SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2013

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0700/2013

Sucre, 3 de junio de 2013

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente: 02736-2013-06-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01 de 8 de enero de 2013, cursante de fs. 38 a 40 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Pizarro Flores contra Edhita Pedraza Becerra, Teresa Lourdes Ardaya Pérez y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; y, Juan Carlos Guzmán Rivas, Juez Segundo de Partido de Familia, todos del Departamento de Santa Cruz.

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

 

I.1. Contenido de la demanda

 

Por memoriales presentados el 23 de agosto y 31 de octubre de 2012, cursantes de fs. 17 a 21 y 30 y vta., el accionante expuso los siguientes fundamentos:

 

I.1.1. Hechos que motivan la acción

 

En la sustanciación del proceso de divorcio que siguió contra María Ovando Quezada, se dictó Sentencia de divorcio el 7 de agosto de 2008, en la que respecto a los bienes gananciales tiene por probada la existencia del inmueble de calle Suárez Arana, zona central, manzana 131, con 74 m2 según documento de 3 de septiembre de 2001, tal cual constaría en minuta de transferencia aún sin registrase en Derechos Reales (DD.RR.), disponiéndose en Sentencia la división y partición en partes iguales de los bienes gananciales.

 

Habiendo obtenido la anotación preventiva del inmueble referido, conforme al asiento B-4 el 19 de abril de 2006, matrícula 7011990031328 y no obstante de haberse registrado provisionalmente; a su vez, en el asiento A-2, para el cambio de nombre y registro definitivo, DD.RR. observó la necesidad de presentación de una orden judicial para dicha inscripción definitiva; por tal motivo, intentó que tal inscripción se tramite ante el Juzgado Noveno de Partido en lo Civil, pero suscitado que fue un conflicto de competencias, la Sala Plena del Tribunal Departamental “Superior” de Justicia mediante Auto de 24 de diciembre de 2009, declaró competente al Juez que conoció el proceso de divorcio.

 

El 2 de junio de 2010, apersonándose ante dicha autoridad, solicitó la referida inscripción del inmueble, así mediante Auto de 19 de octubre de igual año, la Jueza Séptima de Partido de Familia (quien conoció por excusa la causa) ordenó dicha inscripción, “sin embargo por falta de notificación con el decreto de radicatoria anula obrados” (sic) con el objeto de que previamente se notifique a las partes con la radicatoria.

 

Debido a varias recusaciones a los jueces de turno por la parte demandada, el proceso radico ante el Juez Segundo de Partido de Familia -ahora demandado-, quien mediante Auto de 22 de julio de 2011, rechazó su solicitud de orden de inscripción del documento de 3 de septiembre de 2001, argumentando que de acuerdo al art. 373 del Código de Familia (CF) no se encontraría dentro de sus atribuciones conocer tal solicitud, señalando además que el documento antes mencionado, carece de fe probatoria, que la anotación preventiva mediante orden judicial estaría caducada y la exigencia de formalidades en DD.RR. para la inscripción es de responsabilidad del registrador.

 

En recurso de apelación, los miembros de la Sala Civil Segunda -hoy codemandados-, emitió el Auto de 30 de diciembre de 2011 y su complementario de 15 de febrero de 2012, confirmando la Resolución apelada de 22 de julio de 2011.

 

I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados

 

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, “a la protección oportuna y efectiva por el Órgano jurisdiccional boliviano” y al debido proceso, citando al efecto los arts. 56.I 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3.Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el Auto de Vista de 30 de diciembre de 2011 y su complementario de 15 de febrero de 2012, así como el Auto de 22 de julio de 2011 dictado por el Juez demandado, ordenándose que “…el Juez del proceso de divorcio en cumplimiento de la resolución de SALA PLENA de este TRIBUNAL de fecha 24 de diciembre de 2009 (…) ordene la suspensión definitiva del documento de 3 de septiembre de 2001 (…) disponiéndose así por dicha los testimonios respectivos para dicho fin de suscripción …” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de enero de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 35 a 38, presente únicamente el accionante asistido de su abogado, se produjeron los siguientes actuados:

 

I.2.1.Ratificación y ampliación de la acción

 

El accionante, mediante su abogado en audiencia ratificó el contenido de la acción, señalando además que: a) Conforme consta en la Sentencia ejecutoriada el inmueble de calle Suárez Arana, zona central, manzana 131, con 74 m2, fue adquirido mediante compra a nombre de ambos esposos el 3 de septiembre de 2001 según consta en documento privado; b) Sobre el registro de dicho inmueble se hizo una anotación preventiva de una compra venta, conforme consta en el folio real en la columna de gravámenes y restricciones, registrando el bien inmueble a nombre del accionante y de su entonces esposa, con observación del registrador de DD.RR. pidiendo se adjunte orden judicial al efecto; c) Respecto a que el documento de 3 de septiembre de 2001, carecería de la fe probatoria requerida por el art. 1311 del Código Civil (CC), dicho documento habría sido presentado debidamente legalizado y fue aprobado por el Juez de Sentencia como un bien ganancial; d) En cuanto a que la anotación preventiva sobre el inmueble en cuestión se encontraría caducada, tal aseveración lesiona el art. 1520 del CC al tratarse de aplicar de oficio la caducidad; y, e) La última parte del art. 373 del CF vinculado con el art. 380 del mismo cuerpo legal establece que en el caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia.

 

I.2.2.Informe de las autoridades demandadas

 

Edhita Pedraza Becerra, Teresa Lourdes Ardaya Pérez y Alain Núñez Rojas, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Juan Carlos Guzmán Rivas, Juez Segundo de Partido de Familia del departamento mencionado, a pesar de su legal notificación no se presentaron a la audiencia ni remitieron informe al efecto.

 

I.2.3.Resolución

 

La Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en tribunal de garantías por Resolución 01 de 8 de enero de 2013,, cursante de fs. 38 a 40 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la nulidad del Auto de Vista 12/2012 de 30 de diciembre, dictado por la Sala Civil Segunda y del Auto Interlocutorio de 22 de julio de 2012 emitido por el Juez Segundo de Partido de Familia, disponiendo que dicho Juez dicte una nueva resolución atendiendo la Sentencia de divorcio “como un acto colateral la inscripción” (sic), considerando también la observación que hace el Juez registrador que dice que para una inscripción definitiva se debe adjuntar una orden judicial, debiendo dictar por ello nuevo auto disponiendo la inscripción del bien inmueble, sin la imposición de costas ni multas a las autoridades demandas. Señala como argumentos: 1) El Juez demandado negó la inscripción del inmueble alegando no tener competencia que el art. 373 del CF no le da tal facultad, en cuanto a la fe probatoria el Auto de Vista refiere resuelve aquello y dice que el argumento del Juez es equivocado por cuanto se trata de una fotocopia auténtica con calidad de documento argumento que resolvió el Tribunal de alzada, referente a la inscripción manifiesta el Tribunal de alzada que estaría caduca que sería un hecho irrelevante y lo único que habría dicho el juez es hacer mención de la anotación; 2) La fundamentación tanto del Juez de primera instancia como del Tribunal de alzada lesionó el derecho a la propiedad y al debido proceso porque estarían negando a la parte la posibilidad de inscribir dicho inmueble y además porque a su vez ese es el paso previo para la división y partición de bienes gananciales reconocidos en la Sentencia de divorcio; y, 3) El art. 380 del CF establece que en caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el Juez de Familia, por lo que siendo la inscripción de un bien inmueble una cuestión civil que emerge de una familiar, el Juez demandado tiene la plena competencia para conocer y resolver el asunto.

 

II. CONCLUSIONES

 

Efectuada la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las siguientes conclusiones:

 

II.1. El 19 de abril de 2006, conforme consta en el asiento B 4 de la matrícula de descripción del inmueble ubicado en la zona Nor este, M-131, con una superficie de 74 m2, registrado bajo folio computarizado 0002340 estableciendo en la Columna B) de Gravámenes y restricciones, asiento número 4 la “Anotación Preventiva: Compra Venta” (sic) en favor de Roberto Carlos Pizarro Flores -ahora accionante- y María Ovando mediante escritura judicial de 3 de septiembre de 2001. A su vez en el asiento 2 de la columna A) de titularidad sobre el dominio, figura la observación “Adjuntar orden judicial para inscribir definitivamente” (sic) (fs. 6 y vta.).

 

II.2.El 7 de agosto de 2008, dentro del juicio de divorcio seguido por el accionante María Ovando Quezada, se pronunció la Sentencia 153/08 declarando probada la demanda principal, ordenando la división y partición en partes iguales de los bienes gananciales y estableciendo por probada la existencia como bien ganancial entre otros del inmueble ubicado en calle Suárez Arana, zona Central, manzana 131, con 74 m2 de superficie, adquirido el 3 de septiembre de 2001 según documento privado y ordenando la división y partición en partes iguales de los bienes gananciales (fs. 3 a 5).

 

II.3.El 24 de diciembre de 2009, la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto de Partido de Familia y su igual Cuarto, frente a la demanda de inscripción presentada por el accionante, declaró competente para conocer el proceso ordinario al Juez Cuarto de Partido de Familia (fs. 7 a 8).

 

II.4.El 22 de julio de 2011, habiendo solicitado el accionante la inscripción definitiva del inmueble ubicado en calle Suárez Arana, zona Central, manzana 131, el Juez Segundo de Partido de Familia, Juan Carlos Guzmán Rivas -ahora codemandado- mediante Auto 189/11 declaró no ha lugar la inscripción solicitada, alegando que las pretensiones del impetrante no se encontraría dentro de las atribuciones establecidas en el art. 373 del CF, que el documento base de la controversia carecería de fe probatoria y que la anotación preventiva hubiera caducado (fs. 11 y vta.).

 

II.5. El 30 de diciembre de 2011, en grado de apelación los Vocales ahora codemandados confirmaron el Auto 189/11 con la salvedad de que el Juez codemandado erróneamente señaló que el documento de 3 de septiembre de 2001 no tendría valor probatorio, cuando el mismo sería una fotocopia autenticada por orden judicial y por ello contaría con fuerza probatoria (fs. 12 a 13). Emitiendo además ante la solicitud del accionante de explicación y complementación respecto del Auto de 15 de febrero de 2012, declarando no ha lugar a dicha solicitud (fs. 14).

 

III.          FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la protección oportuna y efectiva por el Órgano jurisdiccional boliviano y al debido proceso, por cuanto habiendo iniciado una acción de divorcio en ejecución de Sentencia para proceder a la división de bienes gananciales pidió al Juez codemandado ordene la inscripción en DD.RR. de un bien inmueble que figura en dicha Sentencia como ganancial, pero dicha autoridad negó su solicitud alegando que: i) Se trataría de una cuestión civil por lo que no sería competente; ii) El documento de 3 de septiembre carecería de fe probatoria; iii) La anotación preventiva mediante orden judicial estaría caducada; y, iv) La exigencia de formalidades en DD.RR. para la inscripción seria de responsabilidad del registrador. Resolución que en apelación fue confirmada por los Vocales codemandados con la salvedad de que el documento de 3 de septiembre de 2011 contraria con plena fuerza probatoria. Por consiguiente, corresponde en revisión, establecer si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.      Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto esta dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe en base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que, a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aseguran que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales sean efectivos para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.

Al efecto, resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, augura que de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, sean respetados los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve los cuales son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y los bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.

Al respecto es imprescindible mencionar que el Estado Plurinacional de Bolivia es portador e inspirador de la paz que como Estado pacifista, promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo, buscan el equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la misma Constitución Política del Estado menciona la armonía social que constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria entre los que están, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha señalado: “El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales” (SC 1138/2004-R de 21 de julio).

III.2.      De la acción de amparo constitucional

Sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha la acción de amparo constitucional instituida en el sistema constitucional boliviano; así, la Constitución Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional.

En ese marco, el art. 128de la CPE, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

En ese contexto el art. 1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que el mismo tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante Juezas, Jueces y Tribunales competentes. Dicho Código en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional (Ley 254 de 5 de julio de 2012), quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 027 de 6 de julio de 2010) relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Tercero (Acción de amparo constitucional), art. 51, establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. Determinando en los siguientes artículos cuestiones relativas a la procedencia, legitimación activa, improcedencia, subsidiariedad, plazo para su interposición, normas especiales en el procedimiento y efectos de la resolución (arts. 51 a 57).

III.3.      Competencia del Juez de familia en caso de plantearse cuestiones civiles que dependan de otra familiar

La jurisdicción familiar es la única competente para conocer y decidir los asuntos de la familia, la misma es ejercida por los Jueces de Familia, los Tribunales Departamentales de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.

De acuerdo a lo previsto por el art 70 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) entre las competencias de las Juezas y Jueces en materia Familiar están: Conocer procedimientos voluntarios que señala el Código de Familia e intervenir en otros casos previstos por ley.

Por su parte el Código de Familia, respecto a las atribuciones de los jueces de Partido de Familia en su art. 373.4 establece el “Intervenir en los otros actos y procedimientos que les correspondan”, concordante con ello el art. 380 del mismo Código señala: que: “La competencia de los jueces de partido o instrucción familiar se determina por la naturaleza del asunto o por razón del territorio, conforme a las disposiciones del presente Código. En caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el juez de familia” (las negrillas son agregadas).

Consecuentemente habiendo un juez de familia pronunciado una sentencia de divorcio, corresponderá al mismo resolver las cuestiones que se promuevan sobre bienes relacionados con la misma.

En ese sentido la SCP 0535/2013 de 8 de mayo, en cuanto a la interpretación que debe hacerse del art. 373.4 del CF determinó que dicho artículo: “…debe interpretarse de manera sistemática, comprendiendo que si la norma le atribuye la competencia de conocer y resolver el proceso de divorcio, también le corresponde su ejecución o cumplimiento, dado que lo segundo o accesorio -podría denominarse- deviene de la causa principal que es la extinción o disolución del vínculo matrimonial. Si durante la sustanciación del proceso principal o de divorcio y en sentencia se dilucidaron temas como la guarda de los hijos, asistencia familiar, estas no pueden considerarse definitivas, dado que pueden variar en función al interés superior del niño, pudiendo modificarse en ejecución de sentencia; lo mismo sucede, si individualizados los bienes gananciales y propios, acordada la forma en que serán divididos y no se cumple lo resuelto -en sentencia o en acuerdo entre partes debidamente homologado-, en la etapa de ejecución de sentencia el Juez que disolvió el vínculo matrimonial -de Partido de Familia-, deberá conocer y resolver la solicitud y ejecutar la misma, imprimiendo el trámite de un incidente, conforme establece el art. 149 del CPC”.

De igual manera la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia mediante el AS 134 de 26 de julio de 2004 que resuelve una problemática determinando que el juez civil actuó sin competencia por cuanto habiendo sido sometida a conocimiento del juez de familia un proceso de divorcio dentro del cual con posterioridad se promovió una acción sobre bienes, estableció que la actuación del juez civil estaba viciada de nulidad debido a que las ”…relaciones familiares, en el orden personal como en el patrimonial, corresponden dirimirlas a los jueces de familia, tal como lo señaló la jurisprudencia en diversos autos supremos, como el Nº 121 de 28 de mayo de 1984, conforme al cual 'estando sometido su conocimiento al Juez de Partido de Familia dentro del proceso de divorcio, promoviéndose una acción posterior sobre bienes resulta incompetente el Juez en lo Civil, como se tiene previsto en el art. 380 in fine del Cód. Fam'" (las negrillas son nuestras).

III.4.      La propiedad y los modos de adquirirla

La propiedad es definida por el Código Civil como: “…un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico” (art. 105.I del CC).

El art. 110 del CC establece que: “La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley”.

En cuanto al perfeccionamiento del derecho de propiedad en el ámbito civil, la jurisprudencia constitucional señaló que el mismo “…se produce cuando su titular, sea persona jurídica o natural, realice el registro correspondiente en la repartición pública competente. Es decir, adquirido el bien inmueble, mueble o mueble sujeto a registro, deberá ser registrado, en Derechos Reales o en la repartición municipal correspondiente. A partir del cumplimiento de esa formalidad, se producirá la publicidad del bien y por ende se hace oponible a terceros, que implica el resguardo del derecho frente a posibles perturbaciones o restricciones al mismo. El art. 1538 del CC, establece: “I. Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el Registro de los Derechos Reales. III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados” (SCP 2172/2012 de 8 de noviembre).

III.5.      Respecto a la caducidad de las anotaciones preventivas

La anotación preventiva es considerada por Roca Sastre como “un asiento provisional y en general positivo, que se practica en los libros de inscripción y que tiene por objeto asegurar las resultas de un juicio, garantizar un derecho perfecto pero no consumado o preparar un asiento definitivo”. En igual sentido la jurisprudencia constitucional conforme a la doctrina definió a la anotación preventiva”…como aquella inscripción provisional, de efectos más o menos transitorios, cuyo objeto consiste en asegurar las resultas de un juicio, en garantizar la efectividad de un derecho perfecto pero no consumado o en preparar una inscripción definitiva y permanente...”.

De acuerdo al Código Civil podrán pedir anotación preventiva de sus derechos en el registro público entre otros, quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real, así su art. 1552 inc. 1)

Por otra parte, en cuanto al término de la anotación preventiva el art. 1553.I del CC establece que “La anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción…”.

Al efecto es preciso señalar que para algunos autores la caducidad de asientos en el registro de la propiedad es aquella especie de prescripción extintiva que opera automáticamentepor lo que es apreciable de oficio, produce la pérdida de un derecho o de una acción, por su no ejercicio durante el plazo señalado por la ley o la voluntad de los particulares, no admitiendo más causas de suspensión o interrupción que el ejercicio por parte del titular.

Sobre la caducidad de la anotación preventiva la jurisprudencia constitucional estableció que: “Las anotaciones preventivas tienen un carácter provisional, como su propio nombre indica y su finalidad consiste en caducar o convertirse en inscripciones definitivas, por lo que el transcurso del tiempo las acerca a su fin. Caduca una anotación preventiva cuando queda sin fuerza o pierde sus naturales efectos por su singular contenido, que marca ya su duración, o por concepto legal que determine o fije el plazo de su duración, no siendo necesaria la expresión de voluntad de los interesados para tales efectos o la declaración judicial o administración de la extinción.

A los efectos de la caducidad, la extinción de la anotación se produce de un modo absoluto y la caducidad produce efectos tanto respecto de las partes como de terceros. Al caducar una anotación preventiva, está queda anulada, extinguida, por lo que debe estimarse como si nunca se hubiese realizado. Es un asiento que ya no tiene vida o efecto jurídico por lo que se le considera inexistente frente a todos; es decir, es un derecho que ha sido desregistrado y se encuentra en la misma situación que antes de haberse anotado” (las negrillas son agregadas) (SC 0057/2004 de 23 de junio).

III.6.      En cuanto a los derechos considerados lesionados

El derecho de propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental protegido por la Constitución Política del Estado, cuyo art. 56 alude a que toda persona tiene derecho a ella, siempre que ésta cumpla una función social y garantizándola en tanto que el uso de ella no sea perjudicial al interés colectivo, comprende ciertamente el derecho usar, gozar y disponer de un bien cuya titularidad, frente a terceros, sólo es demostrable mediante su registro en DD.RR.

Sobre este derecho la jurisprudencia constitucional refiriéndose a la normativa internacional señaló que ”El art. XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes (DADD), que expresa: 'Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar', en el mismo sentido el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CASDH), establece que: 'Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes…', es decir, al derecho de usar, percibir los frutos y disponer del mismo que se hace oponible a terceros, a través de su publicidad (art. 1545 del Código Civil [CC]), sin otras limitaciones que las establecidas por la ley” (SCP SCP 2177/2012 de 8 de noviembre).

El debido proceso, es garantizado por el Estado de acuerdo con lo previsto en el art. 115.II de la CPE, que establece: “El Estado garantizará el derecho al debido proceso…”, así como en el art. 117.I prevé que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso...”. En lo que concierne a instrumentos internacionales, cabe mencionar en primer lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), cuyo art. 10, sobre el Derecho a ser oído en materia penal, establece: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella…”; en el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 22 de noviembre de 1969, ratificada por Bolivia mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en su art. 8, sobre las garantías judiciales indica entre otros puntos, que: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”.

Del mismo modo, el art. 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, señala que: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.

Sin perjuicio del señalamiento de otras garantías mínimas que deben tenerse en cuenta en la sustanciación de un proceso; lo transcrito, de un modo general, trata precisamente del derecho de las personas a ser sometido a un proceso antes de ser sancionado, el mismo que debe estar revestido de una serie de garantías jurisdiccionales, entre las cuales está la de ser juzgado por un Juez competente, independiente e imparcial.

III.7.      Análisis del caso concreto

De los antecedentes que informan el expediente se evidencia que mediante Sentencia 153/08 de 7 de agosto de 2008, pronunciada por el Juez Cuarto de Partido de Familia de Santa Cruz, se declaró probada la demanda de divorcio interpuesta por Roberto Carlos Pizarro Flores contra María Ovando Quezada ordenando la división y partición en partes iguales de los bienes gananciales; en dicha Resolución se estableció la calidad de bien ganancial del inmueble ubicado en calle Suárez Arana, zona Central, manzana 131, con 74 m2 de superficie que fue adquirido según documento privado el 3 de septiembre de 2001. Por lo que para proceder a la partición de bienes debía previamente inscribirse dicho inmueble en DD.RR., pero cuando el accionante intentó realizar tal inscripción la misma fue observada en el entendido que necesitaba contar con una orden judicial.

Posteriormente el 22 de julio de 2011, el accionante solicitó la inscripción definitiva del referido inmueble al Juez Segundo de Partido de Familia, hoy codemandado, quien mediante Auto 189/11 declaró no ha lugar la inscripción solicitada, porque las pretensiones del impetrante no se encuentran dentro de las atribuciones establecidas en el art. 373 del CF, que el documento base de la controversia carecería de fe probatoria y que la anotación preventiva hubiera caducado; Resolución que en apelación fue confirmada por las autoridades ahora codemandadas con la salvedad de que el Juez codemandado erróneamente señaló que el documento de 3 de septiembre de 2001, no tendría valor probatorio, cuando este es una fotocopia “autenticada” (sic) por orden judicial además declararon sin lugar a la solicitud de explicación y complementación formulada por el primero de los nombrados.

En el caso de examen, el accionante interpone la presente acción buscando se dejen sin efecto las Resoluciones ahora impugnadas, en tal sentido corresponderá referirse a lo considerado en dichas Resoluciones.

Así en cuanto a la supuesta carencia de fe probatoria del documento privado de 3 de septiembre de 2001 alegada por el Juez demandado, el Tribunal de alzada ya se pronunció al efecto, sosteniendo que ello no era evidente por cuanto la “copia del documento de fecha 3 de septiembre de 2001 de fs. 349 a 350 constituye una fotocopia autenticada por orden judicial y por ello tiene fuerza probatoria” (sic), apreciación que fue pronunciada por la autoridad jurisdiccional.

Respecto a que la pretensión del accionante según el Juez codemandado correspondería al “ámbito registral” por ser responsabilidad del registrador exigir las formalidades para la inscripción de un título, es una cuestión que en efecto es de responsabilidad exclusiva de la autoridad responsable de la oficina de DD.RR., cuestión esta que en el presente caso no es objeto de análisis, por corresponder al Juez de Familia resolver si el rechazo del Juez Registrador es justificado o no de acuerdo a la normativa vigente.

Por otra parte en lo que atañe a que la anotación preventiva hubiera caducadocabe remitirse a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, por cuanto si bien de acuerdo a los datos del expediente el inmueble en cuestión fue adquirido por el accionante y su entonces esposa, por compra venta mediante documento privado de 3 de septiembre de 2001, quienes procedieron a anotar preventivamente su derecho conforme consta en el folio computarizado 0002340 figurando en la Columna B) de gravámenes y restricciones, asiento número 4 la “Anotación Preventiva: Compra Venta” (sic).

Si bien con dicha anotación preventiva el accionante y su entonces esposa pretendieron garantizar la efectividad de su derecho propietario, no consumaron el mismo, ya que conforme lo establece el Código Civil la anotación preventiva caducará si a los dos años de su fecha no es convertida en inscripción definitiva, lo cual aconteció en el caso de examen, resultando entonces, que al momento de emitir la Resolución 189/11 -ahora impugnada- pronunciada por el Juez codemandado la anotación preventiva ya se encontraba caducada, pues conforme lo estableció la jurisprudencia citada al efecto para tales efectos no es necesaria la expresión de voluntad de los interesados o declaración judicial expresa, en tal sentido al efecto no se provocó lesión alguna por las autoridades demandadas.

Ahora bien en lo que concierne a que el Juez demandado negó la solicitud de inscripción del accionante indicando que las pretensiones del mismo no se encontrarían dentro de las atribuciones establecidas en el art. 373 del CF, resulta pertinente referirnos a lo previsto en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, por cuanto es el propio Código de Familia el que de manera puntual entre las competencias del Juez de Partido de Familia establece el intervenir en los otros actos y procedimientos que les correspondan, concordante con ello el citado Código establece que en caso de plantearse una cuestión civil que dependa de otra familiar será competente para conocer de ella el Juez de Familia.

De acuerdo al razonamiento expuesto, es evidente que el Juez codemandado lesionó los derechos del accionante, por cuanto declaró no ha lugar a la inscripción solicitada alegando como motivo principal de su denegatoria el no tener competencia para conocer la misma cuando es el propio Código de Familia el que determina su plena competencia, ya que no podría desconocerse que una cuestión que emerge del proceso de divorcio en el entendido que se trata de cuestiones accesorias que derivan de lo resuelto en sentencia dentro de ese proceso, cuestiones que necesariamente deben ser conocidas y resueltas por el Juez de Familia, tal como sucede en el caso de examen en el que habiéndose pronunciado una sentencia de divorcio, corresponde al Juez de Familia resolver las cuestiones que se promuevan sobre los bienes relacionados con la misma.

Dentro del mismo contexto, de igual manera se establece que los Vocales codemandados al haber confirmado la Resolución del Juez codemandado, considerando que la pretensión del accionante de obtener una orden para la inscripción de un documento no fue materia de la resolución y que por ello no podía ser considerado parte de la ejecución de la Sentencia de divorcio, lesionaron los derechos del accionante.

En consecuencia y por lo señalado precedentemente, se constata que las autoridades demandas lesionaron el derecho al debido proceso y a la propiedad del accionante únicamente en lo que respecta a que desconocieron la competencia que tiene el Juez demandado para conocer cuestiones civiles que devienen de otra familiar, por lo que corresponderá se conceda la tutela impetrada exclusivamente respecto a este punto.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber conceder la tutela, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 01 de 8 de enero de 2013, cursante de fs. 38 a 40 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de 22 de julio de 2011 dictado por el Juez codemandado, así como el Auto de Vista de 30 de diciembre de igual año, y su complementario de 15 de febrero de 2012, debiendo al efecto dictarse nueva Resolución en referencia a lo previsto en el art. 380 del CF.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Efren Choque CapumaMAGISTRADO

Fdo. Soraida Rosario ChánezChireMAGISTRADA

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