SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2013-L

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2013-L

Sucre, 10 de abril de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrado Relator:Dr. Macario Lahor Cortez Chávez

Acción de amparo constitucional

Expediente:2011-23970-48-AAC

Departamento:Pando

 

En revisión la Resolución de 9 de julio de 2011, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Evert Julio Upa Ferrufino contra Lourdes Sobrino Pereira.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Mediante memorial presentado el 7 de julio de 2011, cursante de fs. 21 a 22 vta, el accionante, expresó lo siguiente:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

En noviembre de 2010, presentó ante el Juzgado Segundo de Partido en lo Civil demanda de usucapión contra Joaquín Olivera y cualquier otro posible propietario; señaló que tomó posesión del referido inmueble, desde 1998 y este se encuentra ubicado en la urbanización “Tunari”, distrito 4, manzana 19, con una extensión de 527,99 m2 el mismo tiene un galpón donde funciona su carpintería y una vivienda donde habita con su familia, que cuenta con servicios de agua y luz, dicho proceso se encuentra en la fase de presentación de alegatos, también existe otro proceso de usucapión en contra de personas desconocidas.

 

Por otro lado existe en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil de Pando, el proceso sumario de reivindicación seguido por la ahora accionada “Lourdes Sobrino Pereira” contra Rosa Roberts de Flores y cualquier persona que se encontrara en posesión del citado inmueble, la Juez dentro de su competencia libró “mandamiento de lanzamiento”, del cual no tuvo conocimiento que estuviera en litigió, situación que le causó una justificada incertidumbre, constituyéndose una causal de perturbación al derecho espectaticio de propiedad, que en caso de consolidarse estaría amenazando su derecho de propiedad.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante, alega la vulneración de sus derechos a la propiedad y al debido proceso citando al efecto el art. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se conceda la tutela, disponiendo que “se deje sin efecto el mandamiento de presentado” (sic).

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

En audiencia de 9 de julio de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 110 a 112, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

En audiencia el abogado del accionante ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de amparo constitucional y amplió indicando que se libró mandamiento de lanzamiento por el cual se mandó y ordenó el lanzamiento de la persona que se encuentra en el referido lote, sin tomar en cuenta que el ocupante del bien inmueble jamás fue citado ni escuchado dentro de proceso, en ese sentido hubo violación al debido proceso.

 

I.2.2. Informe de la persona demandada

 

El abogado de la ahora demandada en audiencia manifestó que el accionante pidió la restitución de su derecho a la propiedad privada; sin embargo, dicho accionante refirió que tiene un derecho espectaticio; es decir, está suponiendo que su demanda de usucapión será concedida, sin ser sujeto activo pidió se deje sin efecto el mandamiento de lanzamiento.

 

En audiencia presentó documentación que acredita el derecho propietario de su defendida, así como acta de inspección judicial realizada el 18 de diciembre de 2009, por la cual desvirtúa la presunta posesión del accionante del inmueble de referencia.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Pando, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 9 de julio de 2011, cursante de fs. 113 a 114 vta., por la que denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) A la fecha se encuentran en trámite dos procesos, un ordinario de usucapión decenal, iniciado por Rosa Roberts de Flores contra Joaquín Olivera y otro sumario de acción reivindicatoria, seguido por Lourdes Sobrino Pereira contra Rosa Roberts de Flores, proceso dentro del cual se libró “mandamiento de lanzamiento”; ii) El accionante no agotó los trámites en la vía ordinaria; iii) Si el accionante pretendía dejar sin efecto el mandamiento de lanzamiento, debió demandar a la Jueza que libró dicho mandamiento por violación al debido proceso; y, iv) El derecho del accionante se trata de un derecho espectaticio frente al derecho de la demandada que su trámite se encuentra con sentencia.

I.3. Consideraciones de sala

 

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías, hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.

 

II. CONCLUSIONES

 

De la debida revisión y compulsa de los antecedentes cursantes en el expediente, se llega a las conclusiones siguientes:

 

II.1.A fs. 7 y vta. se encuentra la demanda de usucapión presentada el 15 de noviembre de 2010, por Evert Julio Upa Ferrufino contra Manuel Joaquin Olivera Flores, y existe otra contra personas desconocidas y terceros interesados que pudieran alegar mejor derecho propietario sobre el lote ubicado en la urbanización “Tunari”, distrito 4, manzana 19, con una superficie de 527,99 m2.

 

II.2.Mediante folio real 9. 01. 1. 01. 0002215, se advierte que el lote ubicado en la urbanización “Tunari”, es de propiedad de Manuel Joaquin Olivera Flores, con una superficie de 863854.3750 m2, quien respondió la demanda de usucapión interpuesta por Evert Julio Upa Ferrufino (fs. 56).

 

II.3.Cursa de fs. 87 a 88, testimonio de escritura pública, por el cual se advierte que Lourdes Sobrino Pereira obtuvo el lote 56, ubicado en la urbanización “Tunari” con una superficie de 450 M2 por compra de José Martin Sobrino Gaona, inmueble que se encuentra registrado con el folio real 9.01.1.01.0009800 (fs. 86); asimismo, ( fs. 90) cursa el plano de propiedad a nombre de la ahora demandada con ubicación específica en la urbanización Tunari, el distrito 4, manzana 19, predio 8, con la superficie de 450 m2, (fs. 98).

 

II.4.Mediante Sentencia 11/2010 de 30 de marzo, dictada por Ponciano Ruiz Quispe, Juez Primero de Instrucción en lo Civil, declarando probada e improbada la demanda reconvencional, dentro del proceso sumario de acción reivindicatoria, interpuesta por Lourdes Sobrino Pereira contra Rosa Roberts de Flores, disponiendo la consolidación del terreno a favor de la ahora demandada y se proceda a la reivindicación de dicho terreno bajo conminatoria de lanzamiento (fs. 99 a 101).

 

II.5.Mandamiento de lanzamiento librado el 5 de Julio de 2011, por Milena Hurtado Apinaye Jueza Primera de Instrucción en lo Civil y Comercial de Cobija (fs. 2).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de su derecho espectaticio a la propiedad privada y al debido proceso; por cuanto, dentro del proceso de acción reivindicatoria se emitió en su contra orden de lanzamiento, dispuesta por la jueza de la causa, sin antes haberse notificado al ocupante, ante ello interpuso demanda ordinaria de usucapión del terreno ubicado en la urbanización “Tunari”, distrito 4, manzana 19, con una superficie de 527,99 m2, proceso que se encuentra en la fase de presentación de alegatos. En consecuencia, corresponde analizar la problemática planteada, a efectos de que éste Tribunal verifique si existió o no vulneración de derechos y garantías constitucionales del accionante, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.      Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

La SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, con relación al tema plantea: “La orientación que sigue la normativa latinoamericana, es la de constituir el amparo constitucional como un instrumento de defensa y protección, frente a las vulneraciones actuales o amenazas inminentes de transgresión, restricción o violaciones propiamente dichas a los derechos fundamentales; de ahí que esta acción ha sido plasmada en normas y mecanismos de carácter internacional de protección de los derechos humanos y que por disposición expresa es integrado en los denominados bloques de constitucionalidad; sin embargo, debemos precisar que el proceso de amparo, no protege todos los derechos fundamentales, sino un grupo de ellos que son distintos de la libertad personal o de los derechos conexos a ella.

En nuestra legislación, se establece la acción de amparo como una garantía constitucional; así el art. 128 de la CPE, expresa: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; de donde se advierte que, el amparo constitucional es una garantía jurisdiccional que salvaguarda los derechos fundamentales de una persona y opera cuando éstos son vulnerados, restringidos o amenazados por una autoridad cualquiera o por particulares.

Esta acción ha sido instituida como un procedimiento jurisdiccional de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con excepción de la libertad física o individual, en los casos en los que sean amenazados, suprimidos o restringidos por actos y omisiones ilegales o indebidos; su alcance tutelar es preventivo y correctivo, cuya configuración procesal especial, es independiente al ámbito procesal ordinario. Consecuentemente, su finalidad es la de asegurar a las personas el goce efectivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegiéndolos de toda amenaza, restricción o supresión ilegal o arbitraria; siempre que no hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de estos derechos y garantías conforme dispone el art. 129 de la CPE.”

III.2.      La legitimación pasiva

La SCP 0570/2012 de 20 de julio señala que: “El art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), establece los requisitos de forma y contenido que deben ser observados inexcusablemente en la presentación de todo recurso -ahora acción- de amparo constitucional, contemplando como requisito de admisibilidad de forma, señalar el nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal; precepto que permite determinar quién o quiénes son las personas que el accionante considera, lesionaron sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, puesto que de su cumplimiento: "...depende que tanto el Juez o Tribunal de amparo así como el Tribunal Constitucional, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de las partes, así como la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en debida forma" (SC 0365/2005-R de 13 de abril).

La SC 0695/2010 de 26 de julio señaló “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la legitimación pasiva debe ser entendida como la ´…coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción´ (SSCC 0255/2001-R, 0829/2001-R, 1349/2001-R, entre otras); doctrina constitucional que es de aplicación cuando se impugnan actos, decisiones u omisiones de tribunales colegiados que eventualmente lesionen derechos fundamentales o garantías constitucionales de una persona, conforme estableció este Tribunal al señalar que: ´…cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella…´ (SC 0059/2004-R de 14 de enero)”.

Bajo esa óptica, el Tribunal Constitucional en la SC 0979/2010-R de 17 de agosto, concluyó que:”…la legitimación pasiva es un requisito de procedencia de la acción de amparo, en la que el accionante debe demostrar esa vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que impugna y, claro está, su derecho supuestamente vulnerado, es decir, que especifique e identifique claramente a los actores que vulneraron sus derechos y la relación directa entre los demandados y el acto que haya menoscabado o vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que deberá dirigir esta acción contra todos aquellos que hayan participado de tales actos, de no hacerlo así, o al no identificar a todos los que cometieron tales actos, o de sólo darse una identificación parcial a pesar de que pudo identificarse a todos, o al no ser claros tales elementos; entonces la acción de amparo deberá ser declarada improcedente y se deberá denegar la tutela solicitada”.

III.4.      Análisis del caso concreto

El accionante, refiere que mediante mandamiento de lanzamiento librado en 5 de julio de 2011, por Milenka Hurtado Apinaye, Jueza de Instrucción Primera en lo Civil ordenó, se proceda al lanzamiento de cualquier persona que se encontrare en posesión del lote de terreno.

 

En la acción de amparo objeto de estudio de forma puntual se solicita “se deje sin efecto el mandamiento presentado”, dicho actuado está referido al lanzamiento ordenado por la mencionada Jueza Primera de Instrucción en lo Civil dentro del proceso sumario de reivindicación seguido por la ahora demandada contra Rosa Roberts de Flores y contra cualquier persona que se encontrare en posesión del lote ubicado en la urbanización “Tunari”; consiguientemente, se advierte que el mandamiento cuestionado fue como no podía ser de otra manera, ordenado por una autoridad jurisdiccional, contra quien debió dirigirse la acción; toda vez, que en el ámbito de tutela constitucional, para activar una acción de defensa como es el amparo constitucional, deben cumplirse los lineamientos procesales establecidos por el mismo ordenamiento jurídico; debiendo observarse para la presentación de la acción la personería del accionante el nombre y domicilio de la parte demandada, o su representante legal, (si fuera una persona jurídica), efectuar una relación fáctica de los hechos, motivo de la acción relacionado con la presunta vulneración de los derechos y/o garantías constitucionales adjuntar los elementos de prueba sobre las que se funda la acción, así como establecer con precisión la tutela requerida, requisitos de cuyo cumplimiento dependerá que tanto el juez o tribunal de garantías así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puedan compulsar sobre la base de criterios objetivos, la legitimación de partes, que la veracidad de los hechos reclamados y los derechos lesionados, para en definitiva otorgar o negar el amparo expresamente solicitado; a su vez tiende a garantizar también que con tales precisiones puedan estar a derecho para asumir defensa en debida forma.

El art. 33.2 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), determina como requisito común de las acciones de defensa, “El nombre y domicilio de la parte demandada, o de su representante legal, y el de los terceros interesados“, es decir, la identificación o individualización precisa del servidor público o de la persona individual o colectiva a quien se le atribuye la vulneración o supresión de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley, lo que permite establecer la legitimación pasiva entendida en el ámbito tutelar como la coincidencia entre la autoridad o particular que presuntamente incurrió en violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción, aclarando que en caso de existir pluralidad de sujetos agraviantes, se entiende que la acción deberá ser dirigida contra todos los que presuntamente incurrieron en actos u omisiones ilegales o indebidas, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Por lo expuesto, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela solicitada valoró correctamente los antecedentes de la presente acción.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de julio de 2011, cursante de fs. 113 a 114 vta., pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Pando; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales MAGISTRADO

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