SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2013

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0535/2013

Sucre, 8 de mayo de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:02612-2013-06-AAC

Departamento:Santa Cruz

En revisión la Resolución 47 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carmen Morales Romero contra Edgar Molina Aponte, Samuel Saucedo Iriarte y Adhemar Fernández Ripalda, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2012, cursante de fs. 14 a 16 vta. y subsanado el 29 de octubre de ese año, cursante a fs. 21 y vta., la accionante expuso los siguientes fundamentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del fenecido proceso de divorcio seguido por Augusto Ulloa Peña contra su persona, tramitado en el Juzgado Segundo de Partido de Familia, se dictó sentencia declarando probada la demanda, disuelto el vínculo matrimonial, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda con la división y partición de los bienes gananciales. Empero, su ex cónyuge solicitó al Juez de la causa que la conmine para que desocupe y entregue el inmueble de su propiedad, que fue adquirido con anterioridad a contraer matrimonio, ubicado en la Unidad Vecinal (UV) 27 Mza. 80, barrio Branif sobre las calles Buceta y Tartagal; mediante Auto interlocutorio de 15 de febrero de 2012, la autoridad jurisdiccional declaró no ha lugar a la petición, salvando los derechos de Augusto Ulloa Peña, para acudir a la vía legal correspondiente; en apelación la Sala Civil Primera, por Auto de Vista 243 de 9 de agosto de 2012, revocó la Resolución impugnada, disponiendo que la solicitud de conminatoria sea resuelta por el Juez a quo.

El Auto de Vista 243, contraviene lo establecido en la Sentencia 155/2007 de 20 de agosto, que dispuso la división y partición de bienes gananciales en ejecución de sentencia respecto de los descritos en el Considerando IV de dicho fallo, determinación que se encuentra ejecutoriada con calidad de cosa juzgada material. Cabe aclarar que el citado Auto de Vista confunde bienes propios con bienes gananciales y que la sentencia no niega el derecho propietario de Augusto Ulloa Peña sobre el inmueble que reclama; sin embargo, no es competencia del Juez de primera instancia decidir sobre dicha reivindicación conforme se tiene del art. 373 del Código de Familia (CF), correspondiéndole la misma a los jueces ordinarios, “conforme a la Ley del Órgano Judicial (sic).

Lo que se pretende es despojarla del bien inmueble donde vivió por más de treinta años, ocasionándole graves perjuicios.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado:  La accionante denuncia como vulnerados su derecho a la “seguridad jurídica”, los principios de seguridad jurídica, probidad, equidad y respeto a los derechos constitucionales, citando al efecto los arts. 115, 178.I, 180.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio:    Solicita se declare la “procedencia” de la tutela constitucional y se anule el Auto de Vista 243 de 9 de agosto de 2012 y que Augusto Ulloa Peña, haga valer sus derechos en la vía ordinaria civil comercial.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 29 de noviembre de 2012, según se tiene del acta cursante de fs. 28 a 31, de obrados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción:              El abogado de la accionante, ratificó el contenido de la acción y la amplió indicando: a) No es competencia del Juez de Familia que conoce la causa, reivindicar un derecho; y, b) No existe oposición a la división y partición de los bienes gananciales; empero, siendo el bien inmueble de propiedad de Augusto Ulloa Peña y dado que no apeló de la sentencia, ahora deberá acudir a la vía ordinaria para recuperar dicho inmueble.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Edgar Molina Aponte, Samuel Saucedo Iriarte y Adhemar Fernández Ripalda, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia, codemandados, no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia, pese a su legal citación cursante a fs. 24 de obrados.

I.2.3. Intervención del tercero interesado:  Augusto Ulloa Peña, tercero interesado, no presentó informe escrito y en audiencia a través de su abogado, manifestó: a) La accionante ocupa el inmueble de Augusto Ulloa Peña, como consecuencia del matrimonio que contrajeron en 1981 y que fue declarado disuelto el 2007; b) Habiéndose establecido en sentencia que el inmueble es un bien propio de su cliente, al igual que las mejoras realizadas en el mismo, decisión confirmada en apelación y que la accionante planteó recurso de nulidad y casación, del cual desistió, debido a que llegaron a un acuerdo conciliatorio, donde Augusto Ulloa Peña, le cede dos inmuebles, una vagoneta y la suma de $us70 000.- (Setenta mil dólares estadounidenses), acordándose también, que el inmueble donde vive la accionante debía ser desocupado y entregado a la brevedad posible, incluso antes de la homologación de dicho acuerdo, comenzaron a ejecutar lo convenido; c) Homologado el convenio transaccional sobre división y distribución de bienes gananciales, la Resolución de homologación se encuentra ejecutoriada, dado que fue confirmada por la “Corte Superior”, teniendo calidad de cosa juzgada; por cuanto, se solicitó su cumplimiento al igual que la sentencia y se conmine a Carmen Morales Romero a entregar el inmueble; d) Para evitar problemas con la accionante, desde hace dos años que Augusto Ulloa Peña, se retiró del inmueble y vive alojado en un hotel; e) El art. 514 del Código de Procedimiento Civil (CPC), indica que las únicas autoridades para ejecutar sus fallos son los mismos jueces que conocieron el proceso principal, norma reforzada por el art. 373 del CF y el art. “140 inc. 2” (sic) de la CPE; f) El recurrir a otra autoridad que no sea la que conoció el proceso principal, significaría atentar contra la verdad jurídica, la seguridad jurídica de los fallos ejecutoriados, provocando inconformidad en las partes. Por cuanto la acción reivindicatoria que aduce el abogado de la accionante es falsa dado que sólo se está pidiendo que en ejecución de sentencia se cumpla lo convenido y resuelto en el proceso; y, g) Pidió se declare “improcedente” la acción planteada.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 47 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 31 a 33 vta., denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos: 1) No es posible ingresar a valorar cuestiones de hecho producidas durante el divorcio absoluto, sino aspectos de derecho, siendo el derecho la “seguridad jurídica” que establece el art. 115.II de la CPE, no así la legítima defensa como el debido proceso, porque fue oída en el proceso y se sometió a la decisión de la autoridad jurisdiccional; 2) El Código de Familia, regula los procedimientos de conflictos de familia; por cuanto, tiene competencia para dilucidarlos; 3) El apartado tercero de la parte dispositiva de la Sentencia de 20 de agosto de 2007, advierte que es competencia de esa autoridad dar cumplimiento al fallo dictado y que hoy se encuentra ejecutoriado, tal como establece el art. 373.4 del CF, dado que no puede quedar en la laguna la ejecución de la sentencia; 4) El art. 143 de Ley del Organización Judicial (LOJ.1993), que aún rige, establece como competencia de los jueces de familia, en el numeral 2: “Conocer y resolver en primera instancia en los procesos de divorcio y separación de los esposos…”; en el numeral 5: “Intervenir en los procedimientos de desacuerdo entre los cónyuges, constitución de patrimonio familiar y otro que les corresponda, de acuerdo con el Código de Familia…”. Si bien no lo dice en forma nominal, establece un principio universal que “lo que no está prohibido, está permitido” (sic); 5) En consecuencia, el alegato relativo a que Augusto Ulloa Peña, deba acudir a la vía civil, no resulta atendible; y, 6) No se vulneró el derecho de la accionante, dado que la decisión de la Sala Civil Primera, no vulnera el debido proceso.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1.El 20 de agosto de 2007, dentro del proceso de divorcio seguido por Augusto Ulloa Peña contra Carmen Morales Romero, el Juez Segundo de Partido de Familia, dictó la Sentencia 155/2007, declarando probada la demanda y disuelto el vínculo matrimonial, no dispuso nada respecto de los hijos y ordenó que en ejecución de sentencia se procederá con la liquidación y división de los bienes gananciales descritos en el Considerando IV del fallo. Al respecto, se establecieron como bienes gananciales, un inmueble de 360 m2, ubicado en la UV 115 Mza. 53 lote 25; un vehículo marca Suzuki tipo Grand Vitara, motor J20A126691; y depósitos a plazo fijo de $us54 538,71.- (cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho 71/100 dólares estadounidenses), $us21 098,33.- (veintiún mil noventa y ocho 33/100 dólares estadounidenses) y de $us25 711,23.- (veinticinco mil setecientos once 23/100 dólares estadounidenses), haciendo un total de $us101 348 27.-. En el Considerando VI, se estableció que el inmueble ubicado en la UV 27 Mza. 80, fue adquirido por Augusto Ulloa Peña, siendo un bien propio y en relación a las mejoras recae la presunción prevista en el art. 127 del Código Civil (CC), salvo que se demuestre lo contrario (fs. 9 a 11).

II.2.El 3 de abril de 2008, Carmen Morales Romero y Augusto Ulloa Peña, suscribieron un convenio transaccional sobre división y partición de bienes comunes, acordando que las mejoras introducidas en el inmueble propio de Augusto Ulloa Peña ubicado en la UV 27, Mza. 80 queda a su favor, así como la suma de $us33 000.- (Treinta y tres mil dólares estadounidenses) y para Carmen Morales Romero, la suma de $us70 829,52.- (setenta mil ochocientos veintinueve 52/100 dólares estadounidenses), un lote de terreno ubicado en la UV 17 Mza. 18 lote 43, una casa signada con el número 25 en la UV 115, zona Sud Mza. 53 y una vagoneta marca Suzuki, Grand Vitara. Comprometiéndose la accionante que posterior a la homologación del convenio y en el plazo de un mes, desocuparía el inmueble de propiedad de Augusto Ulloa Peña (fs. 6 a 8). Acuerdo que según refiere el abogado del tercero interesado, fue homologado por el Juez Segundo de Partido de Familia, mediante Resolución de 10 de junio de 2011 y por Auto de Vista de 1 de noviembre de ese año la Sala Civil Primera, confirmó el Auto que homologó el convenio suscrito (fs. 26 a 27 vta.).

II.3. El 15 de febrero de 2012, ante la solicitud de Augusto Ulloa Peña, de conminatoria a Carmen Morales Romero para que entregue el inmueble de su propiedad, el Juez Segundo de Partido de Familia, determinó no ha lugar lo peticionado salvando los derechos del solicitante de acudir a la vía ordinaria (fs. 26 a 27).

II.4.El 9 de agosto de 2012, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 243, revocó el Auto interlocutorio de 15 de febrero de ese año, y disponiendo que la solicitud de conminatoria para desocupación y entrega de inmueble sea resuelta por el Juez de la causa, bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 373 del CF, además de los procesos de divorcio, faculta al Juez de Partido de Familia para conocer otras causas emergentes de las disposiciones de ese Código; ii) En el art. 180.I de la CPE, se incorporaron los principios en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, como celeridad, eficacia, eficiencia y verdad material, que bajo el principio de supremacía constitucional previsto en el art. 410.II de la Constitución, son de prioritaria aplicación y prevalecen ante la excesiva formalidad; y, iii) La ocupación del inmueble de propiedad de Augusto Ulloa Peña, por Carmen Morales Romero, se produjo cuando existía la unión conyugal, extinguida la misma, en función al principio de verdad material, el juez competente para ordenar la desocupación y entrega del inmueble, es el Juez de Partido de Familia, que además de disponer la desvinculación matrimonial, determinó la calidad de bien propio de uno de los cónyuges del inmueble objeto del litigio (fs. 2 vta.)

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la “seguridad jurídica” y a los principios de seguridad jurídica, probidad, equidad y respeto a los derechos constitucionales; por cuanto, no es competencia del Juez de Partido de Familia, de acuerdo al art. 373 del CF, conocer la solicitud de reivindicación de un bien inmueble, que corresponde a la vía ordinaria. Por consiguiente corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos lesivos a los derechos de la accionante con la finalidad de conceder o denegar la tutela reconocida por este medio de defensa.

III.1.      Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

La Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

“Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0548/2007-R de 3 de julio).

III.2.      De la acción de amparo en la Constitución Política del Estado

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha acción de amparo constitucional instituida en la Constitución Política del Estado, con relación, a la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como prevé la Constitución, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las acciones de amparo constitucional.

La Constitución Política del Estado, en la Sección segunda, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título cuatro (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional. En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez el art. 129.I del texto constitucional referido, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

III.3.      La acción de amparo en el Código Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional (CPCo), tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. El referido Código, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Tercero (De la acción de amparo constitucional), en su art. 51 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En consecuencia, la acción de amparo constitucional es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección, cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.4.      De las atribuciones de los jueces de partido de familia

Inicialmente y a efectos de determinar la competencia de los jueces de partido de familia para conocer en ejecución de sentencia sobre la división y partición de bienes gananciales o propios, cabe recordar que la sentencia pone fin al proceso principal, resolviendo la controversia. Cuando la misma adquiere la calidad de cosa juzgada, se da inicio a una nueva etapa del proceso, denominada de ejecución de sentencia, en la cual se tendrá que ejecutar o cumplir lo resuelto, dado que no cabe recurso posterior alguno. Con relación a la cosa juzgada, el art. 1319 del Código Civil (CC), establece: “La cosa juzgada no tiene autoridad sino con respecto a lo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funde en la misma causa, que las partes sean las mismas y que se entable por ellas y contra ellas”; es decir, que surte efectos respecto de las partes intervinientes y la cuestión en litigio, a quienes incumbe acatar lo dilucidado, de ahí que nace uno de los efectos jurídicos de la sentencia, cual es su obligatoriedad, considerando que se pretende su eficacia mediante su cumplimiento. De donde emerge la certidumbre o certeza en la aplicación del fallo jurisdiccional o lo resuelto por el juez, no pudiendo modificarse en un proceso distinto o posterior. No podemos olvidar que la calidad de cosa juzgada, puede ser formal o material, la primera, cuando no existen otros recursos ordinarios para modificar la sentencia, pero aún admite revisión en un proceso distinto; la segunda, cuando no admite revisión alguna, ni recurso posterior (lo resaltado fue añadido).

En el mismo orden y sobre la ejecución de la sentencia, el art. 515 del CPC, prevé, que: “Las sentencias recibirán autoridad de cosa juzgada: 1) Cuando la ley no reconociere en el pleito otra instancia ni recurso. 2) Cuando las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria”, al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo, refiere: “Encontrándose firme y consentido el pronunciamiento judicial, el juez de primera instancia conserva la competencia para ejecutar lo resuelto, sin alterar ni modificar su contenido; es decir, el juez natural para ejecutar lo resuelto en el proceso, es el juez de primera instancia. Uno de los efectos jurídicos de la sentencia, es precisamente la inmutabilidad y obligatoriedad. Sin estos atributos procesales el proceso no tendría razón de ser y la justicia se encontraría vulnerada por la falta de confianza de los litigantes para hacer cumplir las resoluciones judiciales que emanan del Poder Judicial, y afectar la seguridad jurídica” (lo resaltado fue añadido).

Ahora bien, el art. 373.4 del CF, establece como una de las atribuciones de los jueces de partido, además, de conocer y resolver los procesos de divorcio y de separación de esposos, la de: ”Intervenir en los otros actos y procedimientos que correspondan”; texto que debe interpretarse de manera sistemática, comprendiendo que si la norma le atribuye la competencia de conocer y resolver el proceso de divorcio, también le corresponde su ejecución o cumplimiento, dado que lo segundo o accesorio -podría denominarse- deviene de la causa principal que es la extinción o disolución del vínculo matrimonial. Si durante la sustanciación del proceso principal o de divorcio y en sentencia se dilucidaron temas como la guarda de los hijos, asistencia familiar, estas no pueden considerarse definitivas, dado que pueden variar en función al interés superior del niño, pudiendo modificarse en ejecución de sentencia; lo mismo sucede, si individualizados los bienes gananciales y propios, acordada la forma en que serán divididos y no se cumple lo resuelto -en sentencia o en acuerdo entre partes- o en su caso si no hubiere definido nada al respecto, en la etapa de ejecución de sentencia el Juez que disolvió el vínculo matrimonial -de Partido de Familia-, deberá conocer y resolver la solicitud y ejecutar la misma, imprimiendo el trámite de un incidente, conforme establece el art. 149 del CPC.

III.5.      Eficacia de los derechos fundamentales

Al establecer el art. 109.I del texto constitucional, que: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”, se desprende el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, mediante el cual los derechos tienen eficacia plena; es decir, más allá de su reconocimiento llegando a una materialización real.

De ahí que uno de los principios sobre los que se sustenta la potestad de impartir justicia en la jurisdicción ordinaria sea el principio de eficacia, el cual:“…supone el cumplimiento de todas las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está ligado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; con el principio de eficiencia se pretende mayor seguridad en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconcomiendo de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material buscará por todo los medios la verdad pura.

En virtud a los mencionados principios, lo que se persigue es la protección a los derechos e intereses de las partes, y el cumplimiento de la finalidad de las normas”, así se pronunció la SCP 0661/2012 de 2 de agosto (las negrillas son nuestras).

En consecuencia, tanto el principio constitucional de aplicación directa de los derechos fundamentales como de eficacia que rige la potestad de impartir justicia en la jurisdicción ordinaria, no pueden desvincularse uno del otro, dado que a través del segundo se logrará la materialización plena de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. En ese sentido, el órgano encargado de impartir justicia, a tiempo de emitir un fallono debe limitarse a declarar el derecho o reconocerlo, sino asegurar su real y eficaz aplicación, mediante la ejecución y acatamiento de lo resuelto y consiguiente ejercicio pleno de su titular.

III.6.      El debido proceso y principio de seguridad jurídica

III.6.1.   Debido proceso

El instituto jurídico del debido proceso se encuentra estrechamente vinculado con la realización de los valores justicia e igualdad en el procedimiento, el texto constitucional, lo concibe como una garantía jurisdiccional, principio constitucional y derecho fundamental -arts. 115.II, 117, 137 y 180-, que los pronunciamientos de este Tribunal, lo definieron como un instrumento de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la tramitación del proceso judicial o administrativo e implica la sujeción de los actos al procedimiento previsto en la norma.

El debido proceso, tiene por objeto la materialización de los valores jurídicos de justicia e igualdad, en el entendido que sólo a través de ellos se logrará la eficacia máxima de los derechos fundamentales contenidos en la Ley Fundamental. Como instituto jurídico y mecanismo de protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, garantiza un proceso exento de posibles abusos originados en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que diriman determinada situación jurídica o administrativa.

III.6.2.   Seguridad jurídica

Otro de los principios sobre los que se sustenta la potestad de impartir justicia, es el de seguridad jurídica, así lo establece el art. 178 de la Norma Suprema, que la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, en función del actual texto constitucional, definió de la siguiente manera: “…implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal…". De donde se concluye que, el principio de la seguridad jurídica, será susceptible de protección constitucional, a través de este medio de defensa, sólo cuando se vincule con la vulneración a un derecho fundamental contenido en la Constitución Política del Estado y en las leyes y no en forma aislada (las negrillas son nuestras).

III.7.      De la comunidad de gananciales

Entre los efectos que produce la unión conyugal, tenemos la constitución de bienes gananciales, que el art. 101 del CF, prescribe de la siguiente manera: “El matrimonio constituye entre los cónyuges, desde el momento de su celebración, una comunidad de gananciales que hace partibles por igual, a tiempo de disolverse, las ganancias o beneficios obtenidos durante su vigencia, salvo separación judicial de bienes en los casos expresamente permitidos. La comunidad se constituye aunque uno de los cónyuges tenga más bienes que el otro o sólo tenga bienes uno de ellos y el otro no”. Ahora bien, no ingresan en esa comunidad, aquellos bienes que de acuerdo al art. 103 del citado instrumento normativo, que cada uno tenga a tiempo del matrimonio y los que reciba cualquiera de ellos durante el matrimonio, por herencia, legado a donación.

En el mismo orden, emergente del vínculo matrimonial, surgen las cargas familiares y patrimoniales, que deben satisfacerse con los bienes gananciales, e incluso con los bienes propios y son las contenidas en los arts. 118, 119, 120 y 121 del CF. Ahora bien, esa comunidad de gananciales que se inicia o es consecuencia de la unión matrimonial, concluye o tiene su terminación, por las causas previstas en el art. 123 del citado cuerpo legal, por muerte de uno de los cónyuges, anulación del matrimonio, divorcio y separación de los esposos y por separación judicial de bienes en los casos que corresponda. Finalmente, cabe hacer referencia, a la separación de bienes y liquidación de la comunidad de gananciales, que de acuerdo a los arts. 459 al 464 del referido instrumento normativo, prevé un procedimiento sumario para dicho efecto, ante el Juez Instructor de Familia.

III.8.      Eficacia del documento

Al respecto el Código Civil, establece en el art. 1297, que: “El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido, hace entre los otorgantes y sus herederos y causa-habientes, la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones”, valor o eficacia, que deriva del art. 519 del citado cuerpo legal, al disponer que: “El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley” (lo resaltado fue añadido). Es decir, el contrato o documento privado reconocido, se constituye en una fuente de obligaciones para las partes que lo suscriben, quienes se constriñen a cumplir con lo pactado o acordado, así mismo por mutuo consentimiento también pueden disolver la relación jurídica o contractual (lo resaltado es nuestro).

III.9.      Análisis del caso concreto

En Sentencia de 20 de agosto de 2007, que declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la accionante y Augusto Ulloa Peña, el Juez Segundo de Partido de Familia, individualizó los bienes gananciales y propios, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda con la liquidación y división de los bienes gananciales, según se describe en la Conclusión II.1 de este fallo. En cuya determinación, se reconoció que el inmueble ubicado en la UV 27 Mza. 80, es un bien propio de Augusto Ulloa Peña, dado que lo adquirió con anterioridad a contraer matrimonio con Carmen Morales Romero. Posteriormente, el 3 de abril de 2008, ambos suscribieron un acuerdo transaccional sobre la división y partición de los bienes comunes, estableciendo que el inmueble propio de Augusto Ulloa Peña sería entregado por la accionante en el plazo de un mes de homologado dicho convenio, que según se describe en la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se produjo el 10 de junio de 2011 y confirmado por Auto de Vista de 1 de noviembre de igual año.

De dicho contexto tenemos; primero, que la comunidad de gananciales, que comprende los bienes adquiridos durante el vínculo matrimonial, fue correctamente determinada, así como los bienes propios que cada uno de los cónyuges, en este caso de Augusto Ulloa Peña; segundo, que si bien la Sentencia dispuso en ejecución del fallo se efectúe la división de los bienes gananciales, los ex cónyuges voluntariamente acordaron la forma de división de los mismos y consiguiente entrega del bien propio de Augusto Ulloa Peña, convenio que no contradice ni modifica lo resuelto en sentencia y que además adquirió la calidad de cosa juzgada. Ante el incumplimiento de parte de Carmen Morales Romero en la entrega del bien inmueble propio de Augusto Ulloa Peña, este último, solicitó al Juez que conoció la causa conmine a la accionante a entregar el inmueble de su propiedad, petición declarada no ha lugar por Auto interlocutorio de 15 de febrero de 2012, revocada por Auto de Vista 243 de 9 de agosto de 2012, conforme los fundamentos que se detallan en la Conclusión II.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

De los Fundamentos Jurídicos desarrollados, resulta que si bien entre las atribuciones asignadas a los jueces de partido de familiano se consigna expresamente que conocerán los aspectos relativos a la división y partición de los bienes habidos durante la vigencia del vínculo matrimonial; empero, no puede desconocerse que emergente del divorcio, entendida como la causa principal,derivan cuestiones accesorias o incidentales como la situación de los bienes, asistencia familiar, guarda de los hijos, que inexcusablemente deben ser resueltos por el Juez que conoció el proceso, siempre que no impliquen modificación o alteración de lo resuelto en sentencia. Dicho de otro modo, si durante la sustanciación del proceso de divorcio, también se define la situación de los hijos, la asistencia familiar y los bienes adquiridos durante el matrimonio, corresponderá que en ejecución de sentencia se cumpla lo determinado en el fallo. En el caso concreto, por acuerdo de partes, se procedió con la división de los bienes gananciales y la entrega del bien propio de Augusto Ulloa Peña, que habiendo sido homologado por la misma autoridad que conoció el proceso principal -Juez Segundo de Partido de Familia-, confirmado por la Sala Civil Primera y no habiéndose alterado o modificado la Sentencia, también adquirió la calidad de cosa juzgada dado que forma parte de la sentencia, cuyo cumplimiento o ejecución le atañe al Juez Segundo de Partido de Familia, en el entendido que se trata de cuestiones accesorias que derivan de lo resuelto en sentencia y consiguiente acuerdo transaccional que cuenta con la suficiente eficacia jurídica que le asignan los arts. 519 y 1297 el CC, más aún, considerando su homologación.

Un razonamiento contrario, implicaría desconocer el principio de aplicación directa de los derechos fundamentales que consagra el art. 109.I de la CPE; es decir, su eficacia plena, dado que no basta con que la sentencia sea declarativa de un derecho sino se hace real o materializa en su ejercicio. De ahí que la jurisdicción ordinaria no puede limitarse a declarar o reconocer un derecho, dejando de lado su real aplicación; más aún, teniendo presente que la jurisdicción ordinaria, a tiempo de impartir justicia, se rige por el principio de eficacia, que supone lograr impartir justicia como resultado de un debido proceso, donde prevalezca el derecho sustancial sobre el formal. En ese sentido, no cabe argumento legal alguno para que Augusto Ulloa Peña, acuda a la vía civil para obtener el cumplimiento de lo resuelto en el proceso de divorcio y acuerdo transaccional homologado por el Juez Segundo de Partido de Familia, que conoció la causa principal.

Por consiguiente, no se advierte acto ilegal alguno que implique lesión a la garantía del debido proceso, respecto del juez natural que debe conocer la solicitud de Augusto Ulloa Peña, por ende tampoco se desconoció el principio de seguridad jurídica; por cuanto, amerita se deniegue la tutela invocada.

III.10.    Otras consideraciones

De la revisión de antecedentes se tiene que la presente acción se planteó el 25 de septiembre de 2012, subsanada el 29 de octubre de igual año, dado que la notificación con la observación del Tribunal de garantías, se produjo el 25 de octubre del mismo año. No obstante llama la atención que el Auto de Admisión de la acción, de 31 de ese mes y año, se notificara recién a las autoridades demandadas, tercero interesado y a la accionante, el 27 de noviembre de ese año, después de casi dos meses de interpuesta la acción y un mes de admitida. Dilación que incumbe desconocimiento de la configuración procesal que le asigna la Constitución Política del Estado a la acción de amparo constitucional y de una de sus características, como es la sumariedad, teniendo presente que su finalidad es el inmediato restablecimiento del derecho que hubiere sido conculcado por un acto ilegal u omisión indebida. Por cuanto, se recomienda al Tribunal de garantías que en acciones posteriores observen lo referido.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela invocada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 47 de 29 de noviembre de 2012, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario ChánezChire MAGISTRADA

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