SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2013

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2013

Sucre, 13 de marzo de 2013

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente:02339-2012-05-AAC

Departamento: Santa Cruz

 

En revisión la Resolución 32 de 10 de agosto de 2012, cursante de fs. 97 a 100 vta., dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Montaño López contra Isabelino Gómez Cervero, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memoriales presentados el 31 de mayo y 6 de junio de 2012, cursante de fs. 31 a 47 vta. y, 49 y vta el accionante refirió que:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El 11 de abril de 2011 a horas 4:30, en inmediaciones del aeropuerto de ViruViru, en el retén móvil de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se revisó un vehículo tipo vagoneta marca Suzuki, color negro, con placa de control 2251 LUE, conducido por Abel Santiago Quincho y su acompañante Robisney Bohórquez Acosta, en cuya requisa se encontró según informe policial, una agenda que contenía una lista de insumos de un laboratorio de cristalización de cocaína y una bolsa con marihuana, cuatro celulares, un peaje de la tranca del municipio de Santa Rosa del Sara 81515, procediéndose al secuestro del vehículo y la aprehensión de los sindicados.

 

En el mismo lugar y la misma fecha, a horas 4:55, se requisó un vehículo marca Toyota FJ Cruiser, con placa de control 2364 XYA, conducido por su persona, encontrándose una credencial de la asociación de ganaderos “El Puente - ASOSEP”, dos teléfonos celulares, un peaje de la tranca del municipio de Santa Rosa del Sara 81512, preguntándosele si tenía antecedentes relacionados a la Ley 1008 de 19 de julio de 1988, respondiendo afirmativamente, por lo que fue arrestado y posteriormente aprehendido.

 

Posteriormente, el 12 de abril de 2011, se imputó formalmente a RobisneyBohorquez Acosta y Abel Santiago Quincho, bajo el argumento que tenían entre sus pertenencias anotaciones con insumos propios de una fabrica de cocaína y a su persona bajo el fundamento de que los peajes de ambos vehículos demostraban que habían pasado por la misma tranca, por lo que habría vinculación. Dentro la etapa preparatoria, se realizaron los peritajes de micro aspirado a ambos vehículos, mismo que determinó que el vehículo marca Toyota FJ Cruiser, con placa de control 2364 XYA, conducido por él, resultó ser negativo a sustancias controladas. En ese sentido, el 30 de mayo de 2011, el Representante del Ministerio Público emitió requerimiento conclusivo de Sobreseimiento en su favor, bajo el argumento de no habérsele encontrado sustancias controladas en su vehículo.

 

El precitado requerimiento se remitió de oficio al Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, mismo que pronunció la “Resolución Fiscalía de Distrito IGC 186/11” de 8 de junio de 2011, mediante la cual revocó el referido sobreseimiento que sin embargo, no refiere la hora de revisión de su vehículo, que fue veinticinco minutos después de los otros dos imputados; tampoco se mencionó el resultado del informe de micro aspirado de 9 de mayo de ese año, realizado a su automóvil, que dio negativo. Asimismo, se hace referencia al informe de secuestro de los dos vehículos de 11 de abril del mismo año, pero no se indicó que en su vehículo no se encontró ninguna sustancia controlada. La resolución en cuestión, manejaría deliberadamente la teoría de que ambos vehículos habrían sido detenidos a la misma hora, sin considerar los informes señalados precedentemente.

 

Por consiguiente, la autoridad demandada vulneró su derecho al debido proceso, al pronunciar la Resolución 186/11, toda vez que omitió hechos relevantes en la investigación, como la diferencia de veinticinco minutos entre el primer y segundo vehículo requisado; asimismo carecería de fundamentación y motivación, pues no determinó con claridad cuál sería su conducta ilícita, a qué tipo penal se encontraría subsumido, menos describiría la norma violentada; tampoco señalaría de manera individualizada todos los medios de prueba, ni sometería a contradicción los fundamentos del sobreseimiento; en definitiva carecería de fundamentación legal.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la motivación, fundamentación y exhaustividad de los fallos, a la “seguridad jurídica” y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 14.I, 115, 116, 119 y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se le conceda tutela y se deje sin efecto la Resolución 186/11 de 8 de junio de 2011, pronunciada por la autoridad demandada, disponiéndose que se pronuncie nueva resolución fundamentada confirmando el sobreseimiento.

 

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 10 de agosto de 2012, conforme cursa en acta de fs. 89 a 97, se produjo los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El abogado del demandante ratificó en su integridad el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional, añadiendo que a) Extraña que el Fiscal demandado indique que no se ha agotaron las instancias, toda vez que fue notificado con la Resolución que revocó el sobreseimiento, impugnó la misma, a lo que la autoridad demandada, se pronunció mediante Resolución de 8 de mayo de 2012, disponiendo no ha lugar a la impugnación por no ajustarse a procedimiento, toda vez en cumplimiento del art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se tiene que contra la resolución dictada por el superior jerárquico no cabe recurso ulterior alguno. b) Por otra parte, “Si nosotros hemos planteado la Acción de Amparo Constitucional es porque se llegó a la audiencia conclusiva, en la que el juez le devolvió la actuación al señor fiscal porque no había elementos para ir a juicio, no hemos puesto eso en el amparo porque no es el motivo del amparo, no lo hemos considerado necesario (…) independientemente de eso anuló y le dijo que se notifique con el rechazo del sobreseimiento, nos notificaron al finalizar la audiencia…” (sic).

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

Isabelino Gómez Cervero, Fiscal Departamental de Santa Cruz, autoridad demandada, mediante informe de 9 de agosto de 2012, cursante de fs. 76 a 79, manifestó que: 1) El accionante tenía abierta como “tercera instancia” el Recurso de Revisión previsto en el art. 66 de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que el accionante no agotó las instancias previstas por ley; 2) No se habría restringido ni suprimido ningún derecho constitucional del accionante, pues la Resolución 186/11, por la que se revocó el sobreseimiento dictado a favor del accionante, se encuentra amparada en el art. 324 del CPP y cuenta con la debida fundamentación legal, por lo que en función a la revisión y análisis de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, se tiene que existirían los suficientes elementos de convicción para fundar una acusación; 3) El accionante pretendería que el Tribunal de garantías revise y valore cada uno de los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones, al solicitar la nulidad de la referida resolución y que se ratifique el sobreseimiento, desconociendo que la misma es labor privativa del fiscal, de acuerdo a los principios de objetividad y razonabilidad, conforme a las SSCC 0613/2004-R y 2686/2010-R; y, 4) La valoración de prueba correspondería a los órganos jurisdiccionales y no así al Tribunal Constitucional, por lo que solicitó se deniegue la tutela.

 

Asimismo, en audiencia, Jorge Fernández Tardío, Fiscal de Materia en representación de la autoridad demandada señaló que la acción de defensa interpuesta por el accionante, es una situación eminentemente dilatoria, puesto que existe una audiencia conclusiva que habría sido postergada estando todavía en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, no habiéndose acudido ante dicha autoridad, razón por la que no ameritaría “otorgar” la tutela solicitada.

 

I.2.3. Intervención del tercero interesado

 

José Luis Bravo, Fiscal de Materia como tercero interesado, no se hizo presente en la audiencia, menos aún hizo llegar informe alguno, habiendo sido notificado legalmente para la misma así como consta en el acta de fs. 89.

 

I.2.4. Resolución

 

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 32 de 10 de agosto de 2012, cursante de fs. 97 a 100 vta., concedió la tutela impetrada por el accionante, dejando sin efecto la Resolución de 8 de junio de 2011, emitida por la autoridad demandada, disponiendo que pronuncie nueva resolución con carácter motivado y fundamentado. Cabe precisar que el Vocal Victoriano Morón Cuellar fue de voto disidente, pues consideró que el accionante tenía la vía del control jurisdiccional para hacer valer sus derechos, por lo que se debió declarar la improcedencia de la presente acción tutelar.

 

La Resolución se basó en los siguientes fundamentos de relevancia jurídica constitucional: i) Se evidencia que la Resolución 186/11, revoca la Resolución de sobreseimiento de 30 de mayo de igual año, misma que fue impugnado por el accionante mediante Recurso Jerárquico, emitiéndose la providencia de 8 de mayo de 2012, que declaró no ha lugar a la solicitud, por no ajustarse a procedimiento, razón por la que al haberse rechazado la última instancia, se evidencia el cumplimiento del principio de subsidiaridad; ii) En el presente caso el acto de omisión se encuentra en la falta de fundamentación de la resolución impugnada, lo que conlleva una infracción del art. 73 del CPP; iii) El informe de la autoridad demandada, señala que la Resolución de sobreseimiento de 30 de mayo de 2011, no cuenta con debida fundamentación legal exigida, en función a que de la revisión de los análisis y antecedentes del cuaderno de investigación, existen elementos de convicción que permitirían fundar la acusación; afirmación que carece de justificación, pues se omitió fundamentar cada punto de hecho concreto; y, iv) El Tribunal de garantías no puede entrar a revalorizar las pruebas, simplemente considera que no ha existido una correcta fundamentación en la decisión tomada por el Ministerio Público, no se está considerando si se debe o no sobreseer al imputado.

 

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1.Según Resolución Conclusiva de Sobreseimiento Fiscal de 30 de mayo de 2011, pronunciada por el Fiscal de Materia Ramiro Núñez Daza, dentro del proceso penal seguido por el delito de tráfico de sustancias controladas , previsto y sancionado por el art. 48 de la Ley 1008, caso “SC-B-508/11”, a favor de Juan Montaño López -ahora accionante-, fundamentando que por la requisa tanto personal como del vehículo, no se le encontraron sustancias controladas, y que el micro aspirado estableció que no existirían partículas de cocaína dispersas en el interior del vehículo requisado (fs. 3 y 4).

 

II.2.Mediante Resolución 186/11 de 8 de junio de 2011, pronunciada por Isabelino Gómez Cervero, Fiscal Departamental de Santa Cruz, se revocó la Resolución de Sobreseimiento de 30 de mayo de ese año, esta última dictada a favor del accionante, intimando al Fiscal de la causa que en el plazo de diez días presente acusación ante el Tribunal de Sentencia competente, dentro del proceso penal seguido en contra del mencionado, por el delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado en el art. 48 de la Ley 1008, caso “SC-B-508/11” (fs. 6 a 9). La referida Resolución fue notificada personalmente al accionante el 3 de mayo de 2012, de acuerdo a la diligencia de notificación (fs. 10 vta.).

 

II.3.Por memorial presentado el 7 de mayo de 2012, el accionante impugnó mediante “Recurso Jerárquico” la Resolución 186/11 (fs. 11 a 14 vta.); impugnación que ameritó el pronunciamiento de 8 de mayo de 2012, por parte de la autoridad demandada, indicando que la norma en la que fundamentó su solicitud (art. 66 de la LOMP) se encontraría derogada, y que habiéndose emitido la correspondiente resolución fiscal en grado de revisión conforme el art. 324 del CPP, no cabería recurso ulterior, por lo que determinó no ha lugar a la solicitud planteada (fs. 15).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera que la Resolución 186/11, emitida por la autoridad demandada, mediante la cual revocó el sobreseimiento pronunciado a su favor, dentro del proceso penal seguido en su contra, vulneró sus derechos al debido proceso, a la motivación, fundamentación y exhaustividad de los fallos, a la “seguridad jurídica” y a la presunción de inocencia, al no estar debidamente motivada y fundamentada, además de omitir hechos relevantes en la investigación y no valorar adecuadamente la prueba existente, por lo que solicitó se conceda tutela y se deje sin efecto la resolución en cuestión, emitiéndose nuevo pronunciamiento debidamente fundamentado.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.      Naturaleza y fines de la etapa preparatoria y la etapa intermedia en el proceso penal

III.1.1.   Los elementos de convicción de la responsabilidad penal del imputado y su carácter provisional en la etapa preparatoria

El Código de Procedimiento Penal está estructurado en cinco fases principales: La investigación o preparación; la etapa intermedia; el juicio o plenario; la impugnación y la ejecución de la sentencia, asignándole finalidades específicas a cada una de ellas. En ese orden de ideas, debe destacarse que uno de los objetivos que inspiraron la reforma procesal penal, fue posicionar al juicio oral como etapa central del proceso, ya que es en esta fase en la cual se define de manera oral, pública, contradictoria y continua, la culpabilidad o inocencia del imputado.

Ello debido a que en el anterior sistema procesal penal, de herencia colonial e inquisitiva, la fase gravitante del proceso era la instrucción preparatoria, eminentemente escriturada y ritualista, donde la tramitación del expediente desnaturalizaba la etapa del juicio o debate, que se tornaba en un mero formalismo, pues se limitaba a reproducir el papeleo acumulado en el expediente durante la instrucción, aspecto que se expresaba en la lectura integral de actas, testimonios y pruebas documentales durante el juicio, o en el peor de los casos, se reducía a una simple mención de dichas pruebas, situación que violentaba en términos generales el debido proceso y la verdad material que debe regir en el proceso penal.

En ese sentido, el Código Procesal Penal al dotar de una nueva estructura y contenido a la etapa preparatoria, establece claramente su finalidad en el art. 277 del CPP, que expresa: “La etapa preparatoria tendrá por finalidad la preparación del juicio oral y público, mediante la recolección de todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal o del querellante y la defensa del imputado”. Por consiguiente, el desarrollo de la fase preparatoria implica la realización de un conjunto de actividades, orientadas a la búsqueda de información para fundar o desvirtuar la acusación, bajo la premisa de que el proceso penal busca la averiguación de la verdad a través de la reconstrucción histórica de los hechos (verdad material), que más adelante determinará el fundamento de la decisión judicial (sentencia).

Cuando se afirma que esta primera fase del proceso penal es “preparatoria”, se quiere dar a entender fundamentalmente, que los elementos de convicción reunidos en esta etapa para fundar la acusación, tienen carácter provisional, puesto que es en el juicio oral, el momento procesal en el cual deberá producirse la prueba que sustenta la acusación, bajo los principios rectores en la materia (oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, concentración, continuidad, libertad probatoria, sana crítica, entre otros). Sin embargo, en ocasiones excepcionales donde no sea posible esperar al juicio para producir la prueba, por existir un obstáculo insuperable, se instituye un mecanismo procesal conocido como anticipo de prueba, regulado en el art. 307 del CPP.

De lo expuesto, queda claro que en sentido estricto, durante la etapa preparatoria, no es posible hablar de valoración de la prueba como construcción jurídica de la responsabilidad penal del imputado, pues no forma parte de la actividad procesal de dicha fase, ya que como se explicó precedentemente, ello constituye la actividad principal del juicio oral, etapa central del proceso penal, que exige la utilización de métodos y requisitos rigurosos en el ofrecimiento, producción y valoración de la prueba, que posteriormente debe verse reflejado en la fundamentación de la sentencia. Por tal razón, en la fase preparatoria se habla de elementos de convicción, pues los mismos determinarán una finalidad positiva (fundar la acusación para llevar el caso a juicio oral) o bien una finalidad negativa (desechar juicios inútiles o injustos). Ahora bien, en materia de excepciones e incidentes, al tratarse de cuestiones accesorias a la averiguación de la verdad material, si es permitido hablar de una valoración de la prueba, en el entendido de que las cuestiones incidentales tiene una finalidad propia y una regulación procesal específica.

III.1.2.   Naturaleza y fines de la etapa intermedia en el proceso penal: El control de la acusación y su regulación procesal

La investigación o etapa preparatoria concluye con una solicitud conclusiva realizada por el fiscal, que comúnmente es la apertura de juicio oral, denominada acusación; o bien puede pedir el sobreseimiento, esto es, que el imputado sea absuelto, toda vez que de la investigación misma surge la certeza de su inocencia. También es posible que el Ministerio Público pida la aplicación de una salida alternativa al juicio oral (criterio de oportunidad reglada, suspensión condicional del proceso o conciliación) o bien la simplificación del procedimiento con el juicio abreviado, conforme lo establece el art. 323 del CPP.

Como se dijo, la investigación o etapa preparatoria finaliza con el requerimiento conclusivo pronunciado por el fiscal, que está sujeto a un control posterior específico según se trate el caso. En el supuesto del sobreseimiento -por principio acusatorio- su control está asignado al fiscal superior jerárquico, estableciéndose la impugnación como mecanismo procesal para su activación, de acuerdo a lo previsto en el art. 324 del CPP. En el caso de acusación, el control está encargado a la autoridad jurisdiccional, siendo la audiencia conclusiva el mecanismo procesal para su consideración.

En ese orden de ideas, desde el ámbito de la doctrina se sostiene que si la investigación tiene por objetivo la preparación de la acusación para juicio oral, la etapa intermedia tiene por finalidad el análisis y crítica del resultado de dicha investigación. La fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable, esto es, que un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a una persona a juicio no sea apresurada (Binder, Alberto: Introducción al Derecho Procesal Penal; 1999, págs. 245 y ss). Asimismo, se sostiene que el requerimiento conclusivo y concretamente la acusación, debe ser contralada en un doble sentido; es decir, en cuanto a requisitos de forma y otro en relación a los requisitos fondo. En el derecho comparado (Alemania, Italia, Estados Unidos) se advierte que el control de la acusación en la etapa intermedia, supone la facultad que tiene la autoridad jurisdiccional de valorar la suficiencia de los cargos para ser llevados a juicio, y por tanto autorizar y/o corregir la acusación, o en su defecto desestimar los mismos, razón por lo que se afirma que: “La función primordial de esta etapa ha sido y continúa siendo la de controlar el requerimiento acusatorio del fiscal y, más precisamente, evitar que cualquiera pueda ser acusado sin fundamento suficiente…” (HorvitzLennon, María Inés y López Masle, Julián: Derecho Procesal Penal Chileno - Tomo II; 2004, pág. 9).

No obstante lo descrito precedentemente, en el caso específico de la legislación nacional, la modificación realizada al art. 325 del CPP, mediante Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establece un modelo híbrido y restringido de la etapa intermedia, ya que la norma en cuestión dispone con relación a la audiencia conclusiva lo siguiente:

Artículo 325. (Audiencia Conclusiva). Presentado el requerimiento conclusivo en el caso de los numerales 1) y 2) del Artículo 323 de este Código, el juez, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, convocará a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de seis (6) ni mayor de veinte (20) días, computables a partir de la notificación con la convocatoria.

Notificada la convocatoria, las partes tendrán un plazo común de cinco (5) días para examinar el requerimiento conclusivo, las actuaciones y evidencias reunidas en la investigación y para ofrecer los medios de prueba necesarios.

En la audiencia las partes podrán:

a)            Observar la acusación fiscal o particular por defectos formales, requiriendo su corrección;

b)           Deducir excepciones e incidentes, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;

c)            Pedir la resolución de excepciones e incidentes pendientes;

d)           Plantear incidentes de exclusión probatoria u observaciones a la admisibilidad de la prueba, a cuyo efecto las partes deberán presentar la prueba documental y material ofrecida en la acusación;

e)            Proponer los hechos sobre los que no existe controversia y que el juez dará por acreditados, obviando la actuación probatoria en el juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El juez de instrucción, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos.

La audiencia será dirigida por el juez de instrucción y durante su realización no se admitirá la presentación ni lectura de escritos. Instalada la audiencia, el juez de instrucción otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal, al acusador particular y a la defensa, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida.

 

El fiscal en la misma audiencia, podrá aclarar o corregir la acusación. Si la corrección requiere mayor análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco (5) días para su nuevo requerimiento. Si no existen más observaciones, se tendrá por saneada”.

De la revisión y análisis del art. 325 del CPP vigente, se establece que el modelo de etapa intermedia definido por el legislador, no cumple con la función de control de mérito (de fondo) de la acusación, que habitualmente se le asigna en el derecho comparado. En efecto, la fase intermedia en el caso boliviano cumple una función de control de legalidad formal, que contempla básicamente la verificación de los requisitos exigidos por el art. 341 del CPP que debe reunir la acusación fiscal y particular, así como la corrección de los vicios formales que ella pudiera adolecer; asimismo, se la asigna una función de saneamiento procesal, ya que en la audiencia conclusiva se deben resolver todas las cuestiones accesorias al proceso, esto es, excepciones e incidentes, que puedan dilatar la realización ininterrumpida del juicio, incluidas las exclusiones y convenciones probatorias.

Bajo este razonamiento y considerando la deficiente regulación normativa de la etapa intermedia en varios aspectos de la legislación vigente, y que ello ha generado diversas y variadas interpretaciones sobre la audiencia conclusiva en la práctica, se hace necesario efectuar algunas precisiones y consideraciones que se desarrollan a continuación. Si bien la fase intermedia gira en torno a la acusación pública, no es menos cierto que el control formal también puede recaer sobre la acusación particular del querellante, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 325 inc. a) del CPP, razón por la que ante el vacío legal de la norma citada, en cuanto al momento y plazo para su presentación a la autoridad jurisdiccional, se tiene que una vez formulado el requerimiento conclusivo de acusación fiscal (art. 323.1 del citado Código), con carácter previo a la convocatoria y señalamiento para la audiencia conclusiva, la autoridad jurisdiccional deberá notificar al querellante para que en el plazo de diez días, presente su acusación particular, que deberá contener todos los requisitos exigidos por el art. 341 del referido cuerpo legal, salvo que decida adherirse a la acusación fiscal. Vencido el plazo, con o sin presentación de la acusación particular, el juez de instrucción deberá dentro de las veinticuatro horas siguientes, convocar a las partes a la audiencia conclusiva a realizarse en un plazo no menor de seis ni mayor de veinte días, computables a partir de la notificación con la convocatoria.

Conjuntamente con la convocatoria a audiencia conclusiva, la autoridad jurisdiccional deberá notificar a la parte imputada con la acusación fiscal y particular, así como con la prueba de cargo adjuntada, a efectos de que pueda examinar ambas y formular sus observaciones si lo ve por conveniente, y/o plantear las demás facultades previstas en el art. 325 del CPP. La parte querellante también podrá formular sus observaciones a la acusación fiscal y demás facultades contempladas en la norma precitada.

A la conclusión de la audiencia, si la autoridad jurisdiccional advierte errores formales en la acusación fiscal y/o particular, o el incumplimiento total o parcial de los requisitos exigidos por el art. 341 del CPP, el fiscal y/o querellante, podrán aclarar o corregir su acusación en la misma audiencia; si la corrección requiere mayor análisis, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para una nueva presentación; si no existen más observaciones, se tendrá por saneada.

En ese sentido, si el fiscal no presenta la acusación corregida en el término señalado, el juez conminará al Fiscal Departamental conforme lo dispuesto en el último párrafo del art. 134 del CPP; es decir, para que presente la misma en el plazo de cinco días; si pese a esto, el Ministerio Público no presenta la acusación corregida, el juez declarará extinguida la acción penal, salvo que el querellante hubiese formulado acusación particular (que no haya sido observada o bien si fue corregida), por lo que el juicio oral se abrirá en base a esta última, de conformidad al art. 342 del citado Código, pues la legislación procesal penal vigente reconoce a la víctima -en la fase del juicio- la calidad de querellante conjunto autónomo. Si el querellante se hubiere adherido a la acusación fiscal observada, el juez le concederá excepcionalmente un plazo adicional de cinco días para fundamentar su acusación particular.

Corregidas las observaciones, o no habiéndose formulado ninguna, y resueltas las cuestiones incidentales planteadas por las partes, el juez de instrucción remitirá la acusación (o acusaciones según el caso) ante el Juez o Tribunal de Sentencia de Turno. En lo posterior, será aplicable el trámite previsto en los arts. 340 y ss. del CPP, por el cual el Juez de garantías no está facultado para decretar el auto de apertura a juicio; asimismo le está prohibido remitir las actuaciones y evidencias acumuladas durante la investigación al Juez o Tribunal de Sentencia, puesto que se debe evitar que la autoridad jurisdiccional sea contaminada con elementos de convicción que todavía no fueron introducidos, según los principios y reglas que rigen el ofrecimiento, producción y valoración de la prueba en juicio oral, pues lo que se busca es preservar la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional que conocerá el juicio, misma que se vería seriamente menoscabada si conoce anticipadamente estas actuaciones sin observar el debido proceso establecido al efecto.

En cuanto a la impugnación de la resolución dictada por la autoridad jurisdiccional en audiencia conclusiva, es aplicable lo dispuesto por el art. 394 del CPP.

III.3.      La autolimitación de la justicia constitucional y la interpretación de la legalidad ordinaria del requerimiento conclusivo

Al respecto, la SCP 0291/2012 de 8 de junio, ha establecido que: “La jurisprudencia constitucional, además de establecer los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, adoptó para sí la teoría del self-restraint, desarrollada en la doctrina, con el objeto de delimitar los ámbitos entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.

 

Esta teoría del selft-restraint, de autolimitación, con un amplio respaldo en Alemania, dio sus primeros frutos en materia de justicia constitucional 'Más allá de los límites que el Tribunal (Constitucional) tiene como cualquier órgano, resulta muy importante que sepa autolimitarse; es decir, el self-restraint, que el activismo judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la interpretación constitucional, que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionales' (CARPIZO, Jorge. El Tribunal Constitucional y sus límites. Lima, 2009. Pág. 57).

 

En ese marco, una de esas autolimitaciones que se impuso en la justicia constitucional es precisamente la no interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales; y que fue establecida por la SC 1846/2004-R de 23 de noviembre, en la que además se señaló el deber de los administradores de justicia de no quebrantar los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, que a la letra dice: “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela (…) ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales” (SSCC 0055/2010-R y 0025/2010-R, entre otras).

 

En ese sentido, para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces y tribunales, la SC 1970/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: 'La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades'; no obstante, también en coherencia con una de las finalidades del Tribunal Constitucional, que es el respeto y protección a los derechos fundamentales, de manera excepcional y si es que en dicha labor o competencia exclusiva de interpretación se han lesionado derechos fundamentales, se abre la tutela o protección que brindan las acciones de defensa, claro está sujeta a requisitos o exigencias desarrolladas jurisprudencialmente también por este Tribunal; los cuales son:

'1) Exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación de la norma al caso concreto; es decir, por qué le resulta «insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo».

 

2) Exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos en la interpretación que considera lesiva a sus derechos, siendo insuficiente «la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas».

 

3) Qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la interpretación que indica es la correcta, 'estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional' (SC 0854/2010-R de 10 de agosto).

 

Por lo expuesto, se puede colegir que entre uno de los límites que se impuso en la propia justicia constitucional, está justamente la delimitación de ésta con la jurisdicción ordinaria; por lo que, es imprescindible realizar un análisis partiendo del cumplimiento de las reglas que anteceden -referentes a la interpretación de la legalidad ordinaria-, con el objeto de determinar si se ingresará al análisis de fondo o no de la problemática jurídica planteada”.

 

En términos generales, de acuerdo a la jurisprudencia glosada, se tiene que la justicia constitucional ha establecido como uno de sus criterios de autolimitación, la no interpretación de la legalidad ordinaria, que sin embargo se habilita de manera excepcional si se evidencia la lesión a derechos y garantías fundamentales, activándose la tutela o protección que brindan las acciones de defensa, de acuerdo a los requisitos descritos precedentemente. En ese orden de ideas, de manera preliminar se podría afirmar que, excepcionalmente la jurisdicción constitucional puede ingresar al análisis de fondo del requerimiento conclusivo emitido por el Ministerio Público, de acuerdo a los parámetros descritos; pero, deben efectuarse otras consideraciones que deben ser analizadas conjuntamente los requisitos exigidos por la jurisprudencia precitada.

 

En primer lugar, se debe precisar que el requerimiento conclusivo no es un acto jurisdiccional propiamente dicho, ya que es emitido por el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, producto de la investigación realizada a su cargo, en el marco de las atribuciones constitucionalmente asignadas por la Constitución Política del Estado (art. 225). En esa lógica, la determinación a la que arriba la fiscalía, es consecuencia de una actividad investigativa que recoge información de la más variada y diversa índole, que no sólo se limita al análisis y cotejo de documentación, sino que abarca la declaración de testigos, recolección de evidencia material, medios de comprobación inmediata (requisas, allanamiento, registro del lugar del hecho) y según la complejidad del hecho puede requerirse peritajes o investigaciones científicas especializadas. Dada la complejidad de la información y las particularidades de la sana crítica, hacen difícil en sede constitucional establecer si la valoración realizada por el Ministerio Público de los elementos de convicción que fundan el requerimiento conclusivo, fue la adecuada, o por el contrario, si la interpretación de la legalidad ordinaria lesionó derechos y garantías constitucionales.

Por otra parte, los elementos de convicción que sustentan la acusación tienen carácter provisional, pues su valoración probatoria está reservada a la autoridad jurisdiccional que sustanciará el juicio oral, tal como se explicó en el Fundamento Jurídico III.1.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y por tanto el control e impugnación de dicha valoración está reservada a la jurisdicción ordinaria a través de sus órganos competentes. No obstante, el análisis varía si el requerimiento conclusivo determina el sobreseimiento, ya que con ésta decisión finaliza el proceso penal, si en grado de revisión es confirmada por el fiscal jerárquico superior (art. 324 CPP). Ello se debe a que el legislador consideró que la decisión de desestimar los cargos debe recaer sobre el agente que ha llevado adelante la investigación; es decir, el Ministerio Público, y no así sobre el juez de instrucción, cuya función principal es el control de la actividad investigativa en resguardo del debido proceso y el respeto de los derechos de las partes durante la etapa preparatoria, dado el diseño acusatorio del proceso penal. En ese entendido, si bien el sobreseimiento no es una resolución judicial, tiene efectos jurídicos similares, en tanto determina la no culpabilidad del imputado y dispone la conclusión del proceso penal del imputado en cuyo favor se dictó.

 

En síntesis, la tutela constitucional respecto a la valoración de los elementos de convicción que efectuó el Ministerio Público, por medio del análisis de interpretación de legalidad ordinaria del sobreseimiento confirmado por el Fiscal superior jerárquico, se activa únicamente en aquellos supuestos en los que se advierte una manifiesta y grosera vulneración de los derechos y garantías constitucionales de las partes, como consecuencia de la valoración realizada por la Fiscalía. Por otro lado, ante el sobreseimiento ratificado o revocado por el Fiscal superior jerárquico, también queda abierta la jurisdicción constitucional por vulneraciones al debido proceso que no guarden relación con el fondo de la decisión, incluida la lesión al deber de fundamentación de dichas resoluciones.

 

En el supuesto del requerimiento conclusivo de acusación fiscal confirmado por el superior jerárquico, la tutela constitucional mediante el análisis de interpretación de legalidad ordinaria no se activa inmediatamente, toda vez que de acuerdo a lo señalado precedentemente, no constituye una decisión definitiva, pues dicha determinación y sus fundamentos será sometida a examen por el Juez o Tribunal de Sentencia que conocerá el juicio oral, autoridad que conforme a la inmediación y concentración de la actividad probatoria, determinará si la valoración realizada por el Ministerio Público para llevar el caso a juicio fue correcta o no. En ese entendido, una vez agotados los medios recursivos ordinarios, la jurisdicción constitucional se encuentra habilitada a efectuar el análisis de interpretación de legalidad ordinaria que hubiese lesionado derechos y garantías constitucionales, salvo que se trate de una manifiesta y grosera vulneración de los derechos y garantías constitucionales en la valoración de los elementos de convicción que sustentan la acusación fiscal, supuesto en el cual se activa directamente la jurisdicción constitucional.

 

Por último, queda abierta la tutela constitucional por vulneración del deber de fundamentación del requerimiento conclusivo, que ha sido confirmado o revocado por el fiscal superior jerárquico, trátese de acusación o sobreseimiento, ello en estricto cumplimiento del art. 73 del CPP, como se desarrolla en el siguiente punto.

 

III.4.      El deber de fundamentación de la resolución de fondo

El deber de fundamentación y motivación de toda resolución judicial o administrativa, forma parte del derecho, garantía y principio del debido proceso, consagrado en el art. 115.I de la Norma Suprema; razón por la cual la abundante jurisprudencia del anterior Tribunal Constitucional, dejó establecido que uno de los presupuestos que conforma la garantía del debido proceso, exige que toda resolución esté debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad al dictar un fallo debe imprescindiblemente exponer los hechos, desarrollar su fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho, que vulnera de manera evidente el debido proceso, pues no permite a las partes conocer cuáles son las razones que llevaron a la autoridad a tomar la decisión.

 

En ese sentido, la SCP 0387/2012 de 22 de junio, ha señalado al respecto lo siguiente: '…cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).

 

Del razonamiento antes expuesto, podemos inferir que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” (las negrillas son agregadas).

 

Por su parte, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, estableció respecto a las resoluciones de sobreseimiento que no se encontraban debidamente fundamentadas lo siguiente: “…cabe señalar que toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver.

Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP”.

 

III.5.      Análisis del caso concreto

Del estudio y análisis de los antecedentes del expediente, se establece que dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por el delito de tráfico de sustancias controladas, el Fiscal de la causa, mediante Resolución de 30 de mayo de 2011, requirió el sobreseimiento en su favor, argumentando que no se le habría encontrado ninguna sustancia controlada, tanto en la requisa personal como en la del vehículo, así como del micro aspirado se determinó que no existirían partículas de cocaína dispersas en el interior del vehículo requisado (fs. 3 y 4).

 

Sin embargo, en grado de revisión, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, ahora demandado, mediante Resolución 186/11 de 8 de junio, revocó el sobreseimiento dictado a favor del accionante, intimando al Fiscal de la causa que en el plazo de diez días presente acusación ante el Tribunal de Sentencia competente (fs. 6 a 9). Dicha resolución fue notificada personalmente al accionante el 3 de mayo de 2012, de acuerdo a la diligencia de notificación (fs. 10 vta.).

 

Posteriormente, el accionante impugnó mediante memorial de 7 de mayo de 2012, la Resolución 186/11 (fs. 11 a 14 vta.); impugnación que ameritó pronunciamiento el 8 del mismo mes y año por parte de la autoridad demandada, indicando que la norma en la que fundamentó su solicitud (art. 66 de la LOMP) se encontraba derogada, y que habiéndose emitido la correspondiente resolución fiscal en grado de revisión conforme el art. 324 del CPP, no cabería recurso ulterior, por lo que determinó no ha lugar a la solicitud planteada (fs. 15).

En ese orden de ideas, cabe delimitar que el acto supuestamente lesivo objeto de la tutela solicitada, es la Resolución 186/11, por la cual la autoridad demandada revocó el sobreseimiento dictado a favor del accionante; por su parte, la causa es la supuesta falta de fundamentación de dicha resolución fiscal y la defectuosa “valoración de la prueba” en la que basó su decisión para revocar el referido sobreseimiento, omitiendo fundamentalmente dos hechos relevantes, la hora de la revisión del vehículo en que se encontraba (veinticinco minutos después del primer vehículo donde se encontró marihuana) y el resultado del informe de micro aspirado que dio negativo, solicitando que mediante el análisis de interpretación de legalidad ordinaria, la jurisdicción constitucional deje sin efecto la resolución en cuestión y confirme el sobreseimiento.

 

Ahora bien, respecto a cuestiones preliminares, como ser la supuesta subsidiaridad alegada por la autoridad demandada, debe señalarse que la misma es inexistente, puesto que de conformidad al art. 324 del CPP, una vez que el Fiscal superior jerárquico se ha pronunciado en grado de revisión, no cabe recurso ulterior, como el mismo Fiscal Departamental lo ha reconocido en su proveído de 8 de mayo de 2012 (fs. 15). Asimismo, la autoridad demandada, señala que la interposición de la presente acción de defensa, sería una situación eminentemente dilatoria, al estar pendiente la audiencia conclusiva que, sin embargo, no afecta a la cuestión planteada, ya que como se explicó en el Fundamento Jurídico III.1.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la audiencia conclusiva cumple una función de control de legalidad formal de la acusación y de saneamiento procesal.

Con relación al fondo de la problemática planteada, en primer término se debe considerar si es factible ingresar al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria del sobreseimiento de 30 de mayo de 2011 y su posterior revocatoria mediante la resolución impugnada, como pretende el accionante. En ese entendido, se dijo en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que la jurisdicción constitucional se activa únicamente en aquellos supuestos en los que se advierte una manifiesta y grosera vulneración de los derechos y garantías constitucionales de las partes, como consecuencia de la valoración realizada por la fiscalía, de acuerdo a los requisitos desarrollados por la jurisprudencia constitucional.

Siguiendo ese razonamiento, se tiene que de la revisión de la Resolución 186/11, no es posible determinar que haya existido una manifiesta y grosera vulneración a los derechos invocados por el accionante, toda vez que sólo cursa en el expediente la documentación proporcionada por las partes, no así todos los elementos de convicción que ha proporcionado la investigación, razón por la que si bien la información omitida según el accionante podría ser relevante, debe ser valorada de manera integral y armónica, conforme los criterios de la sana crítica (art. 173 del CPP), situación que no es factible en el presente caso, pues la información con la que se cuenta es limitada.

No obstante lo anterior, se tiene que con relación a la denuncia de la lesión al debido proceso por carecer de fundamentación la resolución fiscal cuestionada por el accionante, se debe verificar si tal extremo es evidente. En ese entendido, de la revisión y análisis de la Resolución 186/11, se establece en primer lugar, que el punto “I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA”, contiene una relación de hechos, actuados procesales y elementos de convicción recolectados en la investigación, resaltando entre ellos los antecedentes penales del accionante por narcotráfico, que supuestamente sucedieron los años de 1994, 1997 y 2004, en tres casos diferentes; en segundo lugar, se advierte en el punto “FUNDAMENTO JURÍDICO”, que la autoridad demandada sostiene que en el primer vehículo requisado, conducido por los coimputados Abel Santiago Quincho y RobisneyBohorquez Acosta, se encontró además de marihuana, dos peajes, uno de la tranca de control del Gobierno Municipal de Santa Rosa del Sara 81515 y otro del Gobierno Municipal de Santa Rosa del Sara Sub Alcaldía San Luis Distrito 3 de 10 de abril de 2011; siendo que en el vehículo que conducía el accionante, también se encontró dos peajes, uno correspondiente a la tranca de control del Gobierno Municipal de Santa Rosa del Sara 81512 y otro del Gobierno Municipal de Santa Rosa del Sara Sub Alcaldía San Luis Distrito 3 de la fecha indicada, lo que demostraría a criterio de la autoridad demandada que: “…ambos vehículos retornaban de dicha localidad y como consecuencia de aquello el día 11 de abril de 2011, a horas 04:30 a.m. aproximadamente llegaron a las trancas móviles instaladas por el Grupo Operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) al ingreso del Aeropuerto de ViruViru, por lo que demuestra que existe vinculación suficiente para poder determinar que ROBISNEY BOHORQUEZ ACOSTA, ABEL SANTIAGO QUINCHO Y JUAN MONTAÑO LÓPEZ tenían relación en cuanto a la actividad ilícita investigada por lo que se cuenta con los elementos suficientes para fundamentar Acusación en contra de Juan Montaño López” (sic) (fs. 6 a 9).

Por lo expuesto, se concluye que la resolución objeto de la problemática en estudio, adolece de omisiones y contradicciones que evidentemente vulneran el deber de fundamentación al que está constreñido el Ministerio Público en sus requerimientos y resoluciones, de acuerdo al mandato contenido en el art. 73 del CPP, ya que no existe coherencia y concordancia entre la parte motivada y dispositiva, toda vez que se acusa al accionante por el delito de tráfico de sustancias controladas (art. 48 de la Ley 1008); y, sin embargo, en la relación de hechos y elementos de convicción, se indica que no se encontró ninguna sustancia controlada, tanto en la requisa personal como en la del vehículo que conducía; de igual manera se concluye que el hecho habría ocurrido a la misma hora; es decir, a horas 4:30 a.m.; pero, del informe policial de arresto y retención de vehículos de 11 de abril de 2011 (fs. 26 y 27 vta.), se establece que a esa hora se realizó la requisa del vehículo conducido por Abel Santiago Quincho y RobisneyBohorquez Acosta, en el cual se encontró sustancias controladas, y que posteriormente a horas 4:55 a.m., se efectuó la requisa personal y del vehículo conducido por el accionante. Finalmente, se menciona que el informe de micro aspirado practicado al vehículo del accionante, refiere no haberse encontrado partículas de cocaína; sin embargo, la autoridad demandada omite exponer el valor que le asigna a éste elemento de convicción en su argumentación y decisión. Tampoco expresa las razones por las cuales considera gravitante los peajes respecto a otros elementos de convicción recolectados, como por ejemplo los mencionados anteriormente; pero fundamentalmente, no indica cuál es el nexo de causalidad entre la conducta ilícita del tipo penal atribuido (tráfico) y los referidos peajes (tipicidad). En síntesis, se concluye que existen suficientes razones para afirmar que la Resolución 186/11, no se encuentra debidamente fundamentada y por consiguiente, no cumple con los estándares mínimos del debido proceso, de acuerdo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada.

Por lo expuesto, se tiene que el Tribunal de garantías, al conceder la tutela peticionada, evaluó de manera correcta los antecedentes de la causa.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32 de 10 de agosto de 2012, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga MAGISTRADA

Fdo. Dr. Macario LahorCor

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