SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0356/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0356/2013

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0356/2013

Sucre, 20 de marzo de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:02356-2012-05-AAC

Departamento:Chuquisaca

En revisión la Resolución 339/2012 de 13 de diciembre, cursante de fs. 218 a 221 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por José Almaraz Murillo contra Mauro Vargas Calvimonte, Osvaldo Saavedra Gutiérrez, actual y ex Administrador; Milton Pool Sotomayor, ex Asesor Legal, todos de la Aduana Interior Sucre; y Claudia BetinaCors Rejas, Directora Ejecutiva Regional interina de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) de Chuquisaca.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2012, cursante de fs. 55 a 63 vta., el accionante expone lo siguiente:

 

I.1.1.Hechos que motivan la acción

 

La Administración de Aduana Interior Sucre notificó conforme al art. 90 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en Secretaría, a José Almaraz Trujillo, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando; no así a su persona, provocándole un estado de indefensión, por lo que planteó un incidente de nulidad de obrados ante la misma autoridad que emitió dicha Resolución, dando lugar a que se emita un proveído que no sería susceptible de recurso de alzada, motivo por el que planteó reclamo ante las autoridades superiores dentro de la estructura de la Aduana Nacional de Bolivia sin obtener respuesta.

 

Así mismo, ante el conocimiento de la Resolución Sancionatoria planteó recursos de alzada y jerárquico ante la AIT, mismos recursos que fueron rechazados, avalando dicha autoridad la ilegal notificación realizada por la Administración Interior Sucre.

 

En junio de 2011 inscribió un vehículo indocumentado, marca Volvo, modelo 1998, en el sistema de la Aduana Nacional de Bolivia, prestando la Declaración Jurada 2011R124352, sometiéndose al proceso de saneamiento, mas el 4 de noviembre del mismo año se procedió al “decomiso” (sic) de su vehículo con el argumento que éste ingresó a territorio aduanero nacional en fecha posterior a la Ley 133 de 8 de junio de 2011, no pudiendo cumplir con el despacho aduanero e iniciándose un proceso por contrabando.

 

El 27 de enero de 2012, la Administración de Aduana Interior Sucre emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGRC-SUCCI 016/2012, notificándose con dicho fallo en Secretaría a “José Almaraz Trujillo”, el 1 de febrero del mismo año. Ante el conocimiento de la citada Resolución Sancionatoria, el “14” (sic) de mayo del indicado año, planteó incidente de nulidad de obrados ante la misma autoridad por haberse notificado a “José Almaraz Trujillo”, lo que dio lugar al Proveído AN-SUCCI 044/2012 de 29 de mayo, argumentando haberse notificado conforme al art. 90 de la Ley 2492; por lo mismo, planteó su reclamo ante la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, memorial que se archivó sin tener respuesta.

 

El 4 de mayo de 2012, pidió información de la situación legal del vehículo “decomisado” el 4 de noviembre de 2011, habiendo obtenido respuesta el 14 del mismo mes y año, mediante la cual se le hizo entrega de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGRC-SUCCI 016/2012, mencionando que la misma se encuentra ejecutoriada. Planteado el recurso de alzada contra la mencionada Resolución Sancionatoria el 31 del citado mes y año, éste fue rechazado y notificado el 1 de febrero de ese año.

 

El 4 de mayo de 2012, también solicitó fotocopias de los antecedentes, obteniendo como respuesta el Proveído AN-043-SUCCI 043/2012 de 9 del referido mes, mayo, por el que el Administrador de Aduana Interior Sucre, dispuso que esté a lo señalado por el art. 67 del Código Tributario (CTB); norma que igualmente fue aludida en la respuesta de la autoridad citada al Fiscal de materia, luego que él hubiera presentado un requerimiento fiscal para que se le otorgue fotocopias legalizadas.

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la personalidad y capacidad jurídica, y de petición, citando al efecto los arts. 14, 21, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

 

I.1.3.Petitorio

 

Solicita se le conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) La nulidad de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGRC-SUCCI 016/2012; b) La nulidad de la notificación de 1 de febrero de 2012 con la Resolución Sancionatoria mencionada, ordenándose la notificación en forma correcta; c) Se ordene al Administrador de la Aduana Mauro Vargas Calvimonte le otorgue fotocopias del proceso administrativo seguido en su contra; y, d) Se deje sin efecto las Resoluciones de Rechazo de 5 y 18 de junio de 2012, emitidas por la Directora Ejecutiva Regional interina de la AIT Chuquisaca.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 13 de diciembre de 2012, conforme consta en el acta cursante de fs. 208 a 217, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado del accionante, ratificó in extenso los términos de la demanda planteada.

 

I.2.2. Informe de las autoridades y de las servidoras y los servidores públicos demandados

 

Mauro Vargas Calvimonte, Administrador de la Aduana Interior de Sucre, en audiencia informó lo siguiente: 1) Todas las acciones que llevaron a la emisión de la Resolución Sancionatoria están de acuerdo a procedimiento; 2) Para el proceso de nacionalización de vehículos indocumentados, luego del registro de éstos y la declaración jurada de los peticionarios se otorgó un tiempo para formalizar su declaración de importación y regularización tributaria, para pasar a Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) y luego a la Aduana; y, 3) A través del Sistema de saneamiento de Vehículos (SAVE) se reportó que el vehículo se encontraba fuera del plazo de nacionalización, lo que fue corroborado por el Departamento de Inteligencia a través de reportes de rastreo de los procesos de importación que evidencian que el vehículo no se encontraba en territorio nacional al momento de la promulgación de la Ley.

 

Jaime Padilla, Asesor Legal de la Oficina de Aduana Nacional de Sucre, manifestó que la Aduana emitió la Resolución Sancionatoria 16/2012, acompañada de un Acta de Intervención Contravencional de Contrabando 62/2012, procediéndose el 1 de febrero de 2012, a la notificación del accionante; habiendo éste, presentado un incidente de nulidad de notificación, por lo que mediante proveído 44/2012 de 24 de mayo, se respondió al accionante, indicando que es la Resolución del Acta de intervención contravencional que se trata del vehículo del accionante y, posteriormente, se hubiera planteado el recurso de alzada después de tres meses, lo que constituye actos consentidos al haberse manifestado silencio por este tiempo.

 

Milton Pool Sotomayor, a través de su abogado en audiencia refirió, que el vehículo embarcado junto a otras movilidades consignadas a nombre de diferentes personas del entorno familiar del accionante desvelarían una trama dedicada al contrabando, en la que no hubo indefensión puesto que se dictó la Resolución Sancionatoria respecto del camión que entró al país después del 6 de junio de 2012, lo cual era de su conocimiento.

 

Claudia BetinaCors Rejas, por medio de su abogado y de acuerdo con el informe cursante de fs. 109 a 111, en audiencia indicó: i) El accionante, el 31 de mayo de 2012, presentó ante la AIT de Chuquisaca, un recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria que le fue notificada el 1 de febrero de ese año, por lo que en sujeción al art. 198.V del CTB, se rechazó el recurso interpuesto por haber sido presentado fuera del plazo previsto por el art. 143; y, ii) Posteriormente, el 14 de junio de 2012, el accionante presentó recurso jerárquico contra el referido Auto de rechazo, el mismo que procede únicamente contra una resolución que resuelva un recurso de alzada, por lo que se rechazó.

 

Osvaldo Saavedra Gutiérrez, no presentó informe pese a ser notificado.

 

I.2.3. Resolución

 

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 339/2012 de 13 de diciembre, cursante de fs. 218 a 221 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: a) El accionante reconoció haber firmado la Declaración Jurada de Regularización de obligaciones tributarias para vehículos automotores en la que se encuentran consignados los datos del camión cuya internación se quiso regularizar; b) El 4 de noviembre del 2011, funcionarios de la Administración de la Aduana interior de Sucre procedieron al comiso del vehículo en cuestión, lo que fue y es de conocimiento del accionante; c) El 27 de enero de 2012, la Administración de la referida Aduana emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGRC-SUCCI 016/2012 imponiendo el comiso definitivo del camión con motor D10*301401 que figura a nombre de José Almaraz Murillo, notificándose con dicha Resolución, el 1 de febrero del 2012, conforme al art. 90 del CTB; d) En la diligencia aparece el nombre de José Almaraz Trujillo, pero se trata del accionante que tenía conocimiento del trámite administrativo; e) Conocida la Resolución Sancionatoria, el accionante planteó incidente de nulidad señalando que la notificación se realizó a otra persona; así mismo planteó fuera del plazo de ley, recurso de alzada, por lo que fue rechazado; asi como también lo fue el recurso jerárquico; f) Respecto al reclamo de no haberse entregado fotocopias, no se interpuso el recurso oportunamente; y, g) El accionante tenía conocimiento del acto administrativo desde el inicio de la declaración jurada y los recursos de alzada y jerárquico fueron interpuestos fuera del término legal tomando en cuenta que fue notificado el 1 de febrero de 2012 conforme al art. 90 de la Ley 2492.

 

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

 

Al no haber encontrado consenso en sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

 

II. CONCLUSIONES

Hecha la revisión de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.El 4 de noviembre de 2011, se procedió al comiso preventivo del camión marca Volvo, con motor D10301401, Chasis YV2F4B9D7WA281092, color blanco-rojo, de propiedad de José Almaraz Murillo, ahora accionante, que declaró que en caso de no demostrarse que el vehículo no ingresó al territorio aduanero nacional antes del 8 de junio de ese año, de conformidad a los arts. 1 y 7.III de la Ley 133, los tributos, multas y otros conceptos que hubieran sido pagados, serían consolidados en favor del Estado, sin perjuicio del procesamiento por contrabando (fs. 205 y vta.).

 

II.2.Por informe AN-SUCCI-T335/2011 de 9 de diciembre, emitido por el Técnico Aduanero I IP3 la Aduana Nacional de Bolivia, dirigido al Administrador Aduana Interior Sucre, concluyó que el vehículo marca Volvo, con motor D10301401, Chasis YV2F4B9D7WA281092, color blanco rojo, con DDJJ 2011R124352, en Sistema SAVE se encontraría observado como vehículo en territorio nacional fuera de plazo, recomendando emitir el acta de intervención correspondiente (fs. 203 y 204).

 

II.3.El 30 de diciembre de 2011, mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-SUCCI 062/2012, suscrita por el Administrador de la Aduana Interior Sucre a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, con relación al apersonamiento de José Almaraz Murillo, con cédula de identidad 1268300 Pt., a efecto de acogerse al Programa de Saneamiento Legal de Vehículos y demás documentos, se presume que el sindicado José Almaraz “Trujillo” (sic), con cédula de identidad 1268300 Pt., ha incurrido en la comisión de contrabando contravencional (fs. 171 a 173).

 

II.4.El 4 de enero de 2012, “…al amparo de lo previsto por el artículo 83 numeral 7) y artículo 90 del Código Tributario…” se notificó en Secretaría a la persona identificada en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-SUCCI 062/2012, caso denominado “Almaraz”, figurando como persona sindicada o presunto propietario José Almaraz “Trujillo” (fs 169).

 

II.5.El 27 de enero de 2012, mediante Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-SUCCI 016/2012, el Administrador de la Aduana Interior Sucre a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, declaró probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo del camión marca Volvo, motor D10301401, chasis YV2F4B9D7WA281092, vehículo en Sucre (fs. 3 a 13).

 

II.6.El 1 de febrero de 2012, se notificó en Secretaría a la persona identificada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-SUCCI 016/2012 y Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-SUCCI 062/2012, caso José Almaraz Trujillo (fs. 14).

 

II.7.El 25 de mayo de 2012, el ahora accionante planteó incidente de nulidad de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-SUCCI 016/2012 y de la notificación de dicha Resolución por referirse las mismas a otra persona (fs. 15 a 18); Resolución que por proveído AN-SUCCI 044/2012 de 29 de mayo, pronunciado por el Administrador de Aduana Interior Sucre, fue declarado “no ha lugar” por estar los antecedentes claramente identificados los datos del vehículo automotor y el presunto propietario José Almaraz Murillo (fs. 19).

 

II.8.El 31 de mayo de 2012, mediante memorial dirigido a la AIT Chuquisaca, planteó “recurso de alzada” contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-SUCCI 016/2012 (fs. 20 a 26 vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

 

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la personalidad y capacidad jurídica, y de petición, por cuanto la Administración de Aduana Interior Sucre, notificó en su Secretaría con la Resolución Sancionatoria en Contrabando, conforme al art. 90 de la Ley 2492, a José Almaraz “Trujillo” y no a su persona; no obtuvo respuesta al reclamo que planteó, habiendo sido notificado con un proveído que no sería susceptible de recurso de alzada; asimismo, le fue rechazado los recursos de revocatoria y jerárquico planteados ante la AIT Chuquisaca. Añade que solicitó fotocopias de los antecedentes, habiendo el Administrador de Aduana Interior Sucre, dispuesto que esté a lo señalado por el art. 67 del CTB, norma que igualmente es aludida en la respuesta de la autoridad citada al Fiscal de materia, luego que hubiera presentado un requerimiento fiscal para que se le otorgue fotocopias legalizadas; por lo que corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

 

III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Boliviano

 

En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que se habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el órgano judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social y distribución, entre otros, para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

 

Por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado, en el art. 8.I de la CPE, refiriéndose a los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve los cuales son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

 

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir, la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia están, también entre otros, el de legalidad y la seguridad jurídica.

 

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusive, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que esta sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limitada a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que este a lado del estado y la población, con miras al vivir bien.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurara, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales” (SC 1138/2004-R de 21 de julio)

 

III.2.De la acción de amparo constitucional

 

Resulta igualmente pertinente, mencionar, antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, algunos aspectos inherentes a dicha acción de amparo constitucional instituida en la Constitución Política del Estado, con relación, a la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional. En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

 

A su vez, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece: “La Acción de Amparo Constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

 

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección, cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

 

III.3.      Sobre las notificaciones con las actas de intervención y resoluciones sancionatorias en el ámbito aduanerocontravencional

El art. 83 del CTB señala que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán, según corresponda, personalmente, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, tácitamente, misiva o en Secretaría.

Refiriéndose a la notificación con el acta de intervención o resoluciones determinativas en los casos de contrabando contravencional en sede administrativa, el art. 90 del referido Código señala: “Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación”. Y continúa: “En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio” (las negrillas son nuestras).

Al efecto, cabe señalar que la SC 0468/2012 de 4 de julio, establece que “…si bien el art. 84 del cuerpo legal en estudio, reconoce que las resoluciones determinativas -siempre y cuando superen la cuantía establecida en reglamentación especial- así como los actos que impongan sanciones deben notificarse personalmente al sujeto pasivo (tercero responsable o su representante legal), de manera específica y clara, el art. 90 del CTB dispone que tratándose de casos de contrabando, el acta de intervención y la resolución determinativa serán notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para lo cual impone la obligación del sujeto pasivo de asistir todos los días miércoles de cada semana para averiguar el estado de su asunto para que, en caso de estar disconforme con la decisión, plantear los recursos o vías de impugnación reconocidos en materia administrativa tributaria”.

 

III.4.Del análisis de caso concreto

De la documentación que informa los antecedentes del expediente, se evidencia que el 4 de noviembre de 2011, se procedió al comiso del camión marca Volvo, con motor D10301401, chasis YV2F4B9D7WA281092, color blanco-rojo, de propiedad de José Almaraz Murillo, quien en el trámite de nacionalización de vehículos automotores que hubieran ingresado al país antes de la promulgación de la Ley 133; declaró, que de no demostrarse que el vehículo no ingresó al territorio aduanero nacional antes del 8 de junio del mismo año, sin prejuicio de tributos, multas y otros conceptos consolidados en favor del Estado, estaría ante el procesamiento por contrabando; por lo que emitidos los informes del SAVE, recomendando emitir el acta de intervención correspondiente, emitida ésta el 30 de diciembre del mismo año, por el Administrador de la Aduana Interior Sucre a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, con relación al apersonamiento de José Almaraz Murillo, con cédula de identidad 1268300 Pt., se señaló en dicha Acta de intervención como en la diligencia de notificación con la misma, de presumirse que el sindicado sería José Almaraz “Trujillo”, lo mismo que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRCGR-SUCCI 016/2012, como en la notificación efectuada el 1 de febrero de 2012, en secretaría, de conformidad al art. 90 del CTB.

 

Por otra parte, se constata que el accionante, no obstante de conocer que su vehículo ingresó en territorio aduanero nacional fuera del plazo que estableció la Ley 133, intentó nacionalizar prestando declaración en la que se identifica personalmente, así como, de manera incontrastable, en el acta de comiso, se hace figurar las características del vehículo; en ese contexto, teniendo pleno conocimiento del trámite en curso, no sólo porque estaba en la obligación de concurrir ante la Administración Aduanera sino porque fue notificado tanto con el Acta de intervención como con la Resolución Sancionatoria, en Secretaría, en la forma que establece el art. 90 del CTB, en lugar de interponer el recurso de alzada en plazo y forma establecido, contra esta última Resolución, como lo hiciera posteriormente fuera de plazo, optó por pedir la nulidad de obrados, de la resolución que, ciertamente, fue emitida en su “Caso Almaraz”, originado en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-SUCCI 062/2012, como en sus antecedentes que revelan el comiso del camión marca Volvo, motor D10301401, chasis YV2F4B9D7WA281092.

 

En ese contexto, el hecho que hubiera un error en el señalamiento del segundo apellido del accionante en la Resolución Sancionatoria, contra la cual, el accionante extemporáneamente interpuso recurso de alzada y el consecuente recurso jerárquico, no resulta relevante cuando, por el contrario, tal interposición de recurso ante el hecho que la resolución hubiera sido emitida a consecuencia del trámite administrativo originado en el comiso del vehículo y posterior intervención en el caso de contravención aduanera, su identificación resulta ineluctable.

 

No hay que olvidar que el proceso de contrabando contravencional surge a consecuencia de un trámite o procedimiento de importación o exportación que realiza una persona natural o jurídica, en el que hay normas de carácter especial que regulan el transporte desde origen hasta el destino de las mercancías; así los arts. 69 y 70 de la Ley General de Aduanas (LGA), regulan formalidades aduaneras previas a la entrega de dichas mercancías, los medios, unidades de transporte, vías y rutas, lo que debe ser autorizado previamente por la Aduana Nacional, sancionándose por contrabando cuando se utilizan otras vías no autorizadas por ley, los casos de fuerza mayor o fortuitos ocurrido durante el tránsito de las mercancías, etc. revelando que el proceso de importación o exportación de mercancías desde su inicio no es un acto unilateral de la Administración Aduanera, sino que, al contrario, es una actividad del administrado que conoce de antemano el origen y destino de las mercancías, que pueden ser objeto de fiscalización por parte de la Administración incluida la posibilidad del inicio de un proceso por contrabando contravencional que no resulta independiente del proceso de importación o exportación, motivo por el cual el art. 90 del CTB no prevé una notificación personal con el acta de intervención ni con las resoluciones determinativas, puesto que lo importado tuvo su origen en la voluntad del importador o exportador, no siendo posible sostener, además, que por falta de notificación personal se pudiera vulnerar derechos al debido proceso o a la defensa cuando la norma citada prevé la notificación en Secretaría, no pudiendo alegarse desconocimiento de las emergencias eventualmente posibles en un procedimiento de importación o exportación.

 

Así, en lo que concierne a la notificación en Secretaría, tal como el mismo accionante afirma al inicio de su memorial, la notificación legal de la Resolución Sancionatoria como del Acta de Intervención de contravenciones aduaneras, responde a la notificación en Secretaría, de acuerdo con el art. 90 del CTB; en efecto, como se tiene referido en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no sólo que la disposición normativa es expresa al referirse a la notificaciones con este tipo de actos administrativos, sino que la jurisprudencia constitucional es categórica al señalar que dichas actuaciones serán notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria.

 

En ese contexto, no puede omitirse el mencionar que de acuerdo con los valores ético morales de la sociedad plural que sustenta el Estado, no resulta admisible que el accionante, en el texto de su demanda aluda que no obtuvo respuesta a su petición de nulidad de obrados cuando el mismo refiere que fue notificado con un proveído, o que, aduciendo una presunta lesión a su derecho de petición, reclamara como vulnerado el mismo cuando igualmente, por otro proveído, obtuvo respuesta.

 

Por otra parte, es preciso señalar que al accionante le correspondía impugnar cualquier supuesta notificación errónea a través de los medios de impugnación establecidos por la ley y no a través de un incidente de nulidad, por lo que, al no haberse utilizado un medio idóneo de defensa para la protección de una presunta lesión a sus derechos, no es posible ingresar al análisis de fondo en la acción de amparo constitucional. Así en sentido la SCP 1086/2012 de 5 de septiembre, que señaló: “(…)cuando se aleguen errores procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán ser impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos contemplados expresamente en la ley; esto es, dentro del mismo proceso principal, aspecto que impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos de impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, el mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no está legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento contrario, infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado”.

 

Por lo señalado precedentemente, al no haber sido planteada la impugnación contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-SUCCI 016/2012, en tiempo y forma oportuna, no puede el accionante pretender que mediante la acción de amparo constitucional sean reparadas las consecuencias de su descuido o negligencia, pues éste tenía el deber de sujetarse al ordenamiento jurídico y, si acaso entendía que fueron presuntamente lesionados sus derechos, debió acudir oportunamente y conforme a ley ante la instancia pertinente para que le sean reparados y, sólo subsidiariamente a la presente vía constitucional.

 

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

Por tanto

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 339/2012 de 13 de diciembre, cursante de fs. 218 a 221 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

No interviene la Magistrada Dra. Soraida Rosario ChánezChire, por ser de voto disidente.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey PRESIDENTE

Fdo. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

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