SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2013-L

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2013-L

Sucre, 6 de mayo de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrado Relator:Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

Acción de amparo constitucional

Expediente:2011-24089-49-AAC

Departamento:Potosí

 

En revisión la Resolución 10/2011 de 9 de agosto, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Nardín Velasco contra Freddy Romay Gonzáles, Wilfredo Ramos Quispe, Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí y Octavio Boris Janco Villegas, Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del mismo Distrito Judicial -ahora departamento-.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memoriales presentados el 3 y 8 de agosto de 2011, cursante de fs. 44 a 48 vta. y 52 a 53 vta., el accionante manifestó que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El 29 de abril de 2003, como subcontratante, firmó un convenio de cancelación total de montos adeudados con la empresa “FORTI & LEON S.A”, ahora Construcciones Viales e Hidráulicas S. A. (CONVISA), acordando que la cancelación del monto objeto del convenio, debería hacerse efectiva una vez que la empresa CONVISA, reciba a su vez el pago de la planilla 38 de parte del Servicio Nacional de Caminos, ahora Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y siendo que dicho pago se hizo efectivo el 26 de septiembre de 2003, la señalada empresa habría incumplido la obligación contraída.

 

Ante ésta situación, el 16 de octubre de 2006, interpusieron un proceso de cumplimiento de obligación contra la referida empresa, mismo radicó en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora departamento- de Potosí, una vez emitido el Auto de Relación Procesal, el 26 de febrero de 2011, el Juez de la causa lo calificó como ordinario de hecho, abriendo un plazo probatorio de cincuenta días; Resolución que fue observada por el ahora accionante, solicitando su enmienda, empero su petición le fue negada.

 

Posteriormente, el 6 de abril de 2011, presentó prueba; sin embargo, la misma fue rechazada por decreto de 7 de abril del mismo año, bajo el argumento de que estaría fuera de término legal, por lo que, se interpuso contra el referido decreto recurso de reposición bajo alternativa de apelación, toda vez que el plazo para la oferta probatoria se debió computar a partir de la notificación con el rechazo a la objeción y no así a partir de la notificación con el Auto de Relación Procesal, como lo habría efectuado el Juez codemandado, rechazada la reposición y concedida la apelación los Vocales -ahora demandados-, mediante Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo y su Auto complementario de 28 del mismo mes y año, confirmaron la Resolución recurrida, con similares argumentos a los del juez aquo, siendo éstos, que los “demandantes” observaron y solicitaron enmienda del auto de relación procesal, pero al no haber sido modificado en su contenido el referido Auto, no se puede pretender que con la notificación de la negativa se abra el término probatorio.

 

Finalizó, mencionando que la “cédula” de notificación no cumpliría con lo estipulado en el art. 122 del Código de Procedimiento Civil (CPC).

 

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante considera que se lesionaron sus derechos a la petición, al debido proceso a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad, citando al efecto los arts. 24, 109.I, 115.I, 116 y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el decreto de 7 de abril de 2011, así como el Auto de 7 de mayo del mismo año, pronunciados por el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial y Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 9 agosto de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 63 a 67 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante se ratificó in extenso en la acción tutelar presentada.

 

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Los Vocales codemandados no se hicieron presentes en audiencia como tampoco presentaron informe alguno, pese a su legal notificación, como cursa de la diligencia de fs. 55 a 56.

 

Octavio Boris Janco Villegas, Juez Primero de Partido del Distrito Judicial -ahora departamento- de Potosí, presento informe oral y en audiencia manifestó que: Habiendo sido el ahora accionante notificado con los puntos de hecho a probar, si consideraba que no se encontraban de acuerdo a la demanda, correspondía que plantee el recurso de apelación, como establece el art. 371 del CPC, y no una objeción como lo hizo, más al contrario ofrecieron prueba, misma que fue rechazada, por haber sido planteada de forma extemporánea y precisamente para poder salvar ésta situación, es que el accionante solicitó la reposición bajo alternativa de apelación que no correspondía. Por lo que, el criterio adoptado por la Sala Civil, Comercial y Familiar a través del Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo, es correcto en el sentido de que el Auto de Relación Procesal no fue modificado en su contenido, de ahí que no se puede pretender que a partir de la notificación con la negativa de enmienda se aperture el término de prueba. En consecuencia, al no haber planteado en su oportunidad el recurso de apelación, el accionante convalidó el hecho ahora denunciado, por tanto, la presente acción de amparo constitucional no puede subsanar errores que se han cometido en la tramitación del proceso.

 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

David Quiñonez, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: En el proceso principal, de donde emerge la presente acción de amparo constitucional, se pudo observar que con el Auto de Relación Procesal, el “demandado” -David Terceros-, fue notificado el 1 de marzo de 2011, posteriormente, propuso y produjo prueba; por su parte, el ahora accionante, una vez notificado con el señalado Auto, presentó memorial de observación y solicitó enmienda, siendo la ley clara en el art. 371 del CPC, al establecer que puede ser objetado por las partes a tercero día y dará lugar a la producción de prueba inmediata, por lo que, habiendo sido notificado el 1 de marzo, pese a no haber colocado con propiedad el término objeta, el mismo es presentado dentro de plazo y de ésta manera mereció el Auto de 29 de marzo del referido año, que establece en la parte pertinente no dar lugar a ninguna enmienda; sin embargo, desde el 4 al 29 de marzo, transcurrieron veinticinco días para la emisión de ésta Resolución, entendiendo que las labores judiciales fueron interrumpidas por la vacación decretada, por lo cual, debió haberse tomado en cuenta la última notificación para computar los cinco primeros días, a efecto de ofrecer la prueba, que en el caso presente no ocurrió, por tanto, se habría vulnerado el derecho al debido proceso denunciado por el accionante.

 

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 10/2011 de 9 de agosto, cursante de fs. 68 a 70 vta., que concedió la acción de amparo constitucional, disponiendo se anule obrados hasta “fs. 202” (sic), a efectos de su posterior reconducción, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 371 del CPC, relativo a fijar los puntos de hecho a probar prescribe que el auto que se emite para ello es pasible de ser objetado por las partes a tercero día y dará lugar a su pronunciamiento previo e inmediato, pudiendo ser apelado en el efecto devolutivo sin recurso ulterior, en atención a ello dicho auto estará sujeto a control jurisdiccional y de las partes, circunstancia potestativa y dispositiva. En ese sentido, la objeción realizada al Auto de Relación Procesal está sujeta a un pronunciamiento previo e inmediato, circunstancia de relevancia porque interrumpe la tramitación del proceso, entre tanto se resuelva la objeción, por lo que, queda en suspenso el plazo para ofrecer prueba; y, b) Al objetar el Auto de Relación Procesal, el plazo de cinco días para la oferta de prueba quedó suspendido de facto, por tanto, las pruebas ofertadas por el accionante fueron propuestas dentro de término legal.

 

I.3. Consideraciones de Sala

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por la Disposición Transitoria Segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose la Resolución dentro de plazo.

 

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones siguientes:

II.1. Mediante memorial de 21 de febrero de 2011, el ahora accionante reiteró solicitud de relación procesal (fs. 18), quien mediante cédula de 1 de marzo del mismo año, fue notificado con el Auto de Relación Procesal de 26 de febrero del año antes mencionado. Dicho Auto en su punto 1.1 parte in fine señala que el demandante deberá “Demostrar que el actor se encuentra en posesión del bien objeto de la litis desde 1995, en forma pacífica pública y continuada y sin interrupción” (sic) (fs. 18 vta.).

 

II.2.Cursa el mismo Auto de Relación Procesal de 26 de febrero de 2011, que no menciona la última parte del punto 1.1 del Auto precitado con el que fue notificado el ahora accionante. (fs. 5).

 

II.3.Mediante memorial de 4 de marzo de 2011, VictorNardín Velasco, realizó observación y solicitó enmienda del numeral 1.1 del Auto del que traba la Relación Procesal, en base al art. 371 del Código adjetivo civil antes mencionado, alegando que dicho punto, en la parte in fine referiría que se debe demostrar que el actor se encuentra en posesión del bien objeto de la litis, desde 1995, en forma pacífica, pública, continuada y sin interrupción, cuando la causa no versa en un bien material, sino se trata de dirimir relaciones netamente contractuales (fs. 9).

 

II.4.El Auto de 29 de marzo de 2011, declaró no ha lugar a ninguna enmienda (fs. 9 vta.). Siendo notificado con dicho actuado el accionante el 1 de abril de 2011 (fs. 10).

 

II.5.Cursa nota de cargo, realizado por la Secretaría del Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial -ahora departamento- de Potosí, en el que se hace constar la suspensión de plazos procesales a partir del 9 hasta el 28 de marzo de 2011, por vacación judicial (fs. 11).

 

II.6.Por memorial de 6 de abril de 2011, Víctor Nardín Velasco, ofreció prueba (fs. 13 a 14 vta.).

 

II.7.Mediante decreto de 7 de abril de 2011, dictado por el Juez codemandado, señaló que el ofrecimiento de prueba se encontraría fuera del plazo previsto por el art. 379 CPC, y disponiendo en consecuencia no ha lugar a su admisión (fs.15).

 

II.8Por memorial de 13 de abril de 2011, el ahora accionante interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el decreto antes referido (fs. 19 a 21 vta.).

 

II.9.El Auto de 7 de mayo de 2011, pronunciado por el Juez codemandado, confirmó el decreto de 7 de abril de 2011 y concedió la apelación en el efecto devolutivo (fs. 27 a 28).

 

II.10.Por Auto de Vista 087/2011 de 23 de mayo, los Vocales de la Sala Civil, Comercial y Familiar de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí, confirmaron la providencia de 7 de abril del referido año, bajo el fundamento de que las partes fueron notificadas con el Auto de Relación Procesal el 26 de febrero de 2011, el 1 de marzo del citado año, debiendo proponer sus pruebas hasta el 6 de marzo del mismo año y habiendo sido observado el Auto de Relación Procesal, éste no habría sido modificado en su contenido, de ahí que no se puede pretender, que a partir de la notificación con la negativa de enmienda, se apertura el término de prueba (fs. 38 a 39).

 

II.11.Mediante memorial de 27 de mayo de 2011, el accionante solicitó explicación y enmienda del Auto de Vista antes mencionado (fs. 40 a 41).

 

II.12.Por Auto de 28 de mayo de 2011, los Vocales codemandados señalaron que no corresponde en la vía de la explicación y enmienda modificar el contenido del Auto de Vista 087/2011 (fs. 41 y vta.).

 

II.13.Cursa notificación al accionante, con el Auto de 28 de mayo de 2011, el 30 del mismo mes y año (fs. 42).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En la presente acción tutelar el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, de petición, a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad, toda vez, que el decreto de 7 de abril de 2011, emitido por el Juez -ahora demandado-, indebidamente rechazó las pruebas presentadas, aduciendo extemporaneidad en su presentación, argumento confirmado por el Auto de Vista 087/2011 de 28 de mayo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes y si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.De la acción de amparo constitucional, y su naturaleza

Diferentes Sentencias Constitucionales tanto del extinto Tribunal Constitucional como el actual han definido la naturaleza de la acción de amparo constitucional entre éstas tenemos la SCP 1126/2012 de 6 de septiembre, que refiere: “La SC 1794/2011-R de 7 de noviembre, (…) desarrollo la siguiente línea jurisprudencial en base a este razonamiento: 'Las garantías individuales reconocidas en la Constitución recientemente abrogada, que rigió a nuestro país, se reputaron en términos generales, como medios sustantivos constitucionales para asegurar los derechos del hombre. Es evidente que dentro de esa concepción, las garantías consignadas constitucionalmente fueron establecidas para tutelar los derechos o la esfera jurídica en general del individuo frente a los actos del poder público.

 

Esta herramienta jurídica que responde a las más urgentes necesidades legales del ciudadano, denominada ahora acción de amparo constitucional, por su naturaleza jurídica está orientada a la defensa de derechos fundamentales restringidos, suprimidos o amenazados de restricción y supresión por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección inmediata; es decir, que esta acción se activa cuando no existen otros medios o vías idóneas para otorgar la tutela solicitada. En el art. 128 de la CPE, se encuentra consagrado como una acción tutelar cuando señala: 'La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley'”.

 

Pero es el art. 128 de la CPE, indica que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

Naturaleza que también ha sido conceptualizada a través del art. 51 del Código procesal Constitucional (CPCo) que menciona lo siguiente: “La acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

 

III.2.Del debido proceso, en su triple dimensión

La SCP 0641/2012 de 23 de julio, refiere a que: “En la Norma Suprema del Estado Plurinacional de Bolivia, la acción de amparo constitucional, se encuentra inserta en el acápite de las acciones de defensa, cuyo propósito es la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado. El debido proceso, desde la óptica constitucional tiene una triple dimensión; así, es un derecho fundamental, una garantía en la administración de la justicia y un principio procesal, mereciendo protección a través de las acciones constitucionales y particularmente mediante la acción de amparo constitucional” (las negrillas nos corresponden).

 

Ahora bien el debido proceso como derecho ha sido explicado y desarrollo en diferentes Sentencias Constitucionales, entre ellas tenemos a la SCP 0593/2012 de 20 de julio, misma que haciendo referencia a la SC 0800/2010-R de 2 de agosto, y ésta a su vez reiterando la SC 0160/2010-R de 17 de mayo, refirió que: “…entendido por éste Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales'.

 

En cuanto a la obligatoriedad de su respeto, este Tribunal a través de la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo que: «…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…».

 

En ese sentido, el debido proceso, consagrado por el art. 115.II de la CPE, en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como en la jurisprudencia constitucional, es entendido como: '…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende «el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales», a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos (SC 0418/2000-R y 1276/2001-R)'”.

 

Asimismo, el debido proceso como garantía, lo tenemos contemplado en distintas Sentencias Constitucionales así la SCP 1089/2012 de 5 de septiembre, que menciona a la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, por las cuales éste mismo Tribunal aclaró los alcances del mismo y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y motivar las resoluciones, así señaló: '…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió'”.

 

Finalmente, la misma Sentencia Constitucional Plurinacional, entendiendo al debido proceso como principio, señaló que:“…el debido proceso se configura como un principio que emerge del Estado de Derecho y del principio de legalidad en su vertiente procesal, lo cual no solo debe ser observado en instancias jurisdiccionales, sino también en administrativas; conforme a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional…”.

 

La SCP 0966/2012 de 22 de agosto, bajo el criterio antes referido aplicando a un caso concreto ha señalado “…el principio pro hómine que establece que el derecho fundamental debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera más favorable al ser humano”.

 

III.3.      Del derecho a la defensa en juicio

La SCP 2245/2012 de 8 de noviembre, refiriéndose a la SC 2777/2010-R de 10 de diciembre, misma que a su vez ratificó el entendimiento de las SSCC 0183/2010-R y 1534/2003-R, indicó que éste derecho es: la '…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.', entendimiento ratificado recientemente por la SC 0183/2010-R de 24 de mayo, que además precisó que el derecho a la defensa se extiende: '…i) Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE'”.

Por su parte la mencionada SCP 1089/2012, ha señalado que: ”En atención a lo mencionado, se denota que uno de los elementos de la garantía del debido proceso, es el derecho fundamental a la defensa consagrado por el art. 115.II de la CPE, que, al decir de la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, citada en la SC 0206/2010-R de 24 de mayo, tiene dos connotaciones: '…la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, por ello en caso de constatarse la restricción al derecho fundamental a la defensa, se abre la posibilidad de ser tutelado mediante el amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional'”.

En ese orden, el art. 16.4 de la CPE, prescribe: 'Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal...', de donde se colige que por una parte el juzgador tiene la obligación y el deber de respetar y garantizar el derecho a la defensa, así como se halla impedido de aplicar una sanción cuando en la tramitación de la causa se ha vulnerado dicho derecho” (las negrillas nos corresponden).

III.4.      Análisis del caso concreto

El accionante a través de la presente acción de amparo constitucional denuncia, que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos al debido proceso, de petición, igualdad y tutela judicial efectiva, toda vez que estándose tramitando un proceso de cumplimiento de obligación contra la empresa CONVISA, una vez emitido el Auto que trabó la relación procesal, dentro de los hechos a probarse el Juez codemandado introdujo un tema ajeno a la litis, razón por la cual, se habría objetado el mismo, objeción que habría merecido su rechazo por parte de ésta autoridad, una vez notificado con ésta resolución, el accionante habría propuesto su prueba en el término legal; empero, la misma fue rechazada por la referida autoridad, por considerarla extemporánea, realizando un erróneo cómputo de la presentación de la misma. Determinación que fue sujeta a recurso de reposición bajo alternativa de apelación, ésta última una vez concedida, dio lugar a que el Tribunal de alzada, proceda a ratificar la decisión del aquo bajo los mismos fundamentos.

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que existen dos ejemplares del Auto de Relación Procesal, uno que se encuentra en el expediente de la causa y otro con el que se procedió a notificar a VictorNardín Velasco, mismos que en su punto 1.1 (de los hechos a probar por el demandante) son distintos, pese a que debían ser iguales, empero en el Auto con el que se notificó al accionante, evidentemente se encuentra lo extrañado por éste, como es la mención de “Demostrar que el actor se encuentra en posesión del bien objeto de la litis desde 1995, en forma pacífica pública y continuada y sin interrupción” (sic), como se tiene establecido en la Conclusión II.1 y II.2 del presente fallo, aspecto que justamente acarreó que dicho punto sea observado por el ahora accionante el 4 de marzo de 2011, como consta en la Conclusión II.3 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional. Sin embargo, el Juez codemandado, manteniendo ésta irregularidad, rechazó la observación, procediendo a la notificación del mismo al “demandante” el 1 de abril de 2011, como se establece en la Conclusión II.4 del presente fallo. Asimismo, consta que ante ésta determinación, el accionante hizo ofrecimiento de su prueba, la cual fue rechazada, por cuanto supuestamente se presentó extemporáneamente, como se señala en las Conclusiones II.6 y II.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ante ésta decisión, como consta en la Conclusión II.8 de éste fallo, se interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación, habiendo el Juez de la causa, rechazado la reposición y concedida la apelación en el efecto devolutivo ante el Tribunal de alzada, éste último, procedió a confirmar lo resuelto, bajo los mismos fundamentos del a quo, como se menciona en las Conclusiones II.8, II.9 y II.10 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Ahora bien, una vez sujeta la causa a prueba y fijados en forma expresa los puntos de hecho a probar a través del Auto de Relación Procesal, éste conforme a lo establecido por el art. 371 del CPC, podrá ser objetado por las partes dentro de tercero día, siendo de previo e inmediato pronunciamiento de parte del juzgador que en la práctica procesal no debe pasar de tres días. Posterior a ello, si la resolución no satisface al observante, podrá -no es obligación- ser apelada en el efecto diferido a fin de no dilatar el periodo probatorio que refiere el art. 383 del citado cuerpo legal. Por lo que, haciendo una interpretación sistemática del Código adjetivo civil, si bien el referido artículo 383, señala que no es posible suspender el periodo de prueba por ningún incidente o recurso, tampoco debe desconocerse la facultad que otorga a las partes el art. 371 del mismo cuerpo normativo, de objetar los puntos de hecho a probar, éste como parte de un mecanismo de defensa ante la arbitrariedad del que pueden ser sujetos al momento de emitir un Auto de Relación Procesal fuera de los hechos controvertidos o impertinentes. Infiriéndose entonces, que una vez que el juez se pronuncie sobre la objeción u observación que para el caso es lo mismo, de forma negativa o positiva, deberá notificarse a las partes, corriendo recién el término de prueba para la parte que objetó el Auto de Relación Procesal una vez notificada con el pronunciamiento sobre éste.

Con estos antecedentes y asumiendo la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2 de éste fallo, es evidente que las autoridades demandadas hicieron un incorrecto cómputo de los plazos procesales, para rechazar la prueba ofrecida, toda vez, que el plazo para el ofrecimiento de prueba quedó suspendido desde la observación al Auto de Relación Procesal, realizada el 4 de marzo de 2011, hasta la resolución de ésa objeción, reanudándose éste plazo una vez notificado el accionante con el rechazo de ésta observación, que para el caso se equipara a una objeción , lo cual ocurrió el 1 de abril de 2011, y habiendo el accionante ofrecido su prueba el 6 de abril del mismo año, se tiene que éste último actuado se realizó dentro del término legal establecido en el art.390 del CPC.

En consecuencia, las autoridades demandadas, al haber dado una incorrecta interpretación a las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil, procedieron de forma arbitraria al rechazar la prueba ofrecida por el accionante e incurrieron en la vulneración al derecho al debido proceso, restringiendo también el derecho a la defensa del mismo.

Respecto a los derechos a la igualdad y petición, el accionante, no demostró ni acreditó de que forma éstos derechos fueron lesionados, por lo que, éste Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse al respecto.

En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 128 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al conceder la acción de amparo constitucional efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales y dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2011 de 9 de agosto, cursante de fs. 68 a 70 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Potosí y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene la Magistrada, Dra. Blanca Isabel AlarconYampasi, por ser de voto disidente.

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

Fdo. Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar MAGISTRADA

Fdo. Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco MAGISTRADA

Fdo. Dr. Zenón Hugo Bacarreza Morales MAGISTRADO

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