Defensor de oficio en medida preparatoria de demanda - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum

Defensor de oficio en medida preparatoria de demanda

Orlando Parada Vaca*

El reconocimiento judicial de firmas, como medida preparatoria, es una diligencia preliminar al proceso que se desea iniciar y, por tanto, debe ser tramitada respetando el derecho al debido proceso y los principios de contradicción e igualdad de armas.


El derecho a la defensa es una garantía constitucional y un derecho fundamental consagrado por los artículos 115 y 117 cpe (Constitución Política del Estado). No se puede sufrir las consecuencias de una resolución judicial sin haber tenido posibilidad de asumir defensa y luego de ser vencido en un proceso justo con todas las garantías.

El artículo 120-I cpc previene que la citación con la demanda y reconvención debe ser personal. Excepcionalmente se permite la citación por cédula (artículo 121 cpc) o por edicto (artículo 124 cpc). La misma norma autoriza la citación por edicto siempre que se ignore el domicilio del demandado,bajo apercibimiento de nombrársele defensor de oficio. El artículo 124-II cpc previene que debe procederse de igual modo cuando la demanda estuviere dirigida contra personas desconocidas. El inciso III ordena que la publicación del edicto se haga después que el demandante preste juramento de ser cierto que desconoce el domicilio o ignora la identidad del demandado.

Si transcurridos 30 días desde la primera publicación del edicto y el citado no compareciere (artículo 124-IV cpc), la norma exige que se le designe defensor de oficio el que asume la obligación de hacerle conocer de la demanda y, en su caso, que asuma su defensa.

Precautelando por el ejercicio de este derecho, el artículo 128 cpc determina taxativamente que será nula toda citación que no se ajuste a las formalidades estipuladas para Citaciones y Notificaciones (artículos 120 a 138 cpc).  De manera más específica, el artículo 326 cpc ordena que toda medida preparatoria sea practicada con citación (personal) de la parte contra quien ha de dirigirse la acción, bajo sanción de nulidad.

En protección del derecho a la defensa, además de los artículos 128 y 336 cpc, se ha prevenido la nulidad de obrados cuando falta la citación con la demanda, notificación con la apertura del término probatorio y con la sentencia en el artículo 247 Ley de Organización Judicial (loj) aún vigente.

Las normas hasta aquí citadas dejan claro que toda demanda debe ser citada personalmente al demandado y solo, excepcionalmente, utilizar otro medio de hacerle conocer de las pretensiones del actor para evitar desigualdades procesales y generar indefensión. Es el caso cuando  se desconoce el domicilio o se ignora la identidad del demandado, circunstancia que permite su citación por edicto bajo apercibimiento de designársele defensor de oficio, que será nombrado si transcurren 30 días desde la primera publicación sin que el citado haya comparecido (artículo 124-I y IV cpc).

Algunos tribunales ordinarios entienden que el defensor de oficio solo debe ser nombrado en procesos ordinarios, pero de ninguna manera en una medida preparatoria porque, consideran, que aún no hay proceso. Fundan esta su posición en: a) Que la medida preparatoria aún no es proceso; y b) Que el artículo 30 Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar (lacpcaf), que modifica el artículo 509 cpc, estipula que la declaratoria de rebeldía y la designación de defensor de oficio prevista por el artículo 124-IV no es aplicable en el proceso ejecutivo.

De acuerdo a este entendimiento, sería posible tramitar una medida preparatoria de demanda sin citación personal al demandado; permitiéndose su citación por edictos y sin que se le designe defensor de oficio. El demandado tendrá que asumir los efectos de la resolución que declare reconocida su firma en un papel doméstico, por ejemplo (artículo 1308 cc), que lo convierte en título ejecutivo, sin que haya tenido la oportunidad de oponerse.

La presunción de verdad que se le confiere a los documentos reconocidos en medidas preparatorias tiene la misma connotación procesal que la prevista en caso de rebeldía del artículo 69 in fine cpc que ha sido declarado inconstitucional por la SC 0003-2007 de 17-01. Por ello, atendiendo al derecho a la defensa debe designarse defensor de oficio en Medidas Preparatorias cuando el demandado es citado por edictos en resguardo, además, de los principios de contradicción y de igualdad.

Evidentemente, ambas figuras son excluidas del proceso ejecutivo por el artículo 30 lapcaf, pero no las prohíbe ni las excluye en los procesos ordinarios, voluntarios o en Medida Preparatoria; casos en los que, ante el supuesto desconocimiento del domicilio o ignorancia de la identidad del demandado, el artículo 124 cpc autoriza su citación por edictos y, ante su incomparecencia, ordena la designación del Defensor de Oficio.

Es importante remarcar que la Medida Preparatoria de reconocimiento de firmas es una demanda y es un proceso (artículo 124-IV cpc) esto es, se pide la actuación del Estado a través de la jurisdicción para la defensa de un derecho. Como proceso de trámite sumario, se demanda el reconocimiento de una firma y la resolución judicial que la da por reconocida, a la vez, declara el derecho contenido en dicho documento convirtiéndolo así en título ejecutivo.

Si el demandado debe asumir las consecuencias y efectos del fallo que reconoce su firma en un documento privado, debe dársele la posibilidad de asumir defensa para negar, si fuera el caso, autenticidad del documento cuyo reconocimiento judicial se pretende.

Las previsiones del artículo 319-1) y 2) cpc se constituyen en verdaderas presunciones judiciales de verdad respecto de los hechos afirmados por quien obtuvo que se la declare. Si el citado legalmente no comparece, se le tendrá por reconocida su firma y la efectividad del documento o se le tendrá por confeso (artículo 321 cpc).

La declaración de reconocimiento judicial de la firma se convierte así en título suficiente para iniciar la ejecución (artículo 487 -2 cpc); proceso en el cual no se discute el derecho (que se presume a favor de quien obtuvo esa declaración), reservado para el ordinario posterior (artículo 490 cpc y artículo 28 lapcaf).

La ley permite iniciar proceso de ejecución con base en un título ejecutivo logrado en medida preparatoria, título que el demandado se ha visto privado de impugnar al no haber sido citado y sin que se le haya designado defensor de oficio. Se estaría otorgando tutela ejecutiva con base en un título judicial conseguido con franca vulneración del derecho a la defensa.

*Director de Iuris Tantum

Revista Boliviana de Derecho

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