Penal: Dilación indebida en trámite de apelación abre competencia en la Acción de Libertad - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Penal: Dilación indebida en trámite de apelación abre competencia en la Acción de Libertad

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1923/2011-R

Sucre, 28 de noviembre de 2011

Expediente: 2011-23147-47-AL

Distrito: La Paz

Magistrada Relatora: Dra. Eve Carmen Mamani Roldán

 

En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de libertad, interpuesta por Hugo Paz Lavadenz contra William Alave Laura y Ramiro López Guzmán, Vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la acción

 

Por memorial presentado el 11 de enero de 2011, cursante de fs. 38 a 54, el accionante, asevera lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que la motivan

 

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, el Fiscal del caso emitió imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de terrorismo, así también solicitó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, el 13 de octubre de 2010, en audiencia de medidas cautelares, sin fundamentación alguna, el referido Fiscal, modificó su petición, pidiendo se aplique la medida de detención preventiva, dándose curso a la misma mediante Resolución 558 de 13 de octubre de 2010.

 

Dentro del plazo legal, se interpuso el recurso de apelación incidental, radicando la causa en la Sala Penal Tercera, la misma que, por Decreto de 15 de noviembre del mismo año, observa las notificaciones en el trámite de apelación y dispone la devolución al juzgado de origen. Subsanado el tema, se señaló audiencia de fundamentación oral para el 14 de diciembre de 2010; empero, la misma se suspendió por inasistencia de uno de los Vocales, ante lo cual, se señaló nueva audiencia para el 22 de diciembre del mismo año, la misma que se volvió a suspender por requerimiento del Ministerio de Gobierno, indicándose nueva audiencia para el 6 de enero de 2011, la que se suspendió por estar de viaje el Dr. William Alave.

 

En consecuencia, denuncia que, desde el 15 de octubre de 2010, no se resuelve su apelación incidental sobre aplicación de medidas cautelares.

 

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerada

 

El accionante, arguye como vulnerada la garantía judicial al debido proceso: a) En la tramitación de la medida cautelar; y, b) En el plazo razonable que derivan en una detención ilegal; derecho a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 8.2 y 125-127 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

I.1.3. Petitorio

 

Con los antecedentes expuestos, plantea acción de libertad; pidiendo se otorgue la tutela, disponiendo su libertad y la corrección de procedimiento, la nulidad del Auto de 13 de octubre de 2010 y, en su defecto, se reparen los defectos procesales, debiendo conminar a las autoridades demandadas a que en el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), señalen audiencia para resolver la apelación incidental.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 14 de enero de 2011, según consta del acta cursante de fs. 117 a 122, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El accionante a través de su abogado, ratificó los extremos de su acción.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Las autoridades demandadas, presentaron informe escrito conjunto que corre de fojas 79 a 81, indicando lo siguiente: Dentro el proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público y querella del Ministerio de Gobierno contra Hugo Paz Lavadenz y otros por el supuesto delito de terrorismo, alzamiento armado y otros, una vez radicado en la Sala Penal Tercera, se emitió el proveído de señalamiento de audiencia para el 14 de diciembre de 2010, la misma que fue suspendida debido a que el ahora accionante, solicitó nuevo señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar personal, por lo que se señaló nueva audiencia para el 22 del mismo mes y año, la que también se suspendió por solicitud del abogado apoderado del Ministerio de Gobierno, posponiéndose para el 6 de enero de 2011, empero, el accionante en esa oportunidad no solicitó aclaración o enmienda y recién la realiza al día siguiente sin haber usado medio de defensa legal alguno, señalados a partir del art. 125 del CPP; por lo que, se ratificó el señalamiento. Esta audiencia, también se suspendió debido a que uno de los magistrados componentes de la Sala estuvo ausente. Posteriormente, a solicitud del Fiscal del caso por estar gozando de sus vacaciones hasta el 20 de enero del año en curso, solicitó se suspenda hasta su retorno, razón por la que se señaló audiencia, para el 21 de enero de 2011, decisión que se encuentra regulada por el art. 109 de la CPE; consecuentemente, las suspensiones se encuentran debidamente justificadas. Por otro lado, el accionante si bien está detenido, su detención obedece a la disposición de una autoridad competente y su vida no se encuentra en peligro, no está siendo perseguido indebidamente y no existe restricción a sus derechos, y existiendo una fecha para resolver la apelación contra las medidas cautelares, se debe considerar la subsidiariedad.

 

I.2.3. Resolución

 

Mediante Resolución 43/2011 de 14 de enero, cursante de fs. 123 a 127, la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, declaró “improcedente” la acción de libertad interpuesta, en cuanto a la solicitud de resolver en el fondo la apelación cautelar interpuesta por el principio de subsidiariedad; y, se concede la tutela respecto a la dilación o demora en la tramitación de la causa en base a la SC 0968/2010, disponiendo que la Sala Penal Tercera resuelva la indicada apelación en el plazo de tres días, conforme el art. 251 del CPP.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

 

Mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal a través de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas.

 

II. CONCLUSIONES

 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal, se establece lo siguiente:

 

II.1.De fs. 1 a 10, corre el exhorto suplicatorio expedido por el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, para que se notifique con el proceso penal a instancia del Ministerio Público al ahora accionante.

 

II.2.Por memorial de 27 de octubre de 2010, el accionante solicitó se eleve apelación de medida cautelar personal (fs. 11 y vta.). Mediante memorial de 14 de diciembre del mismo año, el accionante pide nuevo señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar personal (fs. 12 y vta.).

 

II.3.El accionante, a través de memorial de 23 de diciembre, solicita al Tribunal (demandado), corrección de procedimiento al amparo del art. 168 del CPP, respecto al señalamiento de la audiencia que superó los 15 días, debiendo ser tan solo tres días, conforme lo establece el art. 251 del CPP (fs. 13 y vta.).

 

II.4.Por proveído de 15 de diciembre de 2010, la Sala Penal Tercera, señala audiencia para considerar la apelación incidental de medidas cautelares para el 22 del referido mes y año a horas 15:00 (fs. 35).

 

II.5.Mediante memorial de 6 de enero, Marcelo Soza Álvarez, representante del Ministerio Público, solicitó suspensión de audiencia (fs. 76). Mediante proveído de 11 de enero de 2011, el Tribunal de alzada señaló audiencia para el 21 de enero de 2011 (fs. 77).

 

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionado su derecho a la garantía del debido proceso, por cuanto los demandados, a la fecha de interposición de la presente acción, no resolvieron su apelación a las medidas cautelares, dilatando la tramitación de la medida cautelar en el plazo razonable, lo que deriva en una detención ilegal, afectando su derecho a la libertad y su derecho a la presunción de inocencia. Corresponde analizar, en revisión, si en el presente caso, se debe otorgar o no la tutela solicitada.

III.1.        Naturaleza jurídica de la acción de libertad

La acción de libertad, ha sido instituida por la Constitución Política del Estado en sus arts. 125 y ss., como una medida de defensa de los derechos y garantías a la libertad y a la vida, derechos que son reconocidos por la misma Ley Fundamental y que son inherentes a todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, mismos que no pueden ser vulnerados o infringidos sin una justa razón o previo juzgamiento.

Asimismo, la normativa contenida en la Ley del Tribunal Constitucional, en los arts. 89 y ss., interpretados por este Tribunal, determinan que quien creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida o presa, podrá acudir en busca de que guarden las formalidades legales que pudieran estar afectando su derecho. La“…acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares. Así el art. 125 de la CPE, establece que: '…Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad…'” SC 2178/2010-R de 19 de noviembre.

 

III.2.        En caso de dilación del tribunal de alzada-segunda instancia-, para restablecer las presuntas          lesiones a derechos reclamados oportunamente, la acción de libertad se constituye en un   medio idóneo para dicho fin

La SC 2302/2010-R de 19 de noviembre, entre otras, es contundente al sostener que: “…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos de que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero).

Las SSCC 0224/2004-R y 1109/2004-R, entre otras, han determinado que: ”toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.”

Así, la SC 570/2006-R de 19 de junio, ha establecido que:”para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas.”

III.3.        Análisis del caso

De la atenta revisión de los antecedentes adjuntos en el expediente para su revisión, y por el informe presentado por la autoridad demandada, se establece que el accionante desde la apelación incidental, que radicó en la Sala Penal Tercera, la misma que fijó como fecha de primera audiencia para el 14 de diciembre de 2010 -hasta, la fecha de presentación de la presente acción de libertad-12 de enero de 2011- han transcurrido veintinueve días en los que el accionante se encontró en incertidumbre, toda vez que el Tribunal no cumplió su rol de contralor jurisdiccional, dilatando innecesariamente este procedimiento que como dijimos, mantuvo al accionante detenido. En razón a que los demandados prolongaron indebidamente la situación jurídica y la pretensión del imputado, se abre la justicia constitucional para otorgar la tutela al Fundamento Jurídico III.2.

En este sentido, al evidenciarse que las autoridades demandadas, no procedieron a la luz de los principios reconocidos por la Constitución Política del Estado en su art. 115, como al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, debiendo resolver el recurso de apelación interpuesto conforme lo determina la última parte del art. 251 del CPP, en todo caso, al dilatar la audiencia de segunda instancia sobre el rechazo de la cesación con la responsabilidad y celeridad que ameritaba, atentaron contra la celeridad procesal y un derecho primario como es la libertad, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela y aplicar la jurisprudencia citada en la presente Sentencia Constitucional.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber declarado en parte “improcedente” la acción de libertad, aunque el término apropiado es “denegar” la tutela respecto a resolver el fondo de la apelación cautelar y, al haber concedido la tutela respecto a la dilación en la tramitación de la causa, ha efectuado una correcta compulsa de los antecedentes del proceso, y una adecuada valoración del art. 129 de la CPE y normas aplicables al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución 43/2011 de 14 de enero, cursante de fs. 123 a 127, en los términos dictados por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente respecto a la dilación denunciada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Decano, Dr. Abigael Burgoa Ordóñez, por no haber conocido el presente asunto.

Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur PRESIDENTE

Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés MAGISTRADO

Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldán MAGISTRADA

Fdo. Dra. Lily Marciana Tarquino López MAGISTRADA

 

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