SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2013

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2013

Sucre, 28 de mayo de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente:02641-2013-06-AAC

Departamento:Potosí

En revisión la Resolución 001/2013 de 24 de enero, cursante de fs. 48 vta. a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Carlos Castro Coro contra Dennis Salomón Duchén Martínez, Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Potosí.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales de fs. 19 a 26 vta., de 11 de enero de 2013 y subsanación de fs. 30 a 31 de 17 de enero de 2013, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de efectivo policial destinado a Potosí, fue sometido a proceso disciplinario por la presunta comisión de falta disciplinaria grave de deserción, descrita en el art. 14.9 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, en cumplimiento de la Resolución Administrativa (RA) 26/2012 de 22 de mayo, suspendiéndole de sus funciones sin goce de haberes, siendo de su conocimiento mediante memorándum 1147/2012 de 30 de mayo; indica que, actualmente la referida Ley, se encuentra en inaplicabilidad, debido a los movimientos y reclamos del personal policial subalterno de junio de 2012, concluyendo en un acuerdo con el Gobierno Nacional, por lo tanto los procesos disciplinarios policiales fueron suspendidos hasta que una nueva normativa disciplinaria regule esos trámites o sea modificada dicha Ley.

 

Manifiesta que el 29 de agosto de 2012, nació su hija AA, fruto del matrimonio con su esposa Mery Quispe Acha, quien durante todo el tiempo de gestación no ha gozado de los beneficios de la atención medica de la Caja Nacional de Salud (CNS), en razón de haber sido suspendido de sus funciones sin goce de haberes, cuando su esposa estaba en el quinto mes de gestación, a ese efecto el 14 de agosto del año mencionado, mediante memorial solicitó al Comando Departamental de la Policía Boliviana de Potosí su reincorporación y restitución de derechos institucionales, empero, el 28 del señalado mes y año, Ramiro Virginio Cossío Sánchez, Comandante de dicha institución del orden, respondió negativamente a su solicitud de reincorporación mediante Cite Of. 01/2012, en apoyo a los arts. 5 del Decreto Supremo (DS) 12 de 19 de febrero de 2009, 16 inc. d), de la Ley General del Trabajo (LGT) y 9 inc. d) del Reglamento de la Ley General del Trabajo; manifestando que dicha respuesta es incongruente desde el punto de vista jurídico, ya que dichas normativas legales se aplican solamente para los trabajadores y obreros, y no así a los funcionarios policiales.

 

Señala que para el cumplimiento de los procedimientos que fija la norma disciplinaria policial, se debe agotar el debido proceso administrativo disciplinario policial, lo que concluye con la Resolución sancionatoria ejecutoriada, lo cual en este caso aún no se ha producido, solamente se encuentra suspendido sin goce de haberes, por lo que no es aplicable el art. 5 del DS 12; ante la respuesta negativa de la autoridad policial, recurrió a la Jefatura Departamental de Trabajo; esta instancia laboral, hizo conocer dos citaciones al Comandante Departamental, para que comparezca, lo cual no se cumplió, simplemente envió un memorial manifestando que esa autoridad se abstenga de conocer la controversia entre funcionarios policiales, por ser incompetente para el efecto, negando dar cumplimiento a las disposiciones del art. 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE) y al DS 12, desobedeciendo la citación de la autoridad laboral competente.

 

A ese fin la Jefatura Departamental de Trabajo, el 27 de septiembre de 2012, mediante nota MTEPS-JTDP-IT-078/12, hizo conocer al Comando de Policía que debe reincorporar al ahora accionante a su fuente laboral, documento que fue puesto a conocimiento de dicha Institución el 22 de octubre del año mencionado, a lo cual no se dio respuesta alguna, reiterando su solicitud el 22 de noviembre del señalado año, pidiendo además se de respuesta escrita en caso de negativa a su reincorporación, no habiendo tampoco recibido respuesta alguna, lo que confirmó la negativa de reincorporación por parte de Dennis Salomón Duchén Martínez Comandante de Policía; en ese entendido, el 2 de enero de 2013, el ahora accionante presento ante dicho Comando, la conminatoria de reincorporación de 27 de diciembre de 2012, emitido por la Jefatura Departamental de Trabajo, documento por el que se dispone la inmediata reincorporación a su fuente de trabajo que ocupaba antes del retiro, con el pago de salarios y demás beneficios sociales desde su retiro, pero hasta la fecha no tuvo respuesta favorable. Aditamento que en el presente caso se agotó la vía administrativa con la notificación de la conminatoria de reincorporación, conforme a los procedimientos establecidos en los Decretos Supremos (DDSS) 12 y 496 de 1 de mayo de 2010, sin embargo ante cualquier argumento del demandado, señala que se debe considerar que existe la excepción a la subsidiariedad establecida en el art. 54.II.1 y 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

 

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la salud, a la vida, y a la seguridad social, citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18.I y 45.I, 46, 48.VI de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela demandada, pidiendo se disponga y ordene que el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Potosí, le reincorpore y restituya inmediatamente en sus derechos institucionales, al haber dispuesto su suspensión sin goce de haberes.

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

 

Efectuada la audiencia pública el 24 de enero de 2013, según acta cursante de fs. 42 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1. Ratificación de la acción

 

El abogado del accionante, ratificó el contenido de su demanda, reiterando se conceda la tutela solicitada y se restituya a su fuente laboral.

 

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

La autoridad demandada no presentó informe escrito en su oportunidad, menos asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional.

I.2.3. Intervención del Representante del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia señaló: a) Contra el accionante no existe una resolución por el que haya sido suspendido de manera definitiva de su fuente laboral, lo cual de alguna manera conculca sus derechos y garantías constitucionales, ya que los funcionarios policiales no están comprendidos dentro de la Ley General de Trabajo, sino que se encuentran dentro del Estatuto del Funcionario Público; b) Para agotar la subsidiariedad de reincorporación el accionante recurre ante la Jefatura Departamental de Trabajo, más de una vez, a efectos de que el Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Potosí es compelido a una audiencia de conciliación, a lo que por razones que se desconoce no asistió; c) El Ministerio Público vela por los derechos y garantías del recién nacido, de la familia del accionante, por lo que entiende que se vulneró el derecho a la inamovilidad funcionaria, a la vida, a la manutención del núcleo familiar del accionante, solicitando se conceda la tutela.

 

I.2.4. Resolución

La Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 001/2013 de 24 de enero, cursante de fs. 48 vta. a 52 vta., concede la tutela solicitada, disponiendo que inmediatamente se proceda a la reincorporación laboral del ahora accionante, la cancelación de sus haberes devengados, el restablecimiento al seguro social, bajo los siguientes fundamentos: 1) El Comando Departamental de la Policía Boliviana de Potosí, sin contar con la resolución correspondiente para la suspensión del accionante, ha ido eludiendo la reincorporación que instruyó la Jefatura Departamental de Trabajo, no obstante de que la parte demandada reconoce que en el presente caso no se celebró ningún juicio oral, público y contradictorio para la suspensión de su fuente laboral; 2) Aluden que el DS 12, en su art. 2, respecto a la inamovilidad laboral dispone: “que la madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozaran de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, no pudiendo ser despedido, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo”; 3) Mencionan que es deber del Estado precautelar los derechos fundamentales de las personas, citando al efecto los arts. 48.I y 60 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1.Mediante memorándum 144/2012 de 26 de marzo, emitido por el Comando departamental del Batallón de Seguridad Fisca de Potosí, Juan Carlos Castro Coro fue destinado a prestar servicios de seguridad en la Entidad Financiera del Banco Nacional Regional Uyuni (fs. 120).

 

II.2.El 30 de mayo de 2012, mediante memorándum 1147/2012, expedido por el Comando departamental de Policía de Potosí, dispuso en cumplimiento a la RA 26/2012, la suspensión del ahora accionante de sus funciones sin goce de haberes (fs. 3).

 

II.3.El 19 de diciembre de 2012, el Servicio de Registro Cívico de Potosí, expidió certificado de nacimiento de AA, con fecha de nacimiento 29 de agosto del mismo año, hija del accionante (fs. 4).

 

II.4.El 7 de agosto de 2012, mediante memorial dirigido al Comandante Departamental de la Policía Boliviana de Potosí; Juan Carlos Castro Coro, solicitó la restitución a su fuente laboral y se mantengan sus derechos constitucionales, ya que su esposa se encontraba en estado de gestación, respondiendo a dicho Comando, mediante oficio de 20 del mes y año señalados, fue rechazado el petitorio del ahora accionante, en base a lo establecido al DS 12, concordante con los arts. 16 de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario, siendo que se le sigue un proceso disciplinario por la presunta comisión de falta grave de deserción tipificada en el art. 14.9 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (fs. 5, 6 y 7).

 

II.5.El 5 de septiembre de 2012, mediante memorial dirigido al Jefe Departamental de Trabajo de Potosí; Juan Carlos Castro Coro, solicita se restituyan sus derechos institucionales, puesto que la institución policial de Potosí, dispuso la suspensión sin goce de haberes; a ese efecto mediante memorial de 21 de septiembre del año referido, dicho Comando de Policía, contestando representa, que la Jefatura Departamental de Trabajo se abstenga de conocer cualquier denuncia entre funcionarios policiales por ser autoridad incompetente, ya que los policías no estarían comprendidos en la Ley General de Trabajo (fs. 8, 9 y 10).

 

II.6.El 27 de septiembre de 2012, la Jefatura Departamental de Trabajo, dispone se restituya a Juan Carlos Castro Coro a su fuente de trabajo, con más los beneficios y derechos que la ley le otorga, lo cual no implica la suspensión del proceso instaurado en su contra, debiendo proseguir conforme a la normativa pertinente (fs. 11 a 15).

 

II.7.El 13 y 22 de noviembre de 2012, Juan Carlos Castro Coro, mediante memorial dirigido al Comando Departamental de Policía, solicita el cumplimiento de la resolución de restitución a su cargo, dispuesto por la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, pidiendo respuesta a la brevedad posible, sea positiva o negativa, para que en su caso recurra a la vía ordinaria por medio de los recursos que le permite la ley (fs. 16 a 17).

 

II.8.El 27 de diciembre de 2012, la Jefatura Departamental de Trabajo, mediante oficio dirigido al Comando Departamental de Policía, conmina la inmediata reincorporación de Juan Carlos Castro Coro a su cargo que desempeñaba, con el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan desde la fecha de su retiro (fs. 18 y vta.).

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la alimentación, a la salud, a la vida, y a la seguridad social, alegando que al no haberse dado cumplimiento a una orden de conminatoria de reincorporación a su fuente laboral emanada de la Jefatura Departamental de Trabajo -por parte del Comandante de la Policía de Potosí- se habría coartado su derecho al trabajo, pese a la solicitud de cumplimiento, misma que no fue respondida.

 

En revisión, corresponde dilucidar si los hechos denunciados son evidentes y sí estos constituyen actos que lesionan los derechos invocados por la accionante.

 

III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

 

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, asimismo en base al esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y de los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

 

Resulta necesario señalar que la Norma Suprema, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que; sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE, que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Ley Fundamental.

 

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria, están también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

 

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

 

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

 

Conforme a lo expuesto, el valor superior 'justicia' obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la 'justicia material' como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (SC 0548/2007-R de 3 de julio).

 

III.2.      De la acción de amparo constitucional en la Constitución Política del Estado

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha acción de amparo constitucional instituida en la Constitución Política del Estado, con relación, a la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como prevé la Norma Suprema, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las acciones de amparo constitucional.

 

La Constitución Política del Estado, en la Sección segunda, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título cuatro (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional. En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez el art. 129.I de la Norma Suprema, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

 

III.3.      La acción de amparo en el Código Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional, tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. El referido Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de amparo constitucional), en su art. 51 establece como objeto de esta acción tutelar el: “…garantizar, los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En consecuencia, la acción de amparo constitucional es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección, cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.4.      Sobre la inaplicabilidad de la inamovilidad laboral y la subsistencia de prestaciones a favor del niño o niña menor de un año

El art. 48.VI de la CPE, establece: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. De la disposición mencionada se extrae lo siguiente: i) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; ii) la inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y, iii) la inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año computable desde el nacimiento de su hijo o hija.

Al respecto la jurisprudencia constitucional plurinacional señaló que: “…la especial protección de la que gozan las mujeres embarazadas y madres trabajadoras de un niño menor de un año -inamovilidad laboral-, resguardo que en el marco del nuevo texto constitucional se hace extensivo a los progenitores (art. 48.VI) hasta que el niño o niña cumpla un año de edad. Tratándose de un grupo de la población de atención prioritaria y según se explicó merece un tratamiento especial por la naturaleza de los derechos que protege respecto de la madre al trabajo y sobre todo del recién nacido a la vida, a la salud que se concretan en la seguridad social como derecho que hace posible la materialización de ambos.

El DS 0012, reglamentario de las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y progenitores que trabajen en el sector público o privado, establece en el art. 5.I, la vigencia de este beneficio, al señalar que: 'No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral'; (…).

Lo precedente se explica en sentido, que si bien, el constituyente dispuso la especial protección a este grupo de atención diferente, no puede entenderse como un marco de impunidad, que implique que los actos u omisiones en que incurra en perjuicio de la institución o entidad en la cual preste servicios sea afectada en sus fines o intereses específicos. En consecuencia, la finalidad de la citada disposición legal es lograr un equilibrio entre la especial protección a las mujeres en estado de gestación y progenitores de un niño o niña menor de un año de edad y el empleador, sea del sector público o privado, a efectos de efectivizar también los valores de igualdad y justicia como rectores de la administración de justicia.

Teniendo presente que se trata de una persona -menor de edad- que de conformidad al art. 58 de la Ley Fundamental, es titular de derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado; por cuanto, corresponde resguardar la efectiva protección de sus derechos a la vida, salud y la seguridad social (arts. 15, 18 y 35 de la CPE), los cuales no pueden ser desconocidos como emergencia de la disolución de la relación laboral; al respecto conviene recordar que el art. 2 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), dispone que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción, a su vez el art. 1 del CC con relación al comienzo de la personalidad, establece que el nacimiento señala el comienzo de la personalidad y que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona.

En ese contexto, la previsión constitucional contenida en la parte final del art. 48.VI de la CPE, debe ser interpretada en función al criterio teleológico y al principio de eficacia máxima de los derechos fundamentales. La finalidad del citado precepto constitucional, es de tutelar los derechos al trabajo de la madre y del progenitor hasta que el niño(a) cumpla un año de edad y a su vez los derechos del ser en gestación y del recién nacido como la vida y la salud; empero, si por alguna razón quedara disuelto el vínculo laboral conforme se explicó, corresponde que los derechos del niño o niña sean resguardados, en el entendido que se trata de derechos cuya tutela no puede estar supeditada a formalismos como sería el caso, que ante la inexistencia de un vínculo laboral no sea posible la otorgación de las prestaciones previstas en el régimen de asistencia familiar.

Consecuentemente, de incurrir la mujer embarazada y/o progenitor de un niño(a) menor de un año de edad, en causales de conclusión o extinción de la relación laboral atribuibles a su persona, determinadas en previo proceso conforme a los procedimientos previstos para el sector público o privado, no resulta aplicable el beneficio de inamovilidad laboral hasta que el recién nacido cumpla un año de edad, debiendo ejecutarse inmediatamente, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo; empero, -reiterando- queda subsistente el beneficio para el ser en gestación o recién nacido menor a un año de edad, en los términos expuestos. Constituyendo dicho razonamiento una modulación a la SC 1749/2003-R de 1 de diciembre y posteriores Sentencias Constitucionales” SCP 0076/2012 de 12 de abril (las negrillas son nuestras).

De lo que se infiere la protección al progenitor-trabajador se encuentra constitucionalizada, al haberse extendido a él por el orden constitucional vigente, en consideración a los derechos del nuevo ser desde su concepción, respecto a quienes el Estado tiene el deber de protegerlo por constituir el futuro capital humano, resaltando esta tutela en el derecho fundamental y primario como es la vida y la salud, instituyendo como un derecho de los bolivianos y bolivianas el acceso a la seguridad social para vivir bien.

III.5.      La suspensión antes de la sustanciación del proceso administrativo, vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia

Es preciso recordar que el debido proceso, concebido en la Constitución Política del Estado en su triple dimensión como principio, garantía y derecho fundamental establecidos en los arts. 115.II, 117, 137 y 180, es un instrumento de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la tramitación del proceso judicial o administrativo, en el cual deberá observarse la estricta sujeción de los actos al procedimiento establecido en la norma. De consiguiente, tiene por objeto garantizar un proceso exento de posibles abusos originados en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que resuelvan determinada situación jurídica o administrativa, siendo su fin último la materialización de los valores jurídicos de justicia e igualdad, en el entendido que sólo a través de ellos se logrará la eficacia máxima de los derechos contenidos en la Constitución Política del Estado. De otro lado, la presunción de inocencia, concebida por la Ley Fundamental como una garantía vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso, implica el estado de inocencia durante la realización de un proceso previo a la imposición de una sanción firme ya sea judicial o administrativa.

En ese sentido, la SCP 0076/2012, estableció que: “…en materia administrativa cabe distinguir entre las medidas preventivas y las sanciones propiamente dichas; las primeras, son aquellas que durante la sustanciación del proceso se disponen de forma temporal, con la única finalidad de mantener una situación inalterable en tanto se tramita el proceso y se demuestre la responsabilidad, como sería el caso de una suspensión temporal del ejercicio de funciones; y, las segundas son aquellas que resultan de la sustanciación de un debido proceso, según el ordenamiento jurídico de la materia, en cual se determinen sanciones como la restricción de percibir un salario u otra medida. En síntesis, la suspensión temporal como medida preventiva, no podrá darse sin goce de haberes, en el entendido que privar de un medio de subsistencia, significaría una sanción anticipada sin que previamente exista una determinación firme sobre la responsabilidad o inocencia de la persona y/o funcionario”.

En esa línea jurisprudencial, el progenitor de un niño menor de un año de edad, goza de una protección especial o reforzada en sentido, que no sólo se resguarda su derecho al trabajo sino también los derechos a la vida y a la salud del nuevo ser; por cuanto, es necesario aclarar que en el caso del progenitor-trabajador, la medida preventiva de suspensión temporal sin goce de haberes, al inicio del proceso administrativo, resulta inaplicable, dado que ello sólo podrá darse cuando exista una resolución firme emergente de un debido proceso que determine su sanción.

III.6.      Análisis del caso concreto

De la documentación que informa sobre los antecedentes del expediente, se evidencia que mediante memorándum 144/2012 de 26 de marzo, emitida por el Comando Departamental del Batallón de Seguridad Física de Potosí, el ahora accionante fue destinado a prestar servicios de seguridad en la Entidad Financiera del Banco Nacional Regional Uyuni, posteriormente por memorándum 1447/2012 de 30 de mayo, es suspendido de sus funciones sin goce de haberes, en cumplimiento de la RA 26/2012 de 22 de mayo, por la presunta comisión de faltas graves descritas en el art. 14.9 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, así se constata de las conclusiones II.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

En el caso que se analiza, la estabilidad laboral constituye un derecho plenamente incorporado en la Constitución Política del Estado y de aplicación directa e inmediata, de acuerdo al art. 109.I del texto constitucional, lo que implica que en el marco del derecho al trabajo que tiene toda persona, el Estado debe acoger una serie de políticas estatales así como medidas de orden legislativo, administrativo y jurisdiccional, tendientes a garantizar un trabajo estable protegiendo a los trabajadores de un despido sin previo proceso del empleador, así lo establece el art. 49.III de la Norma Suprema, cuando expresamente previene que el Estado protegerá la estabilidad laboral prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral.

La acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario, en la problemática planteada, en el caso de autos se evidencia una suspensión del ahora accionante por haberse instaurado en su contra proceso disciplinario interno policial, por la deserción de su fuente de trabajo, se prescinde de este principio debido al imperativo categórico de la Ley Fundamental, que impone la protección del derecho al trabajo; así como su estabilidad, porque en estos casos no sólo se afecta a la persona individual sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador, puesto que el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona. La parte demandada alegó que fue suspendido el ahora accionante por la presunta comisión de falta grave de deserción prevista en el art. 14.9 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, siendo que aún no fue celebrado el juicio oral, publico, continuo y contradictorio (fs. 6), pero sin tomar en cuenta que era progenitor de una hija menor de un año y que contaba con la garantía de la inamovilidad laboral, pese a las reiteradas solicitudes de reincorporación y la conminatoria emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo.

En ese contexto y teniendo presente que el debido proceso tiene por objeto garantizar un desarrollo exento de posibles abusos originados en actos u omisiones tendientes a lesionar derechos fundamentales, la decisión de suspender al accionante sin goce de haberes antes de que hubiere concluido el proceso en su contra, constituye un acto ilegal que vulnera el debido proceso como garantía jurisdiccional y derecho fundamental, puesto que implica una sanción anticipada, que se agrava aún más, considerando que se trata de un progenitor de un niño menor de un año de edad, que goza de la prestaciones de subsidios por asignaciones familiares. En otras palabras, la determinación de suspensión de funciones sin goce de haberes entre tanto se sustancie el proceso administrativo interno, lesiona el debido proceso, en el entendido que no puede aplicarse de manera anticipada, una sanción que no fuere producto de un debido proceso en sus diferentes instancias.

En ese entendido, la autoridad demanda al efectuar la suspensión de Juan Carlos Castro Coro, vulneró el precepto legal establecido en el art. 48.VI de la CPE, señalado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional; asimismo, al no haber cumplido la conminatoria de reincorporación dispuesta por la Jefatura Departamental de Trabajo, pese a su legal notificación persistiendo en la suspensión del accionante, también vulneró el mandato de protección contenido en el art. 49.III de la Norma Suprema, derecho que en la nueva concepción de un Estado Social de Derecho merece la inmediata tutela.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela invocada, obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7, de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 001/2013 de 24 de enero, cursante de fs. 48 vta. a 52 vta., pronunciada por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, conforme a lo dispuesto por el Tribunal de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque Capuma MAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario ChánezChire MAGISTRADA

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