SCP 0442-2013 -AAC (03-04). Civil (Procesos voluntarios no dirimen derechos, orden judicial de inscripción en DDRR puede revocarse en proceso ordinario) OPV - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SCP 0442-2013 -AAC (03-04). Civil (Procesos voluntarios no dirimen derechos, orden judicial de inscripción en DDRR puede revocarse en proceso ordinario) OPV

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2013

Sucre, 3 de abril de 2013

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños

Acción de amparo constitucional

Expediente: 02490-2013-05-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 148 de 10 de octubre de 2012, cursante de fs. 130 a 134, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Luis Richard Gonzáles Gonzáles contra Alain Núñez Rojas y Editha Pedraza Becerra, Vocales de Sala Civil Segunda; Weimar Arturo Padilla Cortez, Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de julio de 2012, cursante de fs. 100 a 103, el accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de abril de 2009, Gonzalo Fernando Parada Franco transfirió en favor de Sonia Da Silva de Montero el inmueble registrado en Derechos Reales (DD.RR) bajo la matrícula 7.01.2.01.0010177, todo bajo la modalidad de venta con pacto de rescate.

 

Refiere, que habiendo transcurrido más de dos años de la suscripción del documento y siendo que el vendedor no hizo uso de la opción de rescate, la compradora inscribió preventivamente la compra en DD.RR. y para poder perfeccionar su derecho propietario realizó una aclarativa sobre límites y colindancias del terreno, protocolizada mediante instrumento 1132/2011, con la finalidad de inscribir definitivamente su derecho; el 16 de junio de 2011, ingresó una solicitud de orden judicial radicada en el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, en el cual, por Auto 40/2011 de 22 de junio, se dispuso que la oficina de Derechos Reales proceda a la inscripción de la minuta de transferencia de 14 de abril de 2009 y la aclarativa de 9 de junio de 2011.

 

Posterior a la inscripción de su derecho el 11 de julio de 2001, Sonia Da Silva de Montero, transfirió el terreno en su favor mediante instrumento 2088 de 10 de octubre de 2011, inscribiéndolo a su nombre, el 4 de noviembre del mismo año.

 

Después de tres meses de emitido el Auto 40/2011 y luego de ochenta y dos días de la inscripción a favor de Sonia Da Silva de Montero, Gonzalo Fernando Parada Franco se apersonó al Juzgado donde se tramitó la orden judicial, quien sin ser parte, planteó recurso de reposición, nulidad de obrados y cancelación de inscripción del derecho propietario de su vendedora.

 

Así las cosas, el 25 de octubre de 2011, el Juez de la causa resolviendo el recurso de reposición, anuló obrados hasta el Auto de 22 de junio del mismo año, dejando sin efecto la inscripción en DD.RR. del derecho propietario de Sonia Da Silva de Montero, quien interpuso apelación contra el referido Auto, que resuelto por la Sala Civil Segunda fue confirmado, siendo así que posteriormente Gonzalo Fernando Parada Franco logró efectuar una anotación preventiva afectando sus derechos a la propietario, a la defensa y a la “seguridad jurídica”.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad, a la defensa y a la “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 14.II y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se disponga, ordenando que: a) La nulidad del Auto de 25 de octubre de 2011 y del Auto de Vista de 19 de marzo de 2012; y, b) Que el Juez demandado dicte una nueva Resolución dejando firme la orden de inscripción ordenada por Auto 40/2011 de 22 de junio, salvando los derechos de terceros a las vías legales que corresponda.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 10 de octubre de 2012, según consta en el acta cursante de fs. 115 a 130, se produjeron los siguientes hechos:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante mediante su abogado, en audiencia refirió: 1) El vendedor sabía con claridad que el documento que estaba suscribiendo, “era: 'de venta con pacto de rescate y no en préstamo'”(sic), y desde dicha suscripción hasta que Sonia Da Silva de Montero lo inscribió a través de una orden judicial, pasaron más de dos años y el vendedor no hizo elección de la recuperación del inmueble; 2) Ante el extemporáneo recurso presentado por Gonzalo Fernando Parada Franco, el Juez, en lugar de rechazar la reposición - siendo inexistente un proceso ordinario ni de conocimiento- debió indicar a la parte interesada que acuda a la vía llamada por ley para salvaguardar su derecho y si correspondía la nulidad o anulabilidad; sin embargo, lo tramitó y anuló obrados, incluso ordenó la anulación de una inscripción de derecho propietario lo que ya no era admisible; 3) Emitidas las Resoluciones, Gonzalo Fernando Parada Franco mediante testimonio emitido por el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, inscribió en DD.RR. una anotación preventiva, cuartando su derecho por encontrarse anotado el terreno, por la venta realizada; 4) Sonia Da Silva de Montero el 11 de junio de 2011, en virtud del art. 1538.I y II del Código Civil (CC), inscribió su derecho, fecha desde que la inscripción adquirió publicidad, consecuentemente oponible a terceros y el recurso de reposición contra el Auto que ordenó la inscripción recién se interpuso el 1 de octubre de igual año; es decir, más de dos meses y veinte días después, por lo que dicho recurso fue planteado extemporáneamente, violentando el art. 216.I del Código de Procedimiento Civil (CPC) que determina el plazo para interponer el recurso de reposición; 5) Con la emisión del Auto 40/2011, se violó el art 1558 incs. 4) y 5) del CC, que establece que sólo se cancelará la inscripción, cuando judicialmente se declare la nulidad de la misma en proceso contradictorio; y, 6) Al estar su derecho propietario inscrito, se vulneró su derecho a la propiedad consagrado en el art. 56 de la CPE; se vulneró el derecho a la igualdad de las partes, al no ser parte de la orden judicial y al no poder hacer valer ningún derecho.

 

En uso de su derecho a la réplica señaló que no existe para su persona, ninguna otra opción de reparación del daño, ni otro proceso para precautelar su derecho.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

 

Weimar Arturo Padilla Cortez, Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 66 y vta., manifestó: i) Admitió una orden judicial para la inscripción de un título de propiedad y su aclaratoria realizada por Sonia Da Silva de Montero, manifestando desconocer el domicilio de su vendedor; ii) Mediante Auto de 22 de junio de 2011, accedió a la solicitud disponiendo la inscripción del inmueble así como su minuta aclarativa; iii) Gonzalo Fernando Parada Franco, apersonándose al proceso, interpuso recurso de reposición, pidiendo la nulidad de obrados y cancelación de inscripción en DD.RR., haciendo constar de que en realidad no se trataba de una venta, sino de un préstamo de dinero, con intereses y con la garantía del inmueble que otorgó en calidad de venta, que en realidad era una garantía, enfatizando que la demandante conocía su domicilio por lo que lo dejó en completo estado de indefensión; iv) Sonia Da Silva de Montero a momento de contestar el incidente, indicó que en el documento no se hace mención de un préstamo sino una venta con pacto de rescate y que el incidentista tenía la facultad de hacer valer su derecho del pago con rescate, pero no lo hizo, que al haber interpuesto el recurso fue en contra del procedimiento; v) Por Auto de 25 de octubre de 2011, se evidencia que la demandante no dio a conocer todos los elementos al juzgador, al indicar que desconocía el domicilio del vendedor, lo que dio lugar a la nulidad de obrados; vi) La Sala Civil Segunda, el 19 de marzo de 2012, al evidenciar que en realidad se restableció el derecho a la defensa -Gonzalo Fernando Parada Franco debió ser citado conforme el art. 120 del CPC-, confirmó el Auto apelado; y, vii) No se pretendió perjudicar a ninguna persona, Sonia Da Silva de Montero no actuó con lealtad procesal, sorprendiendo al juzgador.

 

Los Vocales de Sala Civil Segunda del mismo Tribunal, no presentaron informe alguno, ni asistieron a la audiencia, pese a su legal notificación.

 

I.2.3. Intervención de terceros interesados

 

Gonzalo Fernando Parada Franco, en su calidad de tercero interesado, mediante informe prestado en audiencia, indicó: a) Efectivamente el 14 de abril de 2009, suscribió un contrato de préstamo de dinero con pacto de rescate con Sonia Da Silva de Montero, son dos documentos, uno dio lugar al préstamo de dinero y otro documento falsificado que dio lugar a la orden judicial, con el cual, inscribió a su nombre y el derecho propietario de su terreno; b) En DD.RR. le indicaron que no podía inscribir minutas con reconocimiento de firmas, sino documentos protocolizados firmados por el comprador y el vendedor, en el caso Sonia Da Silva de Montero señaló que no pudo ubicar a su vendedor; c) El Juez al dictar el Auto de 22 de junio de 2011 y aprobar la inscripción violó los arts. 90, 120 y 124 de la CPE, debiendo hacerlo por edictos; d) Habiendo tomado conocimiento de la orden judicial, se apersonó al Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, presentando su recurso de reposición, nulidad de obrados y cancelación de inscripción en DD.RR., dando lugar a la emisión del Auto de 25 de octubre de 2011, que anuló obrados, Resolución confirmada el 19 de marzo de 2012, por la Sala Civil Segunda, en mérito al art. 215 del CPC, además de que la Resolución de 22 de junio de 2011, no puede considerarse como Auto definitivo; e) En el caso, no se tramitó un proceso, sino se trata de una simple solicitud de orden judicial; f) El accionante en ningún momento mencionó haber hecho uso de un recurso ya sea judicial o extrajudicial, no indica que se apersonó ante su vendedora y le reclamó el porqué sus terrenos se encuentren anotados, y, g) Existen dos procesos, uno en la vía ordinaria civil, y otro en la vía penal contra el accionante y su socio.

 

I.2.4. Resolución

 

Por Resolución 148 de 10 de octubre de 2012, cursante de fs. 130 a 134, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, concedió la tutela solicitada, disponiendo la anulación de la Resolución de 25 de octubre de 2011, pronunciada por el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial y Auto de Vista 38/2012 de 19 de marzo, emitida por la Sala Civil Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y manteniendo subsistente la Resolución que ordenó la inscripción en el registro de DD.RR. del inmueble motivo de la acción voluntaria, con los siguientes argumentos: 1) La oposición en la inscripción de un inmueble, realizada mediante una orden judicial, debió resolverse en la vía ordinaria, o dicho de otra manera, la solicitud de dejar sin efecto una inscripción en el Registro de DD.RR. es la vía del proceso de conocimiento; 2) El Juzgador en su parte dispositiva, anuló obrados hasta el Auto de 22 de junio de 2011, inclusive disponiendo se deje sin efecto la inscripción en DD.RR., la misma que es oponible a terceros, por lo que dicha inscripción, no podía ser anulada mediante una resolución que forma parte de un procedimiento voluntario; y, 3) En materia de procedimiento voluntario no existe ningún tipo de ejecutoria.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

 

II.1.Por Auto de 22 de junio de 2011, El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, dispuso que “por la oficina de DD.RR., se proceda a la Inscripción de la Minuta de Transferencia de 13 de abril de 2009 y de la minuta aclarativa de 9 de Junio de 2011, en la cual se incluye los límites y colindancias del inmueble de propiedad de Sonia Da Silva de Montero, que se encuentra registrado bajo la Matricula 7.01.2.01.0010177” (sic) (fs. 98).

 

II.2.Cursa matricula computarizada 7.01.2.01.0010177 (fs. 96 a 97 vta.).

 

II.3.Gonzalo Fernando Parada Franco se apersonó ante el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz, dentro la orden judicial iniciada a instancia de Sonia Da Silva de Montero, el 1 de octubre de 2011, interpuso recurso de reposición, nulidad de obrados y cancelación de inscripción en DD.RR. (fs. 74 vta.).

 

II.4.Al escrito que antecede, mediante providencia de 10 de octubre de 2011, se dispuso “El memorial que antecede, por el que Gonzalo Fernando Parada Franco ofrece nueva prueba, la misma se acepta con noticia contraria y se corre traslado a Sonia Da Silva de Montero” (sic) (fs. 77 vta.).

 

II.5.Con la contestación al memorial de 1 de octubre de 2011, el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Auto de 25 de octubre de 2011, anuló obrados hasta el Auto de 22 de junio del mismo año inclusive, dejando sin efecto la inscripción en DD.RR. del derecho propietario de Sonia Da Silva de Montero (fs. 79 a 80 vta.).

 

II.6.Contra el Auto de 25 de octubre de 2011, Sonia Da Silva de Montero, interpuso recurso de apelación, del cual Gonzalo Fernando Parada Franco solicitó su rechazo, considerando que las órdenes judiciales son simples solicitudes, que no tiene procedimiento ni recurso ulterior; disponiendo la remisión del expediente al superior en grado (fs. 81 a 84).

II.7.La Sala Civil Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 38/2012 de 19 de marzo, confirmó el Auto apelado de 25 de octubre de 2011 (fs. 85 vta. a 87).

III.            FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO

En este estado de cosas, corresponde ahora precisar con claridad el objeto y la causa de la presente acción; en ese orden, se tiene que el objeto de la activación de este mecanismo de defensa, es la petición de tutela constitucional para el resguardo de sus derechos a la propiedad, a la defensa y a la “seguridad jurídica” citando al efecto el art. 14.II y 56 de la CPE; asimismo, la causa, es decir los actos denunciados como lesivos a los derechos de la parte accionante, constituyen en la especie, la Resolución de 25 de octubre de 2011, que anuló obrados, hasta el Auto de 22 de junio de igual año, de inscripción en DD.RR., dentro de la orden judicial solicitada por Sonia Da Silva de Montero y el Auto de Vista de 19 de marzo de 2012, que confirmó el Auto apelado, citado supra. En consecuencia y luego del desarrollo dogmático y jurisprudencial a ser desarrollado, se analizará si en el presente caso, corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional

 

La SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza del amparo constitucional estableció lo siguiente:“El orden constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa, instituye en el art. 128 la acción de amparo constitucional como un mecanismo de defensa que tendrá lugar contra los 'actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'”.

 

Del contenido del texto constitucional de referencia, puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

 

En este contexto, el amparo constitucional boliviano en su dimensión procesal, se encuentra concebido como una acción que otorga a la persona la facultad de activar la justicia constitucional en defensa de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.

El término de acción no debe ser entendido como un simple cambio de nomenclatura, que no incide en su naturaleza jurídica, se trata de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales, y dada su configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional, de carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso ordinario o por lo menos con una postura procesal distinta, con un objeto específico y diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales con una causa distinta a la proveniente del proceso ordinario; esto es, la vulneración concreta o inminente de derechos fundamentales a raíz de actos y omisiones ilegales o indebidos con un régimen jurídico procesal propio.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva.

Finalmente cabe indicar, que dentro de los principios procesales configuradores del amparo constitucional, el constituyente resalta la inmediatez y subsidiariedad al indicar en el art. 129.I de la CPE, que esta acción se interpondrá “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela.

III.2.        De los procesos voluntarios, su objeto y naturaleza jurídica

El tratadista argentino Lino Enrique Palacio, al respecto menciona que: “el objeto del proceso voluntario está constituido por una petición procesal extracontenciosa, en cuya virtud se reclama ante un órgano y en interés del propio peticionario, la emisión de un pronunciamiento que constituya, integre o acuerde eficacia a un determinado estado o relación jurídica privada. Expresamos también que dicha petición se diferencia de la pretensión en que no se persigue una decisión entre dos partes sino solamente en relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto” .

Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil, refiere: “El contenido de los pronunciamientos de la jurisdicción voluntaria, es por este motivo, de carácter documental, probatorio, fiscalizador.

Cuando el pronunciamiento de la jurisdicción voluntaria supone la obtención de una anuencia prescrita por la ley, tal como acontece en las venias o autorizaciones judiciales, el contenido del acto es de mera fiscalización.

El Juez acuerda o niega la autorización con los elementos que tiene a la vista. La Ley no le exige más que eso”.

En ese sentido, de acuerdo a las orientaciones impartidas por el exánime Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Bolivia, “Se dice que la denominación jurisdicción contenciosa es la propiamente dicha y se ejercita para la composición de un conflicto cuando hay controversia, disputa o discusión y por ello se requiere de la intervención del órgano jurisdiccional para componer el conflicto, mientras que la jurisdicción voluntaria se ejercita a solicitud de una o más personas para dar legalidad a una actuación o precisión a un derecho, sin que exista desacuerdo al hacer tal solicitud.

Por eso se dice que la jurisdicción voluntaria es la serie de procedimientos judiciales seguidos sin oposición de partes y en los cuales la decisión que el juez profiere no causa perjuicio a persona conocida.

La jurisdicción voluntaria es de carácter documental, probatorio, fiscalizador. Tiende a suplir una prueba, a dar notoriedad a un hecho, a requerir una demostración fácilmente accesible a todos.

En sentido estricto, en la jurisdicción voluntaria no se tiene partes, sino interesados. El peticionante o pretensor no pide nada contra nadie, porque frente a su petición no tiene ningún adversario, éste surge cuando se opone a la pretensión del peticionante si se cree lesionado por esa pretensión y así el procedimiento de voluntario se transforma en contencioso.

La resolución que se dicta en esta clase de procesos siempre es bajo responsabilidad de quien hace la petición. No hay etapa de conocimiento para averiguar la verdad, por lo tanto, el juez sólo conoce la verdad que le dicen los interesados, y se limita a la verificación externa, unilateral, formal.

A través de la oposición que se suscite, el proceso voluntario se transforma, total o parcialmente en un proceso contencioso.

La oposición es el acto cuyo objeto consiste en que no se lleve a efecto lo que otros se proponen, vaya esto en perjuicio de uno mismo o de otro.

La oposición puede tener origen en el interés legítimo de uno de los interesados que se ve afectado por la pretensión extra contenciosa del peticionante o en una discrepancia entre los propios peticionarios.

La oposición puede consistir en el rechazo definitivo, total o parcial de la pretensión extra contenciosa o en la paralización temporal de ésta y a ello se refiere el Art. 641 del C.P.C. cuando dice: 'el opositor se considera como demandado que hubiere opuesto excepciones, siempre que su oposición no importe reconvención...'.

Así configurada la oposición como excepción o reconvención, debe cumplir con los mismos requisitos de la pretensión contenciosa, en cuanto se refiere a su proponibilidad, admisibilidad y fundabilidad: sujetos, capacidad, legitimación y competencia; objeto: idóneo y posible, expuesto en términos claros y positivos; y causa Ej.: motivos de discrepancia. Cumplidos estos requisitos, la oposición sin perjuicio de la resolución final que corresponde a cada procedimiento, da lugar a la declaratoria de contención y según la cuantía o por disposición de la Ley, debe ser remitido al juez competente o continuar su tramitación como proceso contencioso en el mismo juzgado con el respectivo traslado de la oposición al demandante.

En esta clase de procesos voluntarios, las resoluciones son siempre de mera declaración no condenan ni constituyen nuevos derechos.

El juez da curso o niega la autorización o declaración con los elementos que tiene a la vista y en rigor no existe juzgamiento en sentido jurídico, por eso se dice que el pronunciamiento que se expide es de carácter documental, probatorio, fiscalizador. Siempre se expiden 'sin perjuicio' de los derechos de terceros o 'salvando los derechos' de éstos para un proceso posterior.

Esta clase de procesos concluyen con auto definitivo que no hacen cosa juzgada, así hubieren sido confirmados por el superior, en caso de haber sido apelados.

Ahora bien, considerando que en ésta clase de procedimientos el juez no juzga ni prejuzga y que las resoluciones que se dictan siempre pueden ser reconsideradas en otro proceso posterior, se plantea el problema de saber si contra estas resoluciones procede el recurso de apelación.

Ante la interrogante si estas resoluciones pueden causar agravio, podemos responder que ésta posibilidad existe cuando la pretensión del peticionante es desechada. En consecuencia si no es procedente el recurso de apelación, la única posibilidad de enmendar ése agravio es el proceso posterior”.

En la jurisprudencia, emitida por el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0131/2006-R de 2 de febrero, estableció: “…en cuanto a la naturaleza de los procesos voluntarios, es imprescindible remarcar lo manifestado por la SC 1231/2002-R, de 14 de octubre, respecto a que el Código de procedimiento civil en su Título IV prevé que los procedimientos voluntarios tienen una particularidad esencial en el que precisamente se sustenta su denominación, pues en estos procedimientos las partes actúan de común acuerdo sin oponerse una a la otra en la pretensión o en el objeto de la demanda, por ello, la búsqueda de la intervención judicial, sólo tiene un fin, que es el de consolidar y legitimar la situación jurídica, sin que éste pueda dilucidar cuestiones de controversia, pues para esto se requeriría ineludiblemente de la aplicación de otro procedimiento, dado que en el proceso voluntario rige el principio de unilateralidad en las partes; en cambio, cuando estas partes no coinciden en la pretensión, el proceso se convierte en contencioso y por tanto está regido por el principio de bilateralidad. De ello, es que la doctrina ha dado en concluir que el proceso voluntario se desarrolla 'intervolentes'; es decir, entre los que quieren, por esto también se considera que en realidad, los sujetos que intervienen en el mismo no pueden llamarse partes porque son componentes de una pareja, resultando obvio que no existe contradicción en ella. En cambio, el proceso contencioso, se ejerce 'internolentes', entre los que no quieren, y en este proceso se necesita que el juzgador tenga conocimiento de la causa dentro de un plazo probatorio, donde las partes ofrezcan y produzcan las pruebas, o el mismo Juez disponga la que crea conveniente para dilucidar la controversia, lo que no sucede en el proceso voluntario, pues el Juez en éste, sólo se limita a conocer lo que las partes, coincidentemente, y sin ninguna discusión quieran legitimar”.

III.3.        Análisis del caso concreto

De la valoración de los antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

El accionante denuncia que Gonzalo Fernando Parada Franco transfirió en favor de Sonia Da Silva de Montero, el inmueble registrado en DD.RR. bajo la matricula 7.01.2.01.0010177, todo bajo la modalidad de venta con pacto de rescate, luego de más de dos años de la suscripción del documento, y no habiendo el vendedor hecho uso de la opción de rescate, a objeto de perfeccionar su derecho, la compradora solicitó ante el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, orden judicial de inscripción en DD.RR., la que fue dispuesta mediante Auto 40/2011 de 22 de junio, ordenando oficina DD.RR. proceda a la inscripción de la minuta de transferencia de 14 de abril de 2009 y la aclarativa 9 de junio de 2011.

Encontrándose inscrito su derecho, Sonia Da Silva de Montero, transfirió el terreno en su favor, que posteriormente lo inscribió a su nombre el 4 de noviembre del mismo año.

Finalmente, luego de transcurridos tres meses de la emisión del Auto 40/2011 y luego de ochenta y dos días de la inscripción a favor de Sonia Da Silva de Montero, Gonzalo Fernando Parada Franco, ahora tercero interesado, apersonándose al juzgado donde se tramitó la orden judicial, planteó recurso de reposición, nulidad de obrados y cancelación de inscripción del derecho propietario, el que fue absuelto mediante Resolución 25 de octubre de 2011, anuló obrados hasta el Auto de 22 de junio del mismo año, dejando sin efecto la inscripción en DD.RR. del derecho propietario de Sonia Da Silva de Montero, decisión que fue apelada y resuelta por la Sala Civil Segunda que confirmó el Auto impugnado.

En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes que hacen a la presente acción de amparo constitucional, se establece que, Sonia Da Silva de Motero a objeto de perfeccionar su derecho propietario, se apersonó ante el Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial, ahora codemandado, y solicitó mediante orden judicial la inscripción de ese su derecho en la oficina de DD.RR.; ahora bien, dicha peticíón, en el ámbito jurisdiccional ordinario, se traduce en un trámite o proceso enteramente voluntario que conforme la doctrina y jurisprudencia expresada en el Fundamento Jurídico III.2, por su naturaleza se ejercitan a solicitud de una o más personas para dar legalidad a una actuación o precisión a un derecho, sin que exista discrepancia al hacer tal solicitud; constituye una petición procesal extra contenciosa, en cuya virtud se reclama un interés propio en busca de un pronunciamiento que establezca valideza un determinado estado o relación jurídica privada.

La doctrina y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, establecen que en un proceso voluntario, no existe etapa de conocimiento para buscar y averiguar la verdad dentro de una situación concreta; una autoridad jurisdiccional que conozca un caso concreto, se abocará a la realidad expresada por los interesados limitándose a la verificación externa, unilateral y formal de una solicitud; en el caso concreto, la posibilidad de dejar sin efecto la decisión asumida por el Juez de primera instancia, tratándose de una cuestión controversial ajena a la naturaleza jurídica del proceso voluntario, el ahora tercero interesado, debió acudir a la vía judicial de conocimiento, constituyéndose la vía oportuna la de oposición tal cual refiere la normativa procesal civil; dado que la inscripción en DD.RR., por parte de la vendedora del ahora accionante ya es oponible a terceros, al adquirir publicidad desde su inscripción en el registro, por lo que no podía ser anulada, dentro del citado proceso voluntario, y el Juez de la causa, al haber accedido a la tramitación del recurso de reposición, nulidad de obrados y cancelación de inscripción en DD.RR. interpuesto, no solamente vulneró el procedimiento establecido por el ordenamiento procesal civil, sino también, fundamentalmente el derecho a la propiedad y la defensa del ahora accionante establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE), siendo que a la emisión del Auto de Vista de 19 de marzo de 2012, su derecho ya se encontraba inscrito en el DD.RR. con las consecuencias citadas precedentemente.

Respecto a la actuación de los Vocales de Sala Civil Segunda, dictado el Auto de 19 de marzo de 2012, que confirmó la Resolución apelada de 25 de octubre de 2011, con el argumento de que la inscripción definitiva de la minuta de transferencia de 13 de abril de 2009 y su aclarativa de 9 de junio de 2011, sin la intervención de Gonzalo Fernando Parada Franco -tercero interesado- le habría provocado graves perjuicios y que la Resolución dictada en 22 de junio de 2011, no puede considerarse como un auto definitivo; cabe precisar, que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo, un proceso voluntario se rige por el principio de unilateralidad, se desarrolla "intervolentes"; es decir, entre los que quieren, no persigue una decisión entre dos partes, sino solamente en relación al sujeto o sujetos que reclaman el ejercicio de la actividad judicial en un caso concreto, y en la emergencia de existir controversia el proceso se transforma en contencioso, debido a la oposición que pueda tener origen en el interés legítimo de quien se vea afectado por la pretensión extra contenciosa del peticionante, consecuentemente el razonamiento efectuado por el Tribunal de alzada no condice con la doctrina y la jurisprudencia relativa al caso concreto, situación que evidentemente acusa la vulneración de los derechos denunciados por el accionante.

Como corolario, cabe precisar que los procesos voluntarios concluyen con auto definitivo que no hacen cosa juzgada, no siendo precisamente correcto el razonamiento expresado al respecto en el Auto de Vista impugnado.

Consecuentemente, en virtud a los argumentos expuestos, se evidencia que el Tribunal de garantías, al conceder la acción de amparo constitucional, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve:

1ºCONFIRMAR la Resolución 148 de 10 de octubre de 2012, pronunciada por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y en consecuencia,

2ºCONCEDER la tutela solicitada, en los términos expuestos por el Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños MAGISTRADA

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez MAGISTRADA

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