SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2013-L

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0344/2013-L

Sucre, 20 de mayo de 2013

SALA LIQUIDADORA TRANSITORIA

Magistrada Relatora: Dra. Edith Vilma Oroz Carrasco

Acción de libertad

Expediente: 2011-24213-49-AL

Departamento: La Paz

 

En revisión la Resolución de 27 de julio de 2011, cursante de fs. 57 a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilding Alex Panique Rojas en representación sin mandato de Sergio Andrés de Alarcón García contra Félix Orlando Rojas Alcón, Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de La Paz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 26 de julio de 2011, cursante de fs. 32 a 41 vta., se tiene conocimiento de los siguientes argumentos:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

El accionante por intermedio de su representante, indica que: a) En el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal se dispuso su detención domiciliaria, vulnerándose su derecho a la libertad y a la locomoción; b) Que el 22 de julio de 2011, solicitó la cesación de dicha medida cautelar, sin que hasta el momento de presentación de esta acción se hubiera señalado día y hora de audiencia pública al efecto; c) Señala como antecedentes que previa investigación, se imputó formalmente contra Raquel Inés Peñaranda Fuentealba y su persona, por la supuesta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, conducción peligrosa de vehículo y omisión de socorro por atropello a la peatón Luisa Alejandra Asunción Mencías; d) En el momento de su aprehensión, luego de haberse dado a la fuga y de la persecución, habría referido que fue Raquel Inés Peñaranda Fuentealba, quien atropelló a la peatón; e) Los informes del caso refieren que en efecto Raquel Inés Peñaranda Fuentealba fue quien atropelló a Alejandra Luisa Asunción Mencías; f) Luego de un análisis pormenorizado y amplio respecto a la imputación formal que realizó el Fiscal de Materia asignado al caso, señaló que durante la fase investigativa dicha autoridad solicitó la aplicación de medidas cautelares, sosteniendo que existía peligro de fuga y de obstaculización, por lo que solicitó su detención preventiva; g) Señala que fueron conducidos en calidad de aprehendidos, ante la autoridad jurisdiccional que no dijo nada frente al abuso del representante del Ministerio Público, que del análisis de los arts. 210, 261, 262, del Código Penal (CP), así como de los arts. 132 bis, 185, 226, 254, 271 primer párrafo y 331, todos del Código de Procedimiento Penal (CPP), dicha autoridad se excedió en sus atribuciones incurriendo en detención ilegal, indebida y arbitraria; h) No obstante que fueron aprehendidos en flagrancia, el Juez demandado no ejecutó el procedimiento inmediato para delitos flagrantes previstos en la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, ni tomó en cuenta los arts. 393 bis y 393 ter del CPP, mismos que establecen que en delitos flagrantes no es necesario ni se justifica una investigación porque fueron sorprendidos después de cometido el hecho; i) El Juez demandado no tomó en cuenta la falta del certificado médico-forense, ni lo previsto en los arts. 261, 270 y 271 del CP, que necesariamente exigen que se debe determinar el tiempo de impedimento e incapacidad para el trabajo, para establecer el tipo de lesión; j) Arguye que en la audiencia pública de consideración de medidas cautelares, el representante del Ministerio Público señaló que quien atropelló a la víctima fue Raquel Inés Peñaranda Fuentealba y que se habría llegado a un acuerdo transaccional entre partes de acuerdo al art. 72 del CPP; y, k) No se tomó en cuenta factores concomitantes, al haber sido atacados por veinticinco personas de las que huían, imponiéndosele como medida cautelar la detención domiciliaria, en sustitución de la detención preventiva, con el argumento de que no se demostró contar con domicilio, familia ni trabajo conocido, por lo que el 22 de julio de 2011, pidió la cesación de la detención domiciliaria y la modificación de la imposición de medidas cautelares de carácter personal, conforme establece el art. 239.1 del CPP y para desvirtuar la apreciación subjetiva del Juez ahora demandado, demostró que cuenta con familia, domicilio y que la coimputada suscribió acuerdo transaccional con la madre de la víctima, acreditando de esa manera la reparación del daño ocasionado y que el accionante no fue el autor del mismo, por haber desaparecido las razones que dieron lugar a su detención, a cuyo efecto solicitó se señale día y hora de audiencia; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción “no salió” el memorial del despacho del Juez demandado y que de ese modo su derecho a la libertad se encuentra restringido.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante a través de su representante, señala que se lesionó la garantía al debido proceso, así como su derecho a la libertad de locomoción, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3. Petitorio

 

Solicita se declare la “procedencia” de la presente acción y se señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de su detención domiciliaria en el plazo de veinticuatro horas.

 

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

 

Celebrada la audiencia pública el 27 de julio de 2011, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante, ratificó el contenido de la acción planteada y ampliándola manifestó: 1) Que fue sometido a un proceso penal sin tomar en cuenta que la responsable del hecho era Raquel Inés Peñaranda Fuentealba, sin que su persona tenga un grado de participación; y, 2) Se aplicó la detención domiciliaria contraviniendo los arts. 232 y 240 del CPP.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

 

El Juez demandado no se presentó en la audiencia ni remitió informe escrito, no obstante su legal citación cursante a fs. 45.

 

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

 

El representante del Ministerio Público, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, aplicando el principio de subsidiariedad, para que el accionante haga uso del recurso ordinario que la ley prevé.

 

I.2.4. Resolución

 

La Jueza Cuarta de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 27 de julio de 2011, cursante de fs. 57 a 58, denegó la tutela solicitada con los siguientes fundamentos: i) De obrados se evidencia que se señaló audiencia para considerar las medidas sustitutivas a aplicarse; el Juez de garantías no puede pronunciarse al respecto debido a que corresponde al Juez de Instrucción en lo Penal hacerlo, puesto que estaría invadiendo la jurisdicción ordinaria, que en caso de negativa puede recurrir de apelación ante el superior en grado; y, ii) La detención domiciliaria impuesta en ningún momento fue apelada, por lo que no se ha vulnerado derechos fundamentales.

 

I.3. Consideraciones de Sala

 

Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías hasta el 31 de diciembre de 2011, en el marco del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012, conforme la modificación efectuada por su Disposición Transitoria Segunda. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose la Resolución dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

 

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.El 10 de junio de 2011, Luis Antonio Vargas Chávez, Fiscal de Materia, emitió mandamiento de aprehensión contra Raquel Inés Peñaranda Fuentealba y Sergio Andrés de Alarcón García, por atropello de peatón y posterior fuga (fs. 43).

 

II.2.El 11 de junio de 2011, el referido Fiscal de Materia, presentó imputación formal contra Raquel Inés Peñaranda Fuentealba y Sergio Andrés de Alarcón García, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, conducción peligrosa de vehículo y omisión de socorro, solicitando la detención preventiva de los imputados, alegando la existencia de peligro de fuga y obstaculización

(fs. 17 a 22).

 

II.3.Mediante Auto 298/2011 de 12 de junio, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ordenando su detención domiciliaria, fianza en la suma de

Bs15 000.- (quince mil bolivianos), para cada uno de los imputados, arraigo, prohibición para conducir vehículos y consumir bebidas alcohólicas o cualquier estupefaciente y de contactarse con testigos o partícipes del hecho (fs. 28 a 30).

 

II.4.El 5 de julio de 2011, las víctimas presentaron desistimiento en favor de la imputada Inés Raquel Peñaranda Fuentealba (fs. 31); providencia de 12 del referido mes y año, por la cual el Juez ahora demandado dispuso poner dicho escrito en conocimiento del Ministerio Público (fs. 31 vta.).

 

II.5.Por memorial de 11 de julio de 2011, la coimputada Inés Raquel Peñaranda Fuentealba, solicitó al Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, señale audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares (fs. 48 a 49 vta.); el referido Juez, señaló audiencia para el 15 de agosto del mismo año mediante providencia de 12 de julio de 2011 (fs. 50); asimismo, consta providencia de 23 de ese mes y año, por la que se señaló audiencia para el 30 de julio de 2011, no antecede a la misma memorial alguno (fs. 51).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante refiere que el Juez hoy demandado, no señaló audiencia para conocer la cesación de su detención domiciliaria, que de ese modo vulneró la garantía al debido proceso, así como su derecho a la libertad de locomoción. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

 

III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad.

 

El art. 125 de la CPE, regula la acción de libertad para la protección destinada al derecho a la libertad física o personal, ampliando su ámbito de protección a otros derechos fundamentales como la vida, y también a favor de toda persona que considere que es ilegalmente perseguida o indebidamente procesada.

 

Al respecto, la SCP 0292/2012 de 8 de junio, haciendo cita de la

SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló: “'…es necesario introducir el tema referido a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que de dicha esencia se podrá determinar la viabilidad o no de la presente demanda, labor que será cumplida a continuación.

 

La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como «recurso de hábeas corpus», encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

 

(…)

 

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular; es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

 

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida' (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)”.

 

III.2.La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento indebido

 

La SC 0471/2010-R de 5 de julio, al respecto señaló: "'…la protección que brinda el recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, éste no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes…', (SC 0290/2002-R de 18 de marzo, entre muchas otras). A dicho entendimiento, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, hizo énfasis en que este derecho y garantía a la vez, es tutelable por vía del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, cuando: ...a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad'" (negrillas añadidas).

 

En el mismo sentido, la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, señaló que: “Con relación al procesamiento ilegal o indebido, la doctrina constitucional desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física; caso contrario deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante esta acción, no es posible analizar actos o decisiones demandadas como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados, en razón, que para los demás derechos se tiene expedita la descrita vía del amparo. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0059/2010-R, 0048/2010-R y 0057/2010-R, entre otras”.

 

En ese orden, la amplia jurisprudencia constitucional ha reiterado en forma constante, frente a situaciones similares, que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no es aplicable a las diferentes formas en que éste puede ser vulnerado, sino que únicamente es posible tutelar el derecho a la libertad por infracción al debido proceso, cuando la violación de la libertad se produce como causa directa de esa vulneración; cuando no se produce de ese modo, las infracciones al debido proceso pueden ser reparadas por medio de la acción de amparo constitucional, que es la vía por la que es posible corregir las deficiencias procesales denunciadas.

 

III.3.Sobre el principio de informalidad y la falta de presentación de pruebas en acción de libertad

 

El art 125 de la CPE, no exige formalidad alguna para la interposición de la acción de libertad, es más, del análisis de su contenido se concluye que uno de los principios que rige esta acción es el de informalidad; sin embargo, se sobreentiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En esa línea se tiene la

SCP 1632/2012 de 1 de octubre, que señala: “Si bien la acción de libertad contiene como uno de sus elementos caracterizadores el informalismo, entendido éste como la ausencia de requisitos para su presentación, no es menos evidente que a fin de que el derecho o derechos denunciados como vulnerados puedan ser tutelados, la parte afectada, deberá presentar toda aquella prueba que otorgue al Tribunal o Juez de garantías la certeza suficiente que evidentemente se encuentra ante la infracción de los derechos denunciados para que una vez compulsados los mismos se otorgue tutela efectiva e inmediata de los derechos denunciados, teniendo en cuenta que dada la tramitación especial que goza esta acción no se otorgan plazos probatorios, este entendimiento ha sido plasmado a través de diferentes Sentencias Constitucionales entre ellas tenemos la SCP 0321/2012 de 18 de junio, que señaló: ´En ese orden, si se toma en cuenta que los Tribunales, tanto de garantías como de revisión, otorgan la tutela en caso de ser cierta y efectiva la demanda o lesión de derechos denunciados, significa que el o los accionantes para acusar un acto ilegal lesivo de derechos fundamentales que se encuentren bajo la protección del amparo, es ineludible que aporte pruebas suficientes que demuestren la existencia del acto ilegal, caso contrario, no se tendrá la certeza sobre la infracción al derecho que se considera vulnerado, y en esas circunstancias, no es posible otorgar la tutela, en razón de que se estaría ante un posible fallo injusto contra el demandado, dándose por cierto un acto ilegal u omisión indebida cuando éste no ha sido demostrado' (…).

 

Por su parte la SCP 0117/2012 de 2 mayo que señaló: ´La jurisdicción constitucional, se ha pronunciado a través de sus numerosos y uniformes fallos, respecto a que, la determinación del tribunal o juez de garantías debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho a la libertad de locomoción, empero, también debe existir esa certidumbre traducida en pruebas respecto a la intervención de la autoridad en los actos restrictivos de libertad que se denuncian a través de la acción tutelar; es decir, que el demandado tenga legitimación pasiva por haber sido quien cometió o ejecutó el acto ilegal, toda vez que debe existir esa coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, entre otras en la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, que señaló: «La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción»'” (las negrillas son nuestras).

 

Sentencias constitucionales plurinacionales, que siguieron el entendimiento de entre otras, la SC 0066/2010-R de 3 de mayo, que señaló lo siguiente: “En ese sentido, la SC 318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ´Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión`.

 

A ello, se agrega lo expresado por la SC 0315/2003-R de 18 de marzo: '…el fallo del recurso debe obedecer a la certeza plena de que realmente existió o no la vulneración del derecho a la libertad física (...) certeza plena que sólo se logra con la compulsa de la prueba…'” (las negrillas son nuestras).

 

III.4.Ámbitos de protección de la acción de libertad en relación al principio de celeridad procesal

 

La SCP 0740/2012 de 13 de agosto, recogiendo los alcances del principio de celeridad procesal que caracterizan a la acción de libertad, señaló que: ”El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- '…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida'.

 

En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3 concluyó que: '…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho'

(SC 0044/2010-R de 20 de abril) (…).

 

En este sentido por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia constitucional, desarrollada en la SC 0044/2010-R: '…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad' (…).

 

Por lo que la acción de libertad se constituye en un mecanismo procesal idóneo cuando existan dilaciones indebidas relacionadas a la libertad, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”.

 

III.5.Análisis del caso concreto

El accionante acusa que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, hoy demandado, al no señalar audiencia para conocer la modificación de medidas cautelares solicitada el 22 de julio de 2011 y al encontrarse su persona con detención domiciliaria, vulneró la garantía al debido proceso, así como su derecho a la libertad de locomoción.

Del análisis del amplio y confuso memorial de demanda, se tiene que el accionante realizó observaciones a las actuaciones del Fiscal de Materia asignado al caso (que no fue demandado), como ser, el mandamiento de aprehensión, la imputación formal, la solicitud de detención preventiva, así como los actuados del Juez que conoció de la causa, señalando que éste no tomó en cuenta la flagrancia de los hechos, la falta del certificado médico-forense, la inaplicación de los arts. 261, 270 y 271 del CP, sobre el tiempo de impedimento e incapacidad para el trabajo, para establecer el tipo de lesión, así como la autoría del hecho que fue atribuida a Raquel Inés Peñaranda Fuentealba; expuso que se habría llegado a un acuerdo transaccional entre partes el 11 de junio de 2011, de acuerdo al art. 72 del CPP. Tampoco se habría tomado en cuenta que fueron atacados por veinticinco personas de las que huían lo que ocasionó el accidente; que se le impuso a su representado como medida cautelar la detención domiciliaria en sustitución de su detención preventiva, por no haber demostrado que contaba con domicilio, familia ni trabajo conocido, sin anexar prueba alguna al respecto. Finalmente entre sus alegaciones se tiene que mediante memorial habría pedido el 22 de julio de 2011, la cesación de su detención domiciliaria y la modificación de la imposición de medidas cautelares de carácter personal, conforme establece el art. 239 inc. 1) del CPP y que cumplió con todos los requisitos al efecto, que sin embargo, el Juez demandado no señaló día y hora de audiencia, empero tampoco presentó el referido memorial en calidad de prueba.

De lo que se tiene dos situaciones: primero, que el accionante pretende que se revise vía acción de libertad, el debido proceso, sin demostrar que sea la causa directa de su detención domiciliara, ni aportar mayor prueba al respecto, dado que el mismo, hace un análisis de etapas precluidas, sin tomar en cuenta que en cada una de ellas la ley le faculta hacer uso de todos los medios de defensa a su alcance; lo que no es posible revisar vía acción de libertad, puesto que de las Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5, se tiene que, tanto los actuados del Fiscal de Materia asignado al caso, (que no fue demandado), como los atribuidos al Juez, no son causa directa de la detención domiciliaria impuesta a su persona, pues dicha restricción emerge de la supuesta comisión de ilícitos que le fueron atribuidos y valorados por el Juez de la causa; el análisis de la ilegalidad o no de tales actuados, está reservado única y exclusivamente para la acción de amparo constitucional, por no haberse evidenciado como se tiene referido anteriormente, que sean la causa de la restricción del derecho a la libertad, aspectos que no son tutelables.

En segundo lugar, en cuanto al petitorio concreto del accionante, que acusa que no fue atendida oportunamente su solicitud para que cese su detención domiciliaria, se tiene que el mismo no anexó en obrados en calidad de prueba, el referido memorial que demuestre que su petición fue realizada el 22 de julio de 2011, exigiendo la cesación de su detención domiciliaria, lo que no permite analizar si hubo o no la demora atribuible al juzgador demandado; para examinar actuados relativos al debido proceso que tengan relación directa con el derecho a la libertad, como refiere la jurisprudencia señalada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues es preciso aportar prueba de los actuados procesales que determinen que esos hechos son la causa inmediata de su privación de libertad; lo que en el caso de autos no ocurre. Omisión que impide determinar si el juez demandado incurrió o no en la demora denunciada por el actor y no permite comprobar que la solicitud fue presentada en determinada fecha y que el juzgador incurrió en tardanza injustificada en su atención por más del tiempo previsto. Si bien la acción de libertad, se caracteriza por la informalidad procesal, no es menos evidente, que tomando en cuenta el principio de celeridad procesal que también caracteriza esta acción de libertad, el accionante tiene la carga procesal de presentar toda la prueba respecto de los hechos que en forma directa afecten su derecho a la libertad; en ese sentido se tiene la SC 0066/2010-R citada en el Fundamento Jurídico III.3 aludido.

Por lo que esta omisión tampoco permite aplicar los entendimientos previstos en la SCP 0740/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo sobre el principio de celeridad, para evitar dilaciones relacionadas a la libertad, que difieren o evitan resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad; en la que se reitera que por medio de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, desarrollada en la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que: “…se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; por cuanto no existe la documental que permita comprobar la omisión que ahora se acusa.

En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada aplicación del art. 125 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo previsto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 27 de julio de 2011, cursante de fs. 57 a 58, pronunciada por la Jueza Cuarta de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi MAGISTRADA

Dr. Macario Lahor Cortez Chávez MAGISTRADO

Dra. Carmen Silvana Sandoval Landivar MAGISTRADA

Dra. Edith Vilma Oroz CarrascoDr. Zenón Hugo Bacarreza Morales

MAGISTRADAMAGISTRADO

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