder notarial 76/2007, otorga al recurrente facultades para ejercer la presente acción penal y continuar el proceso hasta su conclusión mediante sentencia, por lo que la afirmación al respecto realizada en el Auto de Vista impugnado resulta equivocada; y, e) La apreciación de que el nuevo abogado patrocinante no habría señalado morada procesal es un error patente debido a que Juan Mario Bravo Román fue copatrocinante junto con Erwin Viera Mejía, por lo que la morada procesal ubicada en av. Uruguay 170, 1º piso, of. 3, se mantenía incólume a los efectos citatorios y notificatorios.

 

I.1.2.Derecho y garantía supuestamente vulnerados

 

El recurrente denuncia la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica y la garantía al debido proceso, citando al efecto los arts. 7 inc. a) y 16.II y IV de la CPEabrg.

 

I.1.3.Autoridades recurridas y petitorio

 

Plantea recurso de amparo constitucional contra Teresa Vera Cañellas de Gil, Teresa Lourdes Ardaya y Jacinto Morón Sánchez, Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, solicitando se conceda la tutela constitucional disponiendo la nulidad del Auto de Vista 68 de 14 de mayo de 2007, y pronuncien otro ajustándose a los derechos y garantías constitucionales conculcados, con multa, daños y perjuicios.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

En la audiencia pública celebrada el 17 de diciembre de 2007, cuya acta cursa a fs. 62 a 66, con la asistencia de la defensa técnica del recurrente, se suscitaron las siguientes actuaciones:

 

I.2.1.Ratificación y ampliación del recurso

 

El abogado del recurrente reiteró su recurso y ampliando señaló lo siguiente: 1) Los afectados recién presentaron su recurso de apelación el 16 de abril de 2007, después de cuatro días de haber sido notificados con la Resolución que deniega la querella, por lo que debió haber sido rechazado por extemporáneo, al no aplicarse la norma como está escrita, se vulneró el derecho de su defendido a la seguridad jurídica; 2) Vulneran también su derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa al señalar en el Auto impugnado que la apelación fue presentada dentro el término previsto por el art. 404 del CPP, mención que no indica que exista fundamentación; 3) Se cumplieron los seis requisitos previsto por el art. 290 del Código de Procedimiento Civil (CPC) para ser admitida, no permitiéndoseles ser oídos en juicio; 4) El Auto de Vista no se ajusta en derecho, por lo tanto también se viola el derecho a la debida fundamentación, porque no está debidamente argumentado, de la misma forma se vulnera el derecho a la tutela judicial o efectiva o eficaz prevista por la norma constitucional; y, 5) En cuanto al poder notarial que los recurridos señalan que no le otorgaba facultades al recurrente para ejercer la acción penal y continuar el proceso hasta su conclusión mediante sentencia, los recurridos incurren en un error patente lesivo.

 

I.2.2.Informe de las autoridades recurridas

Pese a su legal notificación las autoridades recurridas no presentaron informe escrito ni oral.

I.2.3. Resolución

Por Resolución 67 de 17 de diciembre de 2007, cursante de fs. 66 a 67, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, concedió el amparo constitucional, disponiendo la anulación del auto de Vista de 14 de mayo de 2007 y ordenando a la Sala recurrida, emitir un nuevo Auto de vista ajustándose a lo expuesto y fundamentado en la presente Resolución, sin responsabilidad civil ni penal para las autoridades recurridas, con el siguiente fundamento: i) De la revisión de la querella interpuesta por David Ioil Martishev, se constata que el querellante señala la forma en que Juan Deterlino Galvez Pardo incurrió en los delitos de injuria y calumnia en su contra y se detalla las expresiones vertidas de áquel contra el querellante; ii) Ioil Martishev confiere poder notarial 0076/2007 de 25 de enero, por el que en forma precisa y específica se faculta a David Ioil Martishev para que éste se querelle penalmente contra Juan Deterlino Galvez Pardo por los delitos de calumnias e injurias; iii) En el escrito de querella presentado, el causídico señala morada procesal en el bufete del abogado patrocinante; y, iv) Se llega a establecer que la querella cumple con los requisitos previstos por el art. 90 del CPP, al no haberlo reconocido así las autoridades recurridas, han incurrido en error al declarar admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por Juan Deterlino Galvez Pardo.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

 

Debido a la ausencia de Magistrados, quedaron en espera las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, hasta la designación de nuevas autoridades.

 

En virtud de dicho nombramiento, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. En consecuencia, se sorteó el expediente el 17 de agosto de 2010; razón por la cual, la presente Resolución es dictada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1.Del testimonio de poder 0076/2007 de 25 de enero, se evidencia que Ioil Martishev confiere poder especial, bastante y suficiente a favor de David Ioil Martishev para que en nombre y representación de su persona, acciones y derechos se querelle penalmente contra Juan Deterlino Galvez Pardo por los delitos de calumnia e injuria hasta la ejecución de la sentencia (fs. 1).

II.2. David Ioil Martishev, Ioil Martishev y Moises Barsukoff por memorial de 5 de enero de 2007, formulan acusación particular contra Juan Deterlino Galvez Pardo por la comisión de los delitos de calumnias e injurias, adjuntando al efecto el memorial presentado por Juan Deterlino Galvez Pardo ante el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el 14 de enero de 2005 (fs. 4 a 15 vta.).

II.3. Por Auto de 16 de enero de 2007, el Juez Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, desestima la querella planteada por David Ioil Martishev, Ioil Martishev y Moisés Barsukoff por los delitos de calumnia e injuria (fs. 16 vta.).

II.4. David Ioil Martishev en representación de Ioil Martishev por memorial de 30 de enero de 2007 se querella penalmente contra Juan Deterlino Galvez Pardo por el delito de calumnia cometido mediante mecanografiado, memorial suscrito por los abogados Erwin Viera Mejía y Juan Mario Bravo Román, señalando en el otrosí tercero su morada procesal situada sobre la av. Uruguay 270 -1er. piso, Of. 3, la que es admitida mediante Auto de 5 de febrero de 2007, por el Juez Segundo de Sentencia de Santa Cruz (fs. 18 a 20).

II.5. Mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2007, Juan Deterlino Galvez Pardo formula objeción de querella por incumplimiento de requisitos de admisibilidad de la misma y la personería del querellante, señalándose audiencia para resolver dicha objeción de la admisión de querella, a la que asiste solamente el querellante y no así el imputado. Posteriormente se vuelve a señalar nuevas audiencias de conciliación fijadas para el 12 de abril del referido año, en la que el Juez Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, declara sin lugar el incidente de objeción a la admisibilidad de la querella, correspondiendo continuar con el trámite del proceso, haciendo saber a las partes que de acuerdo al art. 403 inc.5) del CPP, tienen el derecho de recurrir de apelación incidental ante el tribunal superior en el plazo de tres días quedando notificadas en sala (fs. 22 a 27; 29 a 30; 36, 34 y 35).

II.6. El abogado Erwin Viera Mejía el 22 de marzo de 2007, otorga el pase profesional a David Ioil Martishev dentro de la acusación particular por el delito de calumnia seguida contra Juan Deterlino Galvez Pardo (fs. 28).

II.7. Juan Deterlino Galvez Pardo por memorial presentado el 16 de abril de 2007, formula apelación incidental contra la Resolución de 12 de abril del citado mes y año, por el que rechaza el incidente de objeción a la admisibilidad a la querella (fs. 37 a 41).

II.8. Los Vocales recurridos por Resolución 68 de 14 de mayo de 2007, declaran admisible y procedente la apelación planteada por Juan Deterlino Galvez Pardo contra el Auto motivado dictado por el Juez Segundo de Sentencia en lo Penal del Distrito Judicial de Santa Cruz y deliberando en el fondo, en aplicación del art. 291 del CPP, disponen el archivo de obrados al tratarse de una repetición de querella y al no haberse subsanado los defectos anteriormente observados (fs. 48 y 49 vta.).

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente, ahora accionante, señala como vulnerados sus derechos al debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que los Vocales recurridos, hoy demandados declararon admisible y procedente la apelación planteada por el imputado Juan Deterlino Galvez Pardo contra el Auto motivado dictado por el Juez Segundo de Sentencia, disponiendo el archivo de obrados por tratarse de una repetición de querella y al no haberse subsanado los defectos anteriormente observados, sin considerar que el querellado planteó la apelación incidental fuera del plazo y forma previstos por el art. 404 del CPP, que su querella cumplió con todos los requisitos previstos por el art. 290 del referido Código; así, se señala textualmente las expresiones calumniosas manifestadas por el querellado, palabras que se subsumen en el tipo penal de calumnia; el poder notarial 76/2007 le otorga facultades para ejercer la presente acción penal y continuar el proceso hasta su conclusión y la morada procesal fue señalada. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyeren actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del accionante a fin de otorga o negar la tutela solicitada.

III.1.        Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad

Antes de desarrollar la argumentación jurídica conveniente al caso concreto; previamente, es imperante referirse a la uniforme jurisprudencia que este Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera uniforme a partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo y todas las posteriores, en ese contexto, debe establecerse que la Constitución Política del Estado, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es de aplicación directa a las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su carácter de norma suprema del orden jurídico y que además se encuentra debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque de constitucionalidad debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, entre otras.

III.2.        Armonización de términos procesales-constitucionales

Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 19, norma el “recurso de amparo constitucional”. De manera más amplia y garantista los arts. 128 al 129 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), reglamentan la llamada “acción de amparo constitucional”, sin que en esencia esta nueva norma altere el “núcleo esencial” de este mecanismo procesal.

En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino más bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.

El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.

Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; por tal razón es pertinente señalar que en virtud a la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, por lo cual, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional, en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada “accionante”, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada “autoridad demandada”, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de amparo constitucional.

Asimismo, en caso de otorgarse la tutela constitucional a través del recurso de amparo constitucional, se “concederá” la misma, caso contrario la acción será “denegada”.

Según la SC 0119/2010-R de 10 de mayo, refiere que: “En los casos en que no sea posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada se mantendrá la denegatoria, haciéndose constar tal situación, dado que el accionante puede nuevamente interponer la acción tutelar, siempre y cuando, cumpla con los requisitos de admisibilidad”.

III.3.        Sobre las causas de desestimación a la querella

El Código Penal adjetivo, establece en el art. 290, cuál es el contenido que debe cumplir la querella, requisitos que son:

“1)            El nombre y apellido del querellante;

2)              Su domicilio real y procesal;

3)              En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su representación legal;

4)              La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos;

5)              El detalle de los datos o elementos de prueba; y,

6)              La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra”.

Por su parte el art. 375 del CPP, señala que: “…quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación ante el juez de sentencia por sí o mediante apoderado especial…”, teniendo en cuenta que dicha autoridad es competente para ese tipo de trámite conforme el art. 53 inc. 1) del mismo Código, autoridad que de acuerdo al art. 376 del CPP, podrá desestimar la querella mediante auto fundamentado siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

1)              El hecho no esté tipificado como delito;

2)              Exista necesidad de algún antejuicio previo; o,

3)              Falte alguno de los requisitos previstos para la querella.

III.4.        Respecto a la valoración de la prueba

La jurisprudencia constitucional ha señalado de manera uniforme que a esta jurisdicción no le corresponde revisar los documentos aportados dentro de un proceso ordinario y menos valorar la prueba que ya fue analizada en dicha jurisdicción, por cuanto esa labor es de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios (SSCC 0577/2002-R, 1148/2003-R y 0023/2006).

Al respecto la SC 1148/2003-R de 14 de agosto, señaló que: “…el amparo ha sido instituido como un medio extraordinario para solicitar la protección y restitución de los derechos y garantías fundamentales. Para este efecto, el Constituyente también ha creado la jurisdicción constitucional que la ejerce este Tribunal, que bajo ningún concepto puede, en materia de amparo, sustituir la competencia otorgada a la jurisdicción ordinaria. Por ello, cuando una persona, pretenda acudir a esta jurisdicción para denunciar actos ilegales y omisiones indebidas dentro de un proceso sustanciado ante la jurisdicción ordinaria, primero no sólo deberá agotar los medios ordinarios en esta misma, luego a tiempo de demandar la tutela, deberá excluir de sus pretensiones las cuestiones de fondo del proceso, vale decir, que no deberá plantear un recurso de amparo con el objeto de que en esta jurisdicción se compulse que su demandante no tiene la razón, que los documentos en los que funda su pretensión no son idóneos o que están viciados de nulidad, pues esto, no está dentro del ámbito de acción que tiene este recurso, de modo que no puede emitirse criterio alguno sobre tales alegatos, sino únicamente se podrá compulsar si dentro del proceso se han respetado las normas de la garantía del debido proceso, o que por la inobservancia de estas se han lesionado otros derechos de carácter fundamental” .

Sin embargo, existen excepciones a la valoración de la prueba, así la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, ha señalado que: “…siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.

Conforme a la jurisprudencia precedentemente glosada, sólo en los casos de valoración irrazonable de la prueba o si se hubiere omitido la valoración de algún elemento probatorio, es posible que la jurisdicción constitucional revise la valoración efectuada por los jueces y tribunales ordinarios.

III.5.        Del caso de análisis

En la problemática planteada, la accionante denuncia que los Vocales demandados declararon admisible y procedente la apelación planteada por el imputado Juan Deterlino Galvez Pardo contra el Auto motivado dictado por el Juez Segundo de Sentencia, disponiendo el archivo de obrados por tratarse de una repetición de querella y al no haberse subsanado los defectos anteriormente observados, sin considerar que el querellado planteó la apelación incidental fuera el plazo y forma previstos por el art. 404 del CPP, que su querella cumplió con todos los requisitos previstos por el art. 290 del referido Código, que en la querella se expresan textualmente las expresiones calumniosas manifestadas por el querellado, palabras que se subsumen en el tipo penal de calumnia, el poder notarial 76/2007, le otorga facultades para ejercer la presente acción penal y continuar el proceso hasta su conclusión y la morada procesal fue señalada.

De los antecedentes que conforman el legajo permiten establecer que Ioil Martishev confirió poder especial, bastante y suficiente en favor de David Ioil Martishev para que en nombre y representación de su persona, acciones y derechos, se querelle penalmente contra Juan Deterlino Galvez Pardo por los delitos de calumnia e injuria hasta la ejecución de la sentencia y que por Auto de 16 de enero de 2007, el Juez Cuarto de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, desestimó la querella planteada por David Ioil Martishev, Ioil Martishev y Moisés Barsukoff por los delitos de calumnia e injuria contra Juan Deterlino Galvez Pardo por no subsumir la conducta a los elementos configurativos de cada uno de los delitos, con relación a los delitos de calumnias e injurias debe existir la descripción precisa de las palabras o términos concretos expresados por el presunto autor, de que forma le afectan a la víctima y la consideración de la forma en que se subsumen a un tipo penal específico establecido en el Código Penal, con el curso causal respectivo hacia el daño causado en el bien jurídico protegido por esa norma y con referencia a la calumnia se debe indicar en concreto de cual o qué delitos se le acusa falsamente a quién se considere víctima, advirtiéndoles a los interesados que pueden repetir la querella corrigiendo los defectos indicados.

En ese entendido, David Ioil Martishev en representación de Ioil Martishev vuelve a plantear querella penal contra Juan Deterlino Galvez Pardo por el delito de calumnia, la que es admitida por Auto de 5 de febrero de 2007, por el Juez Segundo de Sentencia del Distrito Judicial de Santa Cruz; formulando Juan Deterlino Galvez Pardo objeción de querella por incumplimiento de requisitos de admisibilidad de la querella y la personería del querellante, la que es declarada sin lugar al incidente, Resolución de 12 de abril de 2007, que fue apelada, y consecuentemente es declarada admisible y procedente por los Vocales demandados mediante Resolución de 14 de mayo de 2007, y deliberando en el fondo en aplicación del art. 291 del CPP, disponen el archivo de obrados al tratarse de una repetición de querella y al no haberse subsanado los defectos anteriormente observados, con el siguiente fundamento: a) El Juez inferior al rechazar la objeción de querella a procedido en forma incorrecta y sin tomar en cuenta lo determinado por el art. 290 inc. 4) del CPP, porque la parte querellante no realizo la relación circunstanciada de los hechos querellados, haciendo una simple mención referencial de los delitos en los que ha su criterio habría incurrido el imputado, sin detallar ni especificar en qué forma se habría cometido el delito, en el caso de delitos contra el honor el querellante debe realizar una descripción precisa de las palabras o términos concretos expresados por el presunto autor, de qué forma le afectan a la víctima y como se subsume la conducta a un tipo penal; b) El poder notarial 76/2007, no cumple con los requisitos exigidos por el art. 804 y ss. del Código Civil (CC) y art. 58 del CPC, con relación al art. 81 del CPP, porque no le otorga las facultades para ejercer la presente acción penal y continuar el proceso hasta su conclusión mediante sentencia; y, c) Tampoco ha cumplido con lo establecido por el art. 290 inc. 2) del CPP, ya que el nuevo abogado patrocinante, Juan Mario Bravo en su memorial de apersonamiento, luego de otorgar el pase al anterior abogado, no señaló domicilio procesal.

Ahora bien, se debe precisar que si bien de acuerdo a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia, al Tribunal Constitucional no le corresponde revisar los documentos aportados dentro de un proceso ordinario, y menos valorar la prueba que ya fue analizada en dicha jurisdicción; empero, una de las excepciones previstas para esa limitación es la valoración irrazonable de la prueba, que es lo que ha acontecido en el caso analizado.

Si bien una de las causales para desestimar la querella mediante Auto motivado, es la falta de uno de los requisitos de la misma que se encuentran señalados en el art. 290 del CPP; empero, esta situación no aconteció en el caso analizado, por lo siguiente: 1) El querellante señala la forma en que Juan Deterlino Galvez Pardo incurrió en la calumnia contra David Ioil Martishev y se detalla las expresiones vertidas por aquel contra este; 2) Del testimonio de poder 0076/2007 de 25 de enero, otorgado por Ioil Martishev a favor de David Ioil Martishev para que en nombre y representación de su persona, acciones y derechos se querelle penalmente contra Juan Deterlino Galvez Pardo por los delitos de calumnia e injuria hasta la ejecución de la sentencia, mismo que: es especial, bastante y suficiente; y, 3) El abogado patrocinante, Juan Mario Bravo Román señala su morada procesal por memorial de 30 de enero de 2007, domicilio procesal situado sobre la av. Uruguay 270 -1er. piso, Of. 3 y 4. La apelación a la Resolución de la objeción a la querella se presentó dentro del plazo establecido por ley, porque si bien interpuso la apelación el 16 de abril, los tres días se computan hasta el 16 de abril de ese año, teniendo en cuenta que el 15 del referido mes y año, era día inhábil y los plazos sólo se computan en días hábiles de conformidad a lo dispuesto por el art. 130 del CPP.

Consecuentemente, se constata que la querella presentada por David Ioil Martishev en representación de Ioil Martishev, mediante memorial de 30 de enero de 2007, cumple con todos los requisitos establecidos por el art. 290 del CPP, por lo que los Vocales demandados al declarar admisible y procedente la apelación planteada por Juan Deterlino Galvez Pardo contra el Auto motivado dictado por el Juez Segundo de Sentencia y deliberando en el fondo, al disponer el archivo de obrados, no realizaron una correcta valoración razonable a la prueba adjunta y de las normas procesales contenidas en los arts. 290 y 376 inc. 3) del CPP y con su omisión, se lesionó los derechos del accionante al debido proceso.

Por consiguiente, se constata que el Tribunal de garantías, al haber concedido el recurso, ahora acción de amparo constitucional, ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales, así como una correcta aplicación del art. 19 de la CPEabrg, ahora art. 128 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución 67 de 17 de diciembre de 2007, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDE la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No intervienen los Magistrados Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés, por haber sido declarado en comisión y el Magistrado Dr. Ernesto Félix Mur, por ser de voto disidente.

Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce PRESIDENTE

Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez DECANO

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños MAGISTRADA

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