SCP 1135-2013 -AL (18-07). Menores (Protección del niño, niña y adolescente, aprehensión de menores) OPV - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SCP 1135-2013 -AL (18-07). Menores (Protección del niño, niña y adolescente, aprehensión de menores) OPV

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1135/2013

Sucre, 18 de julio de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

acción de libertad

Expediente:03372-2013-07-AL

Departamento:La Paz

En revisión la Resolución 20/2013 de 18 de abril, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sara Asunta Yujra Solórzano en representación sin mandato del menor AA contra Humberto Quispe Poma, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial de 17 de abril de 2013, cursante de fs. 3 a 4, la accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El “13 de abril” aproximadamente a horas 12:30 p.m., un grupo de personas sin autorización judicial, manifestando ser funcionarios policiales y al mando de un Fiscal allanaron su domicilio, agrediendo brutalmente a su hermano menor de 12 años de edad NN, quien gritó solicitando ayuda, por ese motivo la junta de vecinos alertados por los gritos, salieron y pidieron a los supuestos policías primeramente se identifiquen y muestren el correspondiente mandamiento de allanamiento; sin embargo, sufrieron agresiones verbales por parte de éstos funcionarios, es más fueron sindicados de todo y que iban a entrar a la cárcel por complicidad.

 

Después de haber saqueado de su domicilio objetos de valor, se habrían llevado detenido a su hermano menor a horas 15:00 aproximadamente del mencionado día, habiendo sido “depositado” al promediar de las 22:00 horas, en un albergue de la zona de Villa Adela de El Alto del departamento de La Paz, con expresa orden fiscal de que no sea entrevistado ni visto por nadie sin su orden. Al no conocer el proceder de los supuestos funcionarios policiales por la edad que tiene de 18 años la ahora aciconante, pensó que eran criminales que ingresaron a su domicilio y que habían secuestrado a su hermano menor, por ese motivo tuvo inclusive miedo de denunciar; enterándose luego, que todo el operativo fue realizado al mando del Fiscal Humberto Quispe Poma, para proceder a la captura de una supuesta banda delincuencial.

 

Habiendo pasado todo el suceso, asistió a la audiencia de medidas cautelares de carácter personal en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, el 15 del mes y año referido, en la que la autoridad judicial previa fundamentación correspondiente declaró ilegal el allanamiento de su domicilio, ordenando la entrega inmediata de su hermano menor a cualquier familiar cercano, por lo que inmediatamente se apersonó a oficinas de la Fiscalía para recabar la autorización u orden escrita del Fiscal que conoce el caso de investigación para recuperar a su hermano, al haber logrado entrevistarse con el Fiscal ahora demandado, le exigió que presente su cedula de identidad personal, además de que se estaría trasladando a un operativo y que no tiene tiempo para atenderla, con esos argumentos sostiene que su hermano menor de edad se encuentra indebidamente detenido.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

La accionante alega la vulneración de los derechos de su hermano menor a la libertad debido a la detención ilegal que sufrió por la autoridad demandada, sin citar al efecto norma alguna de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela disponiendo la libertad inmediata de su hermano menor de 12 años NN, en cumplimiento a lo dispuesto por la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal, con la expresa condenación en costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de abril de 2013, según el acta cursante a fs. 17 a 19, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El abogado de la accionante en audiencia ratificó los fundamentos del memorial de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Humberto Quispe Poma, Fiscal de Materia, por informe efectuado en audiencia de acción de libertad indicó lo siguiente: a) El 13 de abril de 2013, en operativo realizado, se procedió con la aprehensión de forma flagrante de Alina Blanca Loza Yujra, quien señala que no era la persona que fabricaba billetes falsos, sino que sería su tía Juana Solórzano, invitando a ir al domicilio ubicado en la zona de Huayna Potosí de El Alto del departamento La Paz, al tocar la puerta le abre un niño, acercándose a su autoridad le habría manifestado que su mamá no se encontraba, le pidió que refiera el nombre de su madre, pero no quiso decir nada, luego señaló que a él le decían el gordo, cuando su prima Alina Blanca Loza Yujra, le preguntó dónde se encontraba su mamá, sólo atinó a dar un número telefónico, llamando al mismo. Se comunican con Juana Solórzano indicándole que se encontraban en su domicilio y si podía ir para que tenga conocimiento de la aprehensión de su sobrina Alina Blanca Loza Yujra, respondiendo que hagan lo que quieran; b) Sobre la presunta aprehensión del menor de edad, menciona que el Ministerio Público, no tiene la tuición para aprehender ni arrestar, conforme manda el Código Niña Niño y Adolescente, puesto que tienen un tratamiento especial, refiriendo que el menor se fue con el Jefe de Operaciones “Capitán Guerrero” (sic), quien habría llevado todo el operativo de carácter técnico y táctico, justificando que el Ministerio Público lo único que precauteló es que no se violen ciertos derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales; c) Al momento en que se encontró al menor no hubo reclamo de alguna persona de su filiación, además de que no emitió ningún requerimiento expreso para su custodia en algún albergue, menos sobre su incomunicación, sólo que dio parte a la institución policial de protección a la familia; d) Señala que se presentó una persona de nombre “William” de aproximadamente 25 años, quien refirió que era parte de la familia del menor de edad, pero en ningún momento reclamó, además que la ahora accionante , no se encontraba en el inmueble cuando se realizó el operativo; y, e) La acción de libertad planteada por Sara Asunta Yujra Solórzano, carece de falta de acción en la actividad de la autoridad demandada, así como la presunta detención indebida del menor fue referido ante el órgano jurisdiccional, pero las personas que reclamaron por éste en dicha audiencia cautelar fueron otras, como Alina Blanca Loza Yujra quien impugnó la aprehensión indebida, misma que fue declarada legal por el órgano jurisdiccional, disponiendo la inmediata entrega del menor a sus familiares próximos, por lo que concluye que no emitió ninguna orden expresa para la aprehensión del menor de edad.

 

I.2.3. Resolución

El Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 20/2013 de 18 de abril, cursante de fs. 20 a 22, denegó la acción de libertad con los siguientes fundamentos: 1) Ante la existencia de un hecho penal de orden público, la investigación se halla bajo la tuición del Ministerio Público y el control jurisdiccional que recayó en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, ante quien se hizo el reclamo de la aprehensión ilegal del menor de edad en audiencia de medidas cautelares, lo que también se impugna en audiencia de acción de libertad; 2) La autoridad jurisdiccional, en audiencia de consideración de medidas cautelares dispuso que se restituya al menor de edad a sus familiares próximos, por cuanto no puede ser detenido por tener esa calidad de minoridad, considerando lo establecido por el art. “66” de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que señala, procede la acción de libertad en cuatro situaciones, “cuando su vida está en peligro, ilegalmente perseguido, indebidamente procesado, o indebidamente privado de libertad”, ninguna de estas causales se demostró, dado que el menor se encuentra en un albergue, no en calidad de detenido, menos como aprehendido; y, 3) El reclamo de la restitución del menor al seno familiar, debió activarse ante el órgano jurisdiccional para que la autoridad administrativa del albergue en el que se encuentra en custodia, tenga que entregar a sus familiares, en ese sentido, la autoridad fiscal no habría ordenado dicha medida, por lo que la tutela invocada por la accionante no procede, por cuanto no reconoce la legitimación pasiva de la autoridad fiscal demandada.

 

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.El 14 de abril de 2013, la autoridad fiscal imputa formalmente contra Fabián Pérez Pinedo, Hilarión Heriberto Pérez Diego y Alina Blanca Loza Yujra, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa y falsificación de moneda, alternativamente solicita la detención preventiva de los mismos (fs. 11 a 13).

III.            FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración del derecho a la libertad de su hermano menor de edad NN, por cuanto al haber sido detenido ilegalmente por funcionarios policiales al mando del Fiscal de Materia, ahora demandado, habría sido puesto a conocimiento de la Jueza Segunda de Instrucción en lo Penal; en audiencia de consideración de medidas cautelares, dicha autoridad judicial declaró ilegal el allanamiento de domicilio de la accionante , alternativamente, ordenó la entrega inmediata del menor de edad a cualquiera de sus familiares cercanos; sin embargo, la autoridad fiscal no habría dado cumplimiento pese a los esfuerzos para poder recuperar. En revisión, corresponde dilucidar si los hechos denunciados son evidentes y sí estos constituyen actos que lesionaron los derechos invocados por la accionante.

III.1.        Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto, está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, están también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino cómo el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “…El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones…” (SC 0548/2007-R de 3 de julio).

III.2.        El derecho a la libertad personal en la Constitución Política del Estado

Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que sustenta, entre otros valores, la dignidad y libertad de las personas, tal como establece el art. 8 de la CPE; además que también, en su art. 22, expresamente establece que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables” y “Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.

Si bien estos enunciados hacen referencia a la libertad, lo hacen en su acepción más general, como expresión normativa del valor libertad, lo cual supone, para cada individuo o colectividad, la posibilidad de actuar de forma autónoma como partícipe en la sociedad, en todos sus ámbitos posibles y, en general, exenta de todo tipo de restricciones, salvo las establecidas en el sistema normativo constitucional.

Dentro del sin número de libertades o derechos -según se vea- que la teoría o doctrina podría referir, o que la norma y la jurisprudencia constitucional han establecido, se encuentra la libertad personal, la misma que conforme precisa en el art. 23.I de la Ley Fundamental, refiere que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal” y que esta libertad personal “sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, luego entonces, la libertad de la persona es aquél derecho fundamental y constitucional que no sólo debe ser respetado sino debe ser protegido por el Estado.

Por cierto, con el salvamento del numeral IV del citado art. 23 de la CPE, en el sentido que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento, con el único objeto de que sea conducido ante autoridad competente; de conformidad al parágrafo III del señalado artículo: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley” y que “La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.

III.2.1.    De la acción de libertad

La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo ( acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - Derechos, deberes y Garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.

La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.

III.2.2.    La acción de libertad en el Código Procesal Constitucional

Código Procesal Constitucional, tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II ( acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de libertad), en su art. 46, establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del aludido Código, establece que: “La acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

III.3.        Protección constitucional de los derechos del niño, niña y adolescente

El art. 58 de la CPE, señala que: “Se considera niña, niño o adolescente, a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes, son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisf acción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. Con mayor énfasis el art. 59.I, II y III del mismo cuerpo constitucional señala que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, sin distinción de su origen, con iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. Por su parte, el art. 60 de la CPE, establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. A su vez, el art. 61.I de la CPE, refiere que: “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad”.

Norma constitucional que es concordante con el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que refiere: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Por su parte el art. 3 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), señala que: “Las disposiciones del presente Código son de orden público y de aplicación preferente. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación”. A su vez el art. 5 del citado Código, reconoce que: “Los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye ese Código. Además, es obligación del Estado asegurarles por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”.

III.4.        Sobre la aprehensión de la minoridad

Con relación a la aprehensión de menores, cabe señalar que el art. 102 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que: ”Ningún niño, niña o adolescente será internado, detenido ni citado de comparendo sin que la medida sea dispuesta por el juez de la niñez y adolescencia y de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código”. En concordancia, el art. 231 del citado cuerpo normativo establece que: “La libertad del adolescente y todos los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado, por ese Código y otros instrumentos internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley.

Las medidas cautelares deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la persona y dignidad del adolescente”.

Asimismo, el art. 234 del citado CNNA, establece que: “El fiscal deberá tramitar ante el juez de la niñez y adolescencia la aprehensión del adolescente, al que se le imputa la comisión de un delito cuando existan suficientes indicios de autoría o participación en un delito de acción pública”.

Por su parte el art. 235 del CNNA, con relación a la aprehensión policial, determina que: “La Policía Nacional podrá aprehender a un adolescente sólo en los siguientes casos: 1. En caso de fuga, estando legalmente detenido; 2. En caso de delito flagrante; y, 3. En cumplimiento de orden emanada por el Juez de la Niñez y Adolescencia.

En caso de los numerales 1 y 2 la autoridad policial que haya aprehendido a un adolescente, deberá comunicar esta situación al Fiscal mediante informe circunstanciado en el término de ocho horas y remitir inmediatamente al adolescente a un centro de detención preventiva; asimismo, comunicar inmediatamente a sus padres o responsables...”.

Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 2574/2010-R de 19 de noviembre, consideró que: “…tomando en cuenta la prioritaria obligación del Estado de resguardar el desarrollo integral físico, psicológico y moral del menor, así como su dignidad, las disposiciones del referido Código, resultan de aplicación preferente … con el advertido de que todas las normas deben interpretarse siempre velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de manera que perjudiquen lo menos posible su dignidad y desarrollo integral” (reiterado a su vez por la SCP 0692/2012 de 2 de agosto).

De lo que se deduce, la restricción del derecho a la libertad de todo niño, niña y adolescente, conforme a los derechos y garantías que le son reconocidos por la Constitución Política del Estado, el Código Niño, Niña y Adolescente e Instrumentos Internacionales, sólo podrán ser restringidos con carácter excepcional, cuando sean absolutamente indispensables para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, y deberán ser dispuestas con carácter restrictivo, mediante resolución judicial fundada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, y sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación, debiendo ser ejecutadas de modo que perjudique lo menos posible a la dignidad de la minoridad.

III.5.        Análisis del caso concreto

De acuerdo con la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que producto de un operativo policial efectuado el 13 de abril de 2013, aproximadamente a horas 12:30, por un grupo de funcionarios al mando del Fiscal, ahora demandado, allanaron el domicilio de la accionante , luego de haber saqueado objetos de valor, se habrían llevado detenido a su hermano menor de edad NN, para ser “depositado” en un albergue de la zona de Villa Adela de El Alto del departamento de La Paz; habiendo pasado todo lo sucedido, la accionante asistió a la audiencia cautelar de carácter personal realizado el 15 del mes y año referido en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, en la que la autoridad judicial declaró ilegal el allanamiento de su domicilio, ordenando la entrega inmediata de su hermano menor a cualquier familiar cercano, como consecuencia de ello se apersonó a oficinas de la Fiscalía para recabar la autorización escrita del Fiscal asignado al caso de investigación para recuperar por encontrarse ilegalmente detenido; sin embargo, vanos fueron sus esfuerzos por recuperar al menor.

Del examen de los antecedentes se evidencia que, si bien estos hechos se encuentran íntimamente relacionados con la restricción al derecho a la libertad del menor de edad NN, como consecuencia del allanamiento del domicilio de la ahora accionante por una presunta investigación penal contra una organización criminal de falsificación de billetes, fue conducido por orden de la autoridad fiscal a un albergue de El Alto de La Paz, privándole de su libertad de locomoción y sin tomar en cuenta algún motivo de investigación; aspecto no desvirtuado por dicha autoridad, que conforme estableció la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.3, debió presumir su minoridad y aplicar las reglas que rigen para el caso de detención de menores si el caso ameritaba. Al no haber procedido conforme dispone el art. 23.I.II de la CPE, concordante con el art. 230.5 y 6 del CNNA, vulneró el derecho a la libertad de locomoción del menor, por cuanto tal como establece la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4, debió tramitar ante el Juez de la Niñez y Adolescencia dicha aprehensión si correspondía; actos que la autoridad demandada no demostró haber cumplido, ya que no existe constancia de haber iniciado la investigación en su contra, ni dado aviso de la misma al citado Juez, denotándose que su retención fue arbitraria; sin embargo, este hecho ya fue reparado por el órgano jurisdiccional como contralor de derechos y garantías constitucionales de las personas, que declaró ilegal el allanamiento de domicilio efectuado por la autoridad demandada en el domicilio particular de la accionante , ordenando la entrega inmediata del menor de edad a sus familiares más próximos, el Fiscal demandado omitió dar cumplimiento a dicha orden, en consecuencia, se evidencia la vulneración de derechos y garantías constitucionales invocados por la accionante en representación de su hermano.

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la acción de libertad, no evaluó en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Especializada Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve:

1°REVOCAR en todo la Resolución 20/2013 de 18 de abril, cursante de fs. 20 a 22, pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia Penal del departamento de La Paz, y en consecuencia;

2°CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad fiscal dé cumplimiento inmediato de la orden emitida por el Juez de la causa respecto a la entrega del menor de edad a sus familiares más próximos, si no hubiera sido cumplida; sin perjuicio de remitirse antecedentes en su contra, ante el Sumariante del Ministerio Público del Departamento de La Paz, por el incumplimiento a órdenes de la autoridad judicial, para que promueva conforme determina el art. 114 y ss. de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOM), con costas a ser averiguable en ejecución de la presente sentencia constitucional plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario Chánez Chire MAGISTRADA

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