Penal.Valoración de la prueba de medidas cautelares penales. - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Penal.Valoración de la prueba de medidas cautelares penales.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2012

Sucre, 16 de marzo de 2012

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrada Relatora: Soraida Rosario Chánez Chire

Acción de Libertad

Expediente: 00047-2012-01-AL

Departamento: Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 01 de 19 de enero del 2012, cursante de fs. 21 a 27, pronunciada por Juan José Paniagua Cuellar, Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro de la acción de libertad interpuesta por Otto Andrés Ritter Méndez en representación de Carlos Antonio Escalier Chávez contra Edgar Carrasco Sequeiros y Sigfrido Soleto Gualoa Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 17 de enero de 2012, cursante de fs. 5 a 7 vta., el accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

 

I.1.1.Hechos que la motivan

 

El accionante, manifiesta que, el Ministerio Público presentó imputación formal contra su representado Carlos Antonio Escalier Chávez por el delito de lesiones gravísimas, tipificado y sancionado por el art. 270 del Código Penal (CP).

 

Que en audiencia de aplicación de medidas cautelares se demostró que la tipificación realizada por el Ministerio Público, no era la correcta y el hecho atribuido debía tipificarse conforme el art. 274 del CP; se expuso también que no concurría el requisito establecido por el art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ni tampoco los peligros de fuga u obstaculización descritos en los arts. 234 y 235 del CPP.

 

Continua señalando que, el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, en violación a los arts. 5, 6, 124, 232, 233, 234 y 235 del CPP y una interpretación errónea del art.13, 13 quater y 15 del CP, ordenó la detención preventiva de su representado, con el argumento de que no acreditó tener trabajo, además de que podría influir negativamente sobre terceros.

 

Asimismo, señala, que su representado interpuso recurso de apelación contra la resolución del Juez mencionado, misma que radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y que en audiencia de apelación, expuso los mismos argumentos y por consiguiente la Sala Penal precitada, sin realizar una correcta valoración de los elementos de convicción, confirmó el auto interlocutorio emitido por el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, bajo el fundamento de que en el presente caso deben aplicarse los arts. 270 y 274 del CP, porque ambas normas son complementarias; que no podían ingresar a analizar el tipo penal imputado, porque la imputación formal es provisional y que su representado tampoco había acreditado tener trabajo, ni desvirtuado el peligro de obstaculización con relación al art. 235.2. del CPP.

 

Por último refiere que Carlos Antonio Escalier Chávez, esta ilegal e indebidamente privado de su libertad.

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

 

Denuncia la vulneración de las garantías y principios constitucionales como el debido proceso, justicia pronta y oportuna, presunción de inocencia, aplicación de la ley más favorable, oralidad, legalidad, verdad material y los derechos a la libertad y al trabajo, todo lo mencionado consagrado en los arts. 21.7, 22, 23, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto la ilegal resolución dictada por los accionados, asimismo, se disponga que en el plazo de veinticuatro horas lleven a cabo una nueva audiencia.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 19 de enero del 2012, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 27 de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado accionante ratificó los términos expuestos en la acción de libertad interpuesta.

 

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas

 

Edgar Carrasco Sequeiros y Sigfrido Soleto Gualoa, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, brindaron informe escrito cursante a fs. 17 y vta., puntualizando: a) Que la acción constitucional de libertad tiene mutación legal y además de equívoco procedimental, en atención a que el accionante obvió formular su petición contra el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal; b) Que ambas autoridades no fueron las que dispusieron su detención preventiva; y c) Que la situación jurídica esta bajo el Control Jurisdiccional del Juez Instructor.

I.2.3. Resolución

El Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Resolución 01 de 19 de enero del 2012, cursante de fs. 21 a 27 “denegando” la acción de libertad, bajo los siguientes argumentos: 1) La presente acción constitucional procede en tres situaciones: a) Cuando una persona creyere que su vida está en peligro; b) Es ilegalmente perseguida; y, c) Es indebidamente procesada; 2) En el presente caso no peligra la vida del detenido, considerando además que su abogado no fundamentó este extremo; asimismo se puede establecer que se han respetado las normas y las reglas referentes al debido proceso al haberse cumplido las fases esenciales del mismo; 3) El Código de Procedimiento Penal, en ninguno de sus articulados establece que el suscrito Juzgador es un Juez de tercera instancia y pueda conocer o resolver apelaciones en tercer grado; 4) El art. 274 del CP, modificado por la Ley 054 de 8 de noviembre del 2010, estaría estableciendo una pena privativa de libertad cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente y que por su penalidad de 2 a 4 años procedería la detención preventiva; 5) En cuanto a la valoración que hizo el Juez de revisión en primera instancia, no corresponde observar si ha sido o no correcta la imposición de medidas cautelares, por cuanto la imputación formulada por el Ministerio Publico es de carácter provisional; y 6) No se ha comprobado la existencia de violación al debido proceso.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documentación adjunta al expediente, se evidencia que:

II.1.De fs. 2 a 4, cursa imputación formal contra Carlos Antonio Escalier Chávez por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas sancionado en el art. 270 del CP y solicitud de aplicación de medidas cautelares (detención preventiva) fundamentando la misma en la concurrencia de lo establecido por los arts. 233.1 y 2, 234.2 y 235.1 y 2 del CPP.

 

II.2.De fs. 54 y 58, cursa Auto Interlocutorio de 30 de diciembre del 2011, por el cual, el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, dispone la detención preventiva del imputado Carlos Antonio Escalier Chávez por concurrir lo establecido en los arts. 233.1 y 2 en relación al 234.1 y 235.2, del CPP.

 

II.4. De fs. 68 a 77 vta., cursa acta de audiencia de apelación de medida cautelar y resolución emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la misma que confirma la Resolución emitida por el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal.

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, señala que su representado se encuentra ilegal e indebidamente privado de su libertad, por cuanto los Vocales demandados, al confirmar la resolución apelada no han realizado una correcta valoración de los elementos de convicción presentados por el accionante para acreditar su situación laboral y la no concurrencia de peligros procesales, siendo ilegal la resolución emitida, la misma vulnera las garantías y principios constitucionales.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.        La acción de libertad y su naturaleza jurídica

El art. 23.I de la CPE, determina: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”; y, el art. 13.I del mismo cuerpo legal, dispone que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 3 determina: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; y, el art. 8 de la misma DUDH establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”; criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El art. 125 de la CPE, establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

De conformidad a la disposición constitucional citada, esta acción se encuentra destinada a la defensa de los derechos a la vida y a la libertad personal; es una acción de carácter extraordinario, de tramitación especial y sumarísima. A través de dicha acción, se preserva el derecho a la vida, se evita una detención ilegal, o se repara la ilegal restricción de la libertad o el procesamiento indebido, manteniendo las características de inmediatez de la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier autoridad pública, pues no reconoce fueros ni privilegios.

Ahora bien, solamente puede ingresarse al análisis de la problemática planteada mediante la acción de libertad, cuando los actos denunciados operan como causa para la amenaza, restricción o supresión de los derechos a la libertad física y locomoción, de modo que las lesiones a otros derechos, no podrán ser compulsadas; sin embargo, y de forma excepcional, serán tutelados la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa, cuando estos fueran la causa “directa” de la restricción del derecho a la libertad y el accionante hubiese estado en indefensión absoluta.

De la misma forma, la acción de libertad, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; sin embargo, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser activados previamente por el o los interesados o afectados; en estos casos, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la DUDH y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

III.2.        De los límites y alcances en relación a la valoración de la prueba en medidas cautelares

Es necesario referir el alcance que ha establecido el Tribunal Constitucional con respecto a la valoración de las pruebas, en las solicitudes de cesación a la detención preventiva, el mismo ha señalado que es una atribución privativa del juez de control jurisdiccional o del que conoce la causa en sus diferentes instancias y siendo atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, en una acción de libertad, no le corresponde al juez de garantías, ni mucho menos al Tribunal Constitucional realizar una nueva valoración de las pruebas, empero, excepcionalmente la jurisdicción constitucional puede realizar la valoración siempre y cuando se cumplan determinados presupuestos, siendo estos: “…cuando en dicha valoración a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir (SSCC 0873/2004-R y 0106/2005-R, entre otras), o b) cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia de la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales (SC 0129/2004-R, de 28 de enero)…”, líneas jurisprudenciales reiteradas por la SC 0222/2010 de 31 de mayo.

De lo referido, se establece que solo en el caso de cumplirse los presupuestos señalados, puede operar el control de constitucionalidad para la restitución de los derechos vulnerados, entre tanto, no concurran los mismos, el Tribunal no puede realizar una valoración probatoria. (SC 1926/2010-R de 25 de octubre).

Asimismo la SC 0779/ 2011-R de 20 de mayo a estableció: “La valoración de los elementos que sustentan las decisiones de las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria, es facultad privativa de ellas, en virtud a los principios de legalidad e inmediación que hacen tanto a su incorporación como a su ponderación tomando en cuenta el objeto a probar; es decir, su pertinencia, así como su oportunidad. No es posible rehacer ese equilibrio a través de la lectura de actas, incurriendo en meros subjetivismos, pues de así hacerlo, este Tribunal, se convertiría en una instancia revisora de la actividad valorativa probatoria de otra jurisdicción, situación que resultaría contradictoria con los fines específicos que esta instancia debe cumplir en su calidad de contralor de la constitucionalidad (…)”.

III.3.        Análisis del caso

En el presente caso, tal como se evidencia de las conclusiones y antecedentes, se tiene que el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, ha sido la autoridad que ha dispuesto la detención preventiva del accionante, por existir la probabilidad de que sea autor o participe del hecho, además de concurrir riesgo de fuga y de obstaculización en la averiguación de la verdad, aplicando los arts. 233. 1 y 2 con relación al art. 234.1 y el art. 235.2 todos del CPP, y que en base a dicha apreciación emitió el Auto Interlocutorio de 30 de diciembre del 2011; el mismo que ha sido apelado por el accionante y fue confirmado por la Sala Penal Segunda constituida por los Vocales Sigfrido Soleto Gualoa y Edgar Carrasco Sequeiros mediante Resolución de 16 de enero de 2012, bajo el fundamento de que no podían ingresar analizar el tipo penal imputado, ya que la imputación es provisional y que no se ha desvirtuado la concurrencia del peligro de fuga, por cuanto, el accionante no acreditado tener trabajo, ni desvirtuado la concurrencia del peligro de obstaculización con relación al art. 235.2.

De lo referido precedentemente se establece que los Vocales demandados al dictar el Auto de Vista de 16 de enero de 2012, han obrado conforme sus facultades jurisdiccionales, en base a la ponderación de elementos, llegando como resultado a la conclusión de que el accionante no ha desvirtuado la concurrencia de los peligros procesales señalados.

Por lo que, en la valoración probatoria realizada por los Vocales demandados, no existe apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, ni se ha omitido arbitrariamente valorar la prueba; no existiendo a criterio de este Tribunal los presupuestos señalados precedentemente, los mismos establecidos por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre y reiterados por la SC 0222/2010 de 31 de mayo, resulta evidente, que no existe vulneración de derechos del accionante.

Además, este Tribunal, no puede realizar una nueva valoración probatoria, porque incurriría en meros subjetivismos y se convertiría en una instancia revisora (SC 0779/2011-R de 20 de mayo), desnaturalizando su carácter de contralor de la Constitución, toda vez que el accionante no presento ningún elemento probatorio con validez legal, mismo que pudiera ser observado o valorado en el proceso penal.

En consecuencia, el Juez de garantías, al “denegar” la acción tutelar, obró correctamente.

POR TANTO

“Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley de Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: APROBAR la Resolución de 19 de enero de 2012, cursante de fs. 21 a 27 vta., pronunciada por el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada”.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Soraida Rosario Chánez Chire MAGISTRADA

Fdo. Dr. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

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